El ejecutivo venezolano informó que 51 personas privadas de libertad obtuvieron recientemente “medidas alternativas”, en decisiones adoptadas por tribunales la semana pasada a partir de solicitudes impulsadas por el Programa para la Convivencia y la Paz.
La información fue difundida por el Ministerio de Comunicación e Información a través de sus canales oficiales, donde se precisó que los beneficiados estaban siendo procesados o ya habían sido condenados por hechos vinculados a “atentados contra la institucionalidad democrática”. Sin embargo, no se dieron a conocer los nombres de las personas ni los detalles específicos de las medidas otorgadas.
Según el comunicado, la iniciativa surgió tras una evaluación promovida por el programa gubernamental, con el respaldo del Ministerio Público, que formalizó las solicitudes ante los tribunales el pasado 16 de abril.
“Dichas medidas fueron acordadas por los tribunales competentes y ejecutadas en esa misma fecha”, expresa el texto.
El ejcutivo sostuvo que estas acciones forman parte de una política orientada a promover el entendimiento social y reducir tensiones en el país.
El gobierno “seguirá adoptando medidas” para favorecer el reencuentro de la población, así como “el fortalecimiento del tejido social”.
La decisión se conoce en un contexto marcado por cuestionamientos sobre el ritmo del proceso de amnistía iniciado en febrero, el cual, según organizaciones civiles y actores políticos, ha mostrado signos de ralentización en las últimas semanas.
De acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal, aún permanecen detenidas al menos 477 personas por motivos políticos, incluyendo ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad.
Denuncias de hostigamiento y falta de respuestas en derechos humanos
En paralelo, continúan surgiendo denuncias de presuntos actos de hostigamiento. Este lunes, Orlando Moreno, dirigente de Vente Venezuela, reportó la presencia de funcionarios de seguridad en las inmediaciones de su residencia y durante actividades políticas en el estado Delta Amacuro.
Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), señaló que sigue sin respuesta una solicitud de anulación del caso contra el periodista Carlos Julio Rojas, pese a haber sido presentada hace más de un mes en el marco de este proceso.
A estos hechos se suma la denuncia del partido Primero Justicia sobre la detención de su dirigente del estado Mérida, Alexis Paparoni, quien posteriormente fue liberado bajo medidas cautelares tras ser interceptado por funcionarios de contrainteligencia en el aeropuerto de Maiquetía.
Aunque el gobierno ha informado que más de 8.000 personas han recibido beneficios en el contexto de la amnistía, hasta ahora no se ha publicado un listado oficial con sus identidades, lo que ha generado dudas y reclamos por parte de familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
