🔴🔵 Las 24 horas de agonía en Yare III tras el muro del silencio del Ministerio Penitenciario

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Lo que comenzó como una alerta en redes sociales entre los familiares que pernoctaban en las cercanías del Centro Penitenciario Región Capital Yare III, se transformó rápidamente en una atmósfera de tensión por una situación de violenta suscitada en el penal, todo esto bajo el silencio total del Ministerio de Servicio Penitenciario, que se convertía en la primera barrera que debieron enfrentar quienes, desesperados, exigían saber si sus seres queridos seguían con vida.

El Ministerio Público dio el primer paso oficial el mismo lunes 20 de abril al anunciar el inicio de una investigación y la designación de una comisión de la Dirección de Protección de Derechos Humanos. El despacho de Larry Devoe designó una comisión de fiscales adscritos a la Dirección de Protección de Derechos Humanos, encabezada por un fiscal con competencia nacional.

El desenlace de esta jornada de incertidumbre llegó finalmente el 21 de abril con un comunicado del Ministerio Penitenciario que puso nombre y apellido a la tragedia. La confirmación del fallecimiento de cinco privados de libertad —identificados como Keivin Matamoros, Eliécer Córdoba, Erkin Ramos, José Andrade y Jean Carlos Jiménez— desnudó la realidad de un recinto que Ministerio describe como un “establecimiento de máxima seguridad destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales”, reforzando un discurso estigmatizante sobre la población reclusa.

Este evento no solo deja un saldo de muertes bajo custodia estatal, sino que reabre el debate sobre la vulnerabilidad de la población reclusa en Venezuela y la incapacidad de las instituciones para garantizar los derechos de la población reclusa y de informar oportunamente lo que estaba ocurriendo.

Mientras todo esto ocurría y las autoridades callaban, los familiares de los reclusos estuvieron a las afueras del penal exigieron información y fe de vida de los seres queridos que se encuentran privados de libertad en el mismo. “Los parientes cuentan que los privados de libertad exigen traslados desde Yare III porque las condiciones de reclusión en ese sitio son inhumanas”, señaló el Observatorio Venezolano de Prisiones antes de publicarse la información sobre los fallecidos.

Suspensión de visitas como alerta

El 20 de abril, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que las autoridades suspendieron la visita sin previo aviso, permitiendo únicamente el ingreso de paquetería de alimentos y aseo personal. Según la organización, este acto constituye una violación a los estándares internacionales, puesto que “lo más sagrado para un preso es la visita y la libertad”.

Mediante una publicación de X, el OVP señaló que el argumento de supuestos planes administrativos no justifica la suspensión de este derecho fundamental, resaltando que tales actividades deben planificarse en días que no priven a la población penitenciaria del contacto con sus seres queridos.

“Lo único que dijeron es que supuestamente estaba la Fiscalía adentro con el Plan Cayapa, pero no hemos visto salir a nadie ni sabemos más nada”, dijo un familiar a la prensa, según la publicación de la organización.

El OVP cuestionó recurrente “desinformación del régimen de Delcy Rodríguez”, la cual, alertaron, da pie a que los parientes permanezcan en zozobra, ante rumores de supuestos traslados o de un presunto motín en horas de la madrugada de este lunes. “Esto también es tortura hacia los seres queridos de los privados de libertad”, denunció la ONG.

Exigen separar del cargo al director del penal

Tras la confirmación de los decesos, el OVP elevó el tono de su denuncia al cuestionar directamente la narrativa de la “riña” proporcionada por el Ministerio de Servicio Penitenciario. Mientras la versión