El cuadro general es de realismo informado: hay cambios reales desde el 3E (reapertura petrolera, paquete de licencias, reconexión con FMI, pérdida de miedo social), pero el centro de poder sigue en manos de Diosdado Cabello, que usa a Delcy Rodríguez como ejecutora dual hacia Washington y hacia adentro. La normalización económica no resuelve la crisis de legitimidad, solo la administra.
1. La triple pinza: pueblo, aparato y renta
1.1. MCM: mayoría plebiscitaria sin poder
Megánalisis (marzo 2026) muestra a María Corina Machado con 68,9% de intención de voto en escenario espontáneo, frente a 3,1% para Delcy Rodríguez y 0,8% para Diosdado Cabello. En un balotaje MCM–Delcy, 83,1% votaría por MCM y 4,2% por Delcy; en un escenario de tres (MCM, Delcy, Márquez), MCM alcanza 81,2%.
MCM concentra una legitimidad plebiscitaria que ningún otro actor se acerca a disputar; es el único contrapeso real a la normalización autoritaria, pero carece aún de control sobre las palancas de poder (FANB, renta, aparato institucional).
La ecuación sigue rota: el chavismo tiene aparato sin pueblo, MCM tiene pueblo sin aparato.
1.2. Chavismo 3.0: crecer sin soltar
BofA estima que la producción petrolera se ha recuperado a alrededor de 1,1 millones de bpd según PDVSA (988 kbpd según fuentes secundarias OPEP), regresando a niveles pre-bloqueo, con potencial de llegar a 1,4 mbd en dos años si se sostienen licencias y se resuelven cuellos de botella.
El paquete de licencias generales (GL 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 30B, 5V) permite operar, exportar y cobrar a Chevron, Shell, Repsol, ENI, BP y otros socios, con pagos canalizados a cuentas supervisadas por el Tesoro de EEUU. Delcy ha sido reconocida por EEUU como “actuante” a efectos de litigios sobre activos, se reabrió la embajada y se avanza en la disputa por el control de CITGO.
Cabello mantiene el mando político y territorial, mientras Delcy administra la ventana económica y diplomática hacia Trump–Rubio. El plan no es entregar el poder, sino administrar una transición controlada que recupere renta, alivie presión internacional y preserve el núcleo de la revolución.
1.3. Economía dual: optimismo empresarial, pobreza masiva
KPMG (Visión Empresarial 2026) recoge que 99% de los líderes empresariales espera crecimiento en 2026; 69% ve el entorno macro como “moderadamente favorable” y 25% “muy favorable”. Los principales riesgos percibidos por las empresas son inflación y tipo de cambio (66%), carga tributaria (54%), acceso al crédito (50%), fallas en servicios públicos (46%) y la guerra por talento (35%).
El FMI proyecta un crecimiento de 4% en 2026 y 6% en 2027, pero con inflación promedio de 387,4% en 2026 y 94,4% en 2027, aún entre las más altas del mundo. El 97,2% de los encuestados por Megánalisis declara no haber visto reflejados en su calidad de vida los “millones de dólares” que, según Trump, han entrado al país en los últimos meses.
Se instala un optimismo condicionado en las cúpulas empresariales y multilaterales (crecimiento real pero frágil), mientras la mayoría social sigue atrapada en pobreza y percibe que el nuevo dinero se queda arriba. Esa brecha es combustible tanto para la narrativa de “Venezuela se arregló” como para un eventual estallido de indignación cuando la factura llegue.
2. El nuevo tablero: licencias, DEG y cuentas tuteladas
2.1. Petróleo y licencias: anatomía del “blanco tutelado”
Elementos centrales del andamiaje actual:
- GL 46/46A/46B: sostienen y expanden JV petroleras, levantando crudo y permitiendo cierto manejo de caja bajo supervisión.
- GL 47: habilita exportación de diluentes, clave para la Faja del Orinoco.
- GL 48: autoriza bienes, servicios y tecnología para exploración y producción, con contratos bajo ley y arbitraje estadounidenses.
- GL 49/49A: permite negociar contratos contingentes para nuevas inversiones.
- GL 50/50A: concede a Chevron, Shell, Repsol, ENI, BP y Maurel Prom una licencia amplia para operar, exportar y cobrar.
- GL 51: abre una ventana para oro venezolano vía Minerven, con pagos supervisados y sin levantar bloqueos sobre activos.
- GL 52: amplía transacciones con PDVSA y entidades relacionadas, usando “Foreign Government Deposit Funds” y excluyendo SDN y países vetados.
