La audiencia de la adolescente Samantha Sofía Hernández Castillo (16 años), considerada presa política por organizaciones de derechos humanos, fue diferida nuevamente, acumulando ya seis postergaciones consecutivas.
Así lo denunció el abogado y coordinador general de la ONG Cecodap, Carlos Trapani, a través de su redes sociales. El activista subrayó que este proceso judicial está enmarcado en retrasos injustificados que vulneran los derechos de la adolescente.
Según explicó, las suspensiones han ocurrido por motivos que van desde cambios de fecha y desorden hasta la falta de traslado de la adolescente al tribunal.
Negada la amnistía
Trapani advirtió que cada aplazamiento representa un daño adicional para Hernández. Asimismo calificó como una señal de preocupación el hecho de que una adolescente esté esperando justicia al poder del Estado.
“Cada audiencia diferida prolonga la incertidumbre, agrava el impacto psicosocial y vacía de contenido las garantías del sistema penal adolescente, que debe ser especializado, expedito y con debida diligencia reforzada. No es un problema logístico. Es una vulneración de derechos”, reiteró el abogado en sus redes sociales.
Detalló que la secuencia de diferimientos incluye las audiencias del 19 de febrero; 5, 19 y 25 de marzo; 9 y 14 de abril. «A esto se suma un hecho grave: el 16 de marzo de 2026 se le negó la amnistía sin una explicación suficiente», acotó.
El abogado insistió en que el derecho de la adolescente a ser escuchada en un plazo razonable está siendo comprometido. “La justicia tardía, en estos casos, deja de ser justicia”, acotó
Dos hermanas tras las rejas
Samantha Sofía Hernández Castillo es la adolescente más joven entre los presos políticos detenidos después de los eventos electorales del 28 de julio. Está detenida junto con su hermana Aranza de los Ángeles Hernández Castillo, de 19 años. Ambas fueron arrestadas en Caracas, en noviembre de 2025, por fuerzas de seguridad. La detención fue denunciada como un «secuestro» y un acto de persecución política.
La defensa sostiene que el Estado castiga a las hermanas Hernández por su vínculo familiar con el teniente Cristian Hernández Castillo, hoy en el exilio. Al militar se le vinculó con la Operación Aurora, denunciada por la administración de Nicolás Maduro como un supuesto plan militar que tuvo lugar el 22 de diciembre de 2019 en el estado Bolívar con el objetivo de apoderarse de armas y atacar instalaciones militares.
Para los abogados Eduardo Torres y Alberto Maimone, las autoridades aplican el método Sippenhaft, un término que describe la persecución de familiares por las acciones o posturas políticas de sus parientes.
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