El 15 de diciembre de 1999, un poco más de 4,8 millones de electores venezolanos -de un registro electoral que entonces superaba los 11 millones- participaron en el referéndum consultivo que aprobó con mayoría inequívoca, la Constitución que hoy debería estar vigente en Venezuela. Aunque aquellos electores solo sumaron 44,38% de los votantes, lo cierto es que la aprobación entre quienes participaron en la jornada electoral fue categórica: casi 72% de los votantes le dijo sí al texto constitucional que había sido elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Luis Miquilena.
Es prudente recordar aquí que 121 de los 131 constituyentes -aproximadamente- eran chavistas o diputados favorables a Chávez. Con esto pretendo señalar que la Constitución aprobada en 1999 no fue el producto de un consenso de la sociedad organizada, sino el resultado de la clara mayoría política que, en ese momento, se articulaba alrededor de Hugo Chávez Frías, quien había ganado las elecciones presidenciales un año antes, en diciembre de 1998. En el decir de Chávez, el nuevo texto constitucional marcaba una ruptura con el período democrático de 1958 a 1999, e inauguraba “la Quinta República”, definición que, en aquellos días, ocupó el interés de historiadores y politólogos.
Sin contar las llamadas Disposiciones Transitorias, el texto constitucional tiene 350 artículos, distribuidos en 9 títulos. Además de cambiar el nombre del país, de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela, la Constitución definió, entre otras, dos cuestiones de mucha importancia y consecuencias: por una parte, la existencia de cinco poderes -Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano-; y, por la otra, eliminó el Senado de la República, dando paso a una estructura legislativa unicameral.
Lo que los electores venezolanos no sabíamos en diciembre de 1999 (a pesar, lo repito aquí, de que no faltaron los que, como Casandras del rumbo venezolano, advirtieron lo que venía y no fueron escuchados), es que el poder que promovió, redactó y logró aprobar esa Constitución con un sólido apoyo ciudadano, no tardó en crear un modo generalizado, recurrente y cada vez más extremo de relacionarse con el texto constitucional, consistente en desconocerlo, violarlo, mal interpretarlo, despojarlo de sus atributos, de su función, reducirlo a un conjunto de preceptos y normas impotentes y desconectadas de la realidad.
No me propongo listar en este espacio las violaciones de la Constitución y de las leyes vigentes cometidas por el poder en Venezuela, que comenzaron apenas se hubo aprobado el texto constitucional: ese cometido solo podría ser encarado por un equipo de juristas expertos que, a lo largo de los años, han acumulado miles y miles de artículos, documentos y libros que recogen la magnitud del fenómeno, que ha adquirido proporciones simplemente incalculables.
A lo largo de los años el poder ha creado decenas de instrumentos legales contrarios a la Constitución. Ha inventado jurisprudencias que niegan las libertades y los derechos democráticos para ejercer la política, el periodismo, el gremialismo y cualquier forma de asociación. No solo ha destruido los límites que debían existir entre los cinco poderes, sino que al someterlos todos a un mismo centro de mando -la presidencia de la república-, ha producido dos consecuencias: por un lado, impunidad total para los cabecillas, que no tienen otro propósito que mantenerse en el poder de forma indefinida; y, por la otra, conducir a los ciudadanos a una condición de indefensión absoluta, personas sin derechos, que sobreviven como perseguidos o sospechosos, porque de eso trata en definitiva la narcodictadura en Venezuela: ha empujado a la totalidad de los habitantes del territorio, incluso a personas de otras nacionalidades, a una vida cuyo signo vertebrador es el miedo.
Durante todo este proceso, ha ocurrido un proceso de acumulación de hechos y distorsiones, que ha conducido al país a un estado de cosas simplemente insólito: una realidad donde no hay poderes legítimos, donde la totalidad de las instituciones que rigen la vida pública son ilícitas y fraudulentas.
Solo me referiré a las pruebas y evidencias más inmediatas: la Presidencia de la República es producto de un fraude cometido el 28 de julio de 2024, que desconoció la voluntad popular -el triunfo electoral de Edmundo González Urrutia-, gracias a la participación determinante del Consejo Nacional Electoral, la certificación del Tribunal Supremo de Justicia y el apoyo explícito del Alto Mando Militar.
La actual Asamblea Nacional, que se estableció también como resultado de un fraude electoral, ha cometido, violando todos los procedimientos y requisitos básicos, decisiones ilícitas e ilegítimas como designar al fiscal, al contralor y al defensor del pueblo.
Ahora mismo, la permanencia de Delcy Rodríguez como presidenta encargada está justificada en una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que apela a un recurso inexistente en las leyes, solo con el propósito de evitar, o el reconocimiento de González Urrutia como presidente de la república, o la convocatoria de un nuevo proceso electoral, que debería ocurrir de inmediato.
¿Adónde nos conduce esta relación? A la constatación de que, en realidad, en Venezuela todos los poderes son ilícitos y, por lo tanto, írritos. Carecen de legitimidad y se mantienen gracias al monopolio de las armas. Son netos poderes de facto, a los que ahora se suman las decisiones emanadas del tutelaje de Estados Unidos, con lo que se añaden más capas de leyes e imposiciones, que hacen todavía más complejo el panorama de la legalidad/legitimidad de las instituciones, de las decisiones que se toman y del funcionamiento efectivo de la vida pública venezolana. Se trata de un estatuto generalizado y en crecimiento de lo ilegítimo o, dicho al revés, de una realidad en las instituciones del Estado, donde ninguna guarda apego alguno hacia los dictados de la Constitución aprobada en diciembre de 1999. A eso me refiero cuando he usado en el título de este artículo la frase “El Estado 100% ilícito de Venezuela”.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