EEUU ha montado una economía “en blanco tutelado” que permite que una parte significativa de la renta petrolera y minera circule de nuevo, pero solo a través de canales que controla directamente, para proteger acreedores, gestionar la transición energética y limitar el acceso discrecional del chavismo a flujos masivos. En paralelo, persiste la economía en negro (oro ilegal, petróleo fantasma, TdA), que sigue financiando segmentos del aparato represivo y criminal.
2.2. FMI y DEG: reconexión condicionada
El FMI ha vuelto a incluir a Venezuela en su WEO con proyecciones específicas tras años de datos mínimos, gracias a un mayor acceso a información desde el cambio político de enero. Un cuestionario entre países miembro permitió alcanzar la mayoría necesaria para reconocer al gobierno de Delcy; lo que abre la puerta a liberar alrededor de US$ 5.000 millones en DEG congelados desde 2019.
El Fondo advierte que, por la falta de discusiones formales desde 2004 y la calidad de los datos, sus proyecciones deben leerse con cautela extrema.
El tablero del FMI se convierte en otra arena de disputa de legitimidad: cada voto de reconocimiento define quién administra esos US$ 5.000 millones y bajo qué condiciones. La reconexión puede financiar una estabilización seria o lubricar un reciclaje autoritario, según cómo se encadenen los condicionamientos.
2.3. Cuentas del Tesoro y riesgo reputacional
Los pagos de regalías, impuestos y exportaciones bajo GL 50, 51 y 52 se canalizan a cuentas designadas por el Tesoro, que luego redistribuye a bancos extranjeros y al sistema financiero venezolano; BofA reconoce que los mecanismos de pago “aún se están trabajando”, abriendo espacios grises de implementación.
La opacidad en montos, usos y criterios alimenta sospechas de captura y corrupción en un país que ya ha visto desaparecer decenas de miles de millones de dólares sin rastro, y supone un riesgo reputacional creciente para quienes han apostado su nombre a esta “transición responsable”.
3. Radiografía país: poder, economía, sociedad y entorno
3.1. Político: doble mando consolidado, calendario en suspenso
Cabello controla PSUV, Asamblea Nacional y el aparato de poder territorial; la exfiltración de Maduro/Cilia y las operaciones contra Saab y Gorrín consolidaron su rol como jefe de la revolución. Delcy administra el interinato con dos líneas de mando: Trump–Rubio hacia afuera y Cabello hacia adentro, gestionando reformas, licencias y aperturas mediáticas parciales, siempre con capacidad de reversa. No hay calendario electoral creíble ni reglas de juego pactadas para una elección con MCM habilitada y observación robusta.
3.2. Económico: rebote con hiper-inflación residual
El FMI proyecta un crecimiento del PIB real de 4% en 2026 y 6% en 2027, con inflación promedio de 387,4% en 2026 y 94,4% en 2027, y un saldo en cuenta corriente de -5,5% del PIB, que se ubica en el orden de US$ 100 mil millones. AGPV, citado por KPMG, estima para 2026 un PIB +3,3%, con petróleo +10% y no petrolero +2,5%, e inflación de 263,4% y un tipo de cambio oficial de Bs 679,7 por dólar.
Dos nuevas licencias que, en la práctica, empiezan a reconectar al BCV y a la banca pública venezolana con el sistema financiero internacional, bajo condiciones y supervisión de EEUU, la Licencia General 56 que autoriza la negociación y suscripción de contratos contingentes con el Gobierno de Venezuela; y permite que empresas y actores internacionales firmen acuerdos cuyo cumplimiento efectivo queda condicionado a futuras autorizaciones o cambios en el régimen de sanciones.
Y la Licencia General 57 que autoriza una amplia gama de servicios financieros con el Banco Central de Venezuela (BCV) y la banca pública: Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro, así como entidades donde estos tengan 50% o más de participación. Además, permite préstamos, transferencias, giros, servicios de corresponsalía en dólares y otros servicios bancarios “ordinariamente incidentales y necesarios”, levantando en la práctica las restricciones clave que pesaban sobre el BCV y estos bancos estatales.
Hay un rebote real, pero extremadamente frágil y concentrado; no hay todavía una senda de estabilización tipo “plan económico serio”, sino una combinación de renta petrolera, licencias y disciplina fiscal selectiva, con altísimo costo social.
3.3. Social: rechazo masivo, justicia sobre reconciliación
El 92,3% está en desacuerdo con que Delcy esté al frente de la transición; el rechazo a su rol creció entre febrero y marzo. El 83,8% rechaza que Trump elogie a Delcy; el agradecimiento a Trump sigue alto, pero viene cayendo respecto a enero
El 97,2% no ha visto mejoras en su calidad de vida pese al flujo de capital en los primeros meses de 2026. El 88,7% apoyaría eliminar los consejos comunales, percibidos como redes clientelares y corruptas.
