El gobierno español aprobó el pasado martes el trámite para la regularización extraordinaria de extranjeros en situación irregular, una medida que podría beneficiar a más de 500.000 personas y que se aprueba mediante un Real Decreto, sin pasar por el Congreso de los diputados de ese país.
La iniciativa, acordada entre los partidos PSOE y Podemos, y que ya registra más de 13.000 solicitudes en sus primeras 24 horas, retoma una iniciativa legislativa popular (ILP) respaldada por más de 700.000 firmas y que había quedado bloqueada en el Parlamento desde 2024 por la falta de consenso político.
¿A quiénes beneficiará y en qué plazos?
El gobierno estima que la medida beneficiará a más de 500.000 personas, dentro de un universo aproximado de 840.000 migrantes que se encuentran en situación irregular, según el centro de estudios Funcas.
Las solicitudes podrán presentarse entre el 16 de abril y hasta el 30 de junio de 2026.
¿Cuáles son los requisitos para acceder a la regularización?
Podrán acceder a esta regularización las personas que hayan residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia continua en el país. Entre los documentos válidos para demostrarlo se incluyen certificados de empadronamiento, informes médicos, recibos de servicios básicos o comprobantes de envíos de dinero.
Un requisito fundamental es no contar con antecedentes penales, aunque esta condición ha recibido críticas de sectores policiales y políticos, que señalan que no tener condenas no garantiza la ausencia de antecedentes policiales.
¿Se suspenderán las expulsiones de los solicitantes?
La presentación de la solicitud implicará la suspensión inmediata de los procedimientos de retorno y de las órdenes de expulsión por motivos administrativos, incluidos los derivados de trabajar sin permiso. Una vez admitida en el trámite, la persona solicitante recibirá una autorización provisional de residencia, que le permitirá trabajar legalmente en cualquier sector y en cualquier punto del país, además de acceder a derechos básicos como la asistencia sanitaria.
La ministra Saiz aseguró que el plazo para la admisión a trámite no superará los 15 días desde la solicitud y que, en caso de que esta sea aprobada, se concederá una autorización de residencia por un año, periodo tras el cual podrá solicitarse un permiso ordinario.
¿La regularización implica la nacionalización?
El gobierno señaló que esta regularización no implica la concesión de la nacionalidad española ni otorga derechos políticos, como el voto. Afirman que solo se trata de una medida administrativa para permitir la residencia y el empleo legal.
Por origen, la inmigración irregular en España está compuesta mayoritariamente por personas procedentes de América Latina, que representan el 91 por ciento del total, con especial peso de las nacionalidades colombiana, peruana y hondureña. Las migraciones africanas, asiáticas y europeas se sitúan muy por detrás en número.
El sindicato policial Jupol advirtió sobre el posible “impacto operativo y funcional” de la medida, pues dicen que las unidades de Extranjería ya se encuentran saturadas en gran parte del territorio español.
¿Qué reacciones ha generado?
El Partido Popular (PP) rechazó la regularización y cuestionó que esté vinculada a la residencia y no al empleo. “Las regularizaciones masivas son ilegales; hay que regularizar persona a persona”, afirmó su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz.
Por su parte, Vox anunció que llevará el Real Decreto al Tribunal Supremo, lo calificó de “locura” y aseguró que fomenta un “efecto llamada” y atenta contra “la identidad nacional”.
En contraste, la iniciativa cuenta con el respaldo de un amplio abanico de organizaciones sociales, religiosas y empresariales. El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, celebró la decisión al considerar que contribuye al “bien común” y reconoce la dignidad de las personas migrantes.
De igual forma, los sectores de hostelería y agricultura celebraron la medida ante la escasez de mano de obra, pero pidieron que vaya acompañada de programas de formación para los migrantes.
¿La medida tiene precedentes históricos?
Esta será la octava regularización extraordinaria que se lleva a cabo en España. Aunque es la primera bajo los gobiernos de Pedro Sánchez, la más reciente tuvo lugar en 2005, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y benefició a más de 570.000 personas. Antes, los gobiernos de José María Aznar y Felipe González impulsaron procesos similares en distintos momentos desde mediados de los años ochenta.
Tras su aprobación inicial por tramitación urgente, el texto pasará ahora por audiencia pública, la elaboración de informes ministeriales y el Consejo de Estado, antes de regresar al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.
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