Ante la disyuntiva “olvidar y reconciliarse todos” vs. “recordar, hacer justicia y reencontrarse solo los que no hicieron daño”, la mayoría se decanta por la opción de justicia con memoria.
El país quiere justicia antes que amnesia; la reconciliación sin rendición de cuentas es vista como una nueva impunidad, no como solución. Cualquier “acuerdo de élites” que ignore esto se expondrá a ser percibido como traición.
3.4. Internacional: seguridad híbrida y reequilibrio
BofA describe un reequilibrio: se mantienen lazos con Rusia, China e Irán, pero se incrementa la cooperación energética con EEUU, Colombia y Trinidad (gas, proyectos transfronterizos como Perla y Dragon). Estados Unidos empieza a mirar Venezuela no solo como problema democrático, sino como nodo de seguridad híbrida donde confluyen migración, crimen organizado (TdA) y redes como Hezbollah.
El chavismo ofrece servicios de “seguridad privada” del territorio a redes como TdA e intermediarios de oro y combustible, mientras negocia con Washington alivios selectivos; el mismo aparato que garantiza control interno alimenta amenazas transnacionales que preocupan a EEUU.
4. Tres futuros probables: reciclaje, ruptura o retroceso
| Escenario | Descripción breve | Probabilidad (rango) | Palanca de cambio principal |
| Normalización autoritaria | Chavismo 3.0 estabiliza petróleo y licencias, sin soltar poder | 45–55% | Decisión de Washington de priorizar estabilidad sobre democracia |
| Ruptura por legitimidad | Presión popular + liderazgo MCM + fisuras militares fuerzan transición | 25–35% | Organización social y costo reputacional internacional |
| Reimposición dura | Escándalos criminales y de seguridad llevan a revertir alivios | 15–25% | Eventos de seguridad y percepción de “engaño” a EE. UU. |
La tabla resume bien el dilema central: hoy el camino más probable es una normalización autoritaria donde el chavismo 3.0 estabiliza barriles y licencias sin soltar el poder, porque Washington tiende a priorizar orden y suministro sobre democracia.
Ese escenario se apoya en un rebote económico frágil, un FMI reenganchado y un empresariado mayoritariamente optimista, pero se construye sobre una mayoría social que rechaza a Delcy, exige justicia y no siente mejoras en su vida cotidiana.
La ruptura por legitimidad no es un deseo, sino una posibilidad concreta: MCM concentra una mayoría plebiscitaria abrumadora, la calle perdió miedo y la brecha entre relato de “crecimiento” y realidad de inflación, servicios colapsados y pobreza masiva se está volviendo políticamente explosiva.
Si esa energía se organiza y se conecta con el costo reputacional de un reciclaje autoritario para EEUU, multilaterales y élites locales, este escenario puede ganar peso más rápido de lo que sugieren las probabilidades “cómodas” de hoy.
El tercer camino es el más subestimado: una reimposición dura de sanciones y cierre del grifo si salen a la luz, de forma incontestable, las conexiones entre economía en negro, crimen organizado y redes que Washington considera amenazas directas a su seguridad.
Ese escenario castiga al régimen, pero también al país, y abre la puerta a dinámicas más caóticas donde la ventana para una transición ordenada se estrecha dramáticamente.
En los tres casos, la verdadera palanca no es solo el precio del petróleo, sino la combinación de organización social interna y la disposición externa a asumir que el prestigio propio está amarrado al resultado político y no solo a los barriles.
5. Electricidad: el techo físico del rebote petrolero
La base documental de este análisis coloca la producción de crudo entre los 861 mil bpd actuales y escenarios de 1,0–1,4 millones de barriles diarios hacia 2026–2027, siempre condicionados a mejoras sensibles en el suministro eléctrico, el agua y la infraestructura.
Si se usa una intensidad eléctrica prudente de 45 kWh por barril para extracción, manejo y procesamiento, la actividad petrolera requeriría en torno a 1.600–2.600 MW de potencia adicional según el nivel de producción (861 mil, 1,0, 1,1, 1,3 o 1,4 mbd), lo que equivale a unos 14–23 TWh al año dedicados al sector.
En un sistema donde el resto de la economía debería estar consumiendo del orden de 12.000 MW promedio, pero la disponibilidad real se ubica varios miles de megavatios por debajo de ese nivel, la brecha total de capacidad firme a cubrir para sostener simultáneamente país + petróleo se sitúa en el rango de 5.000–6.000 MW, incluso sin asumir un gran crecimiento de la demanda no petrolera.
Un ejercicio de ingeniería mínima sugiere que, aun usando costos unitarios relativamente bajos, la inversión requerida en nueva generación firme asociada al salto petrolero se ubicaría por encima de 5–10 mil millones de dólares; pero si se ajusta a la realidad venezolana —prima de riesgo, deterioro de redes, necesidad de reforzar transmisión y subestaciones, y márgenes de reserva—, el rango realista para un programa eléctrico vinculado a la expansión hacia 1,1–1,4 mbd se acerca a US$ 12–20 mil millones en 5–8 años; y puede escalar a US$ 20–30 mil millones si se incorpora una rehabilitación profunda del sistema para el resto del país.
Dado que el PIB nominal venezolano ronda los US$ 100 mil millones según proyecciones recientes del FMI, eso equivale a comprometer entre un 10% y un 25% del PIB acumulado en varios años solo para que la electricidad deje de ser el techo físico del rebote petrolero.
Cualquier escenario que hable de “Venezuela 1,3–1,4 mbd” sin incorporar este orden de magnitud está subestimando el tamaño del cheque eléctrico que hay que firmar y, por extensión, el nivel de coordinación fiscal, multilateral y privada que hará falta para financiarlo… ah… y hacer eso toma un rango entre 24 y 48 meses…
6. Del rebote al cambio: condiciones de un Plan Marshall venezolano
La combinación de rebote petrolero, retorno del FMI y apetito empresarial puede ser la base de una reconstrucción, o el combustible de un nuevo reciclaje autoritario. Un Plan Marshall venezolano mínimamente serio tiene que articular al menos cuatro pilares:
- Soberanía operativa con reglas limpias. Aprovechar el marco actual (nueva Ley de Hidrocarburos, licencias, interés de majors) para construir un esquema de producción 2–2,5 mbd a 8–9 años, bajo transparencia total de contratos y flujos y con control ciudadano
- Desmantelar el aguijón criminal. Integrar en cualquier acuerdo con Cabello–Delcy un calendario verificable de desarticulación de TdA, redes de oro ilegal y colaboraciones con estructuras como Hezbollah; licencias futuras deberían condicionarse a indicadores concretos de reducción de violencia y crimen organizado
- Anclar DEG y ayuda multilateral a la reinstitucionalización. Liberar DEG solo contra metas: estadísticas confiables, autonomía del BCV, disciplina fiscal, protección social transparente y reformas del sistema judicial
- Plan de retorno de la diáspora. Usar parte del rebote y de los recursos multilaterales para ofrecer incentivos reales de retorno (fiscales, laborales, vivienda) a profesionales y emprendedores, orientando su talento a reconstruir servicios públicos y tejido productivo
La combinación de una mayoría social abrumadora a favor de cambio, una opinión pública que exige justicia por encima de impunidad y la creciente exposición reputacional de quienes administran los recursos venezolanos dentro y fuera del país hace que la “estabilidad” actual sea más frágil de lo que parece.
Aún falta la peor parte, sí, pero también falta el momento en que la correlación de fuerzas se incline a favor de quienes no tienen armas ni cuentas en el extranjero, sino legitimidad y memoria.
7. Esperanza con condiciones
La combinación de rebote petrolero, retorno del FMI y apetito empresarial, ha fortalecido al chavismo 3.0 como nunca antes; hoy controla renta, aparato y narrativa de “normalización”, mientras una parte creciente del país vuelve a comer de la basura y a vivir sin servicios básicos.
La esperanza que se mantiene en la mayoría —encarnada en el liderazgo plebiscitario de MCM y en la intuición de que “esto no puede ser definitivo”— no es infinita y tiene límites; si el mensaje que recibe es que el mundo está dispuesto a convivir con este estado de cosas a cambio de barriles y licencias, esa esperanza se transforma en rencor o en resignación.
En este contexto, el relevo de Laura Dogu por John Barrett como principal representante de EEUU en Caracas no es un detalle técnico, sino una señal política que puede leerse de dos maneras:
- Si se presenta como una simple rotación de cuadros al servicio del mismo guion —priorizar estabilidad y petróleo sobre democracia y justicia—, confirmará la percepción de que Washington está contribuyendo a perpetuar al chavismo 3.0 que dice querer superar
- Pero si viene acompañado de una corrección explícita de rumbo —reconociendo que el camino seguido hasta ahora tiende a consolidar al régimen, y atando de forma visible licencias, DEG y apoyo político a hitos verificables de transición y desmantelamiento del aparato criminal—, puede renovar la esperanza de la gente en que no está luchando sola
El mensaje de fondo debería ser claro y público, hacia afuera y hacia adentro: no se trata solo de administrar la crisis venezolana para que no salpique demasiado, sino de corregir un rumbo que ha fortalecido al chavismo 3.0 y de decirle al país, con hechos y no solo con discursos, que aún vale la pena creer que el sacrificio puede traducirse en cambio real.
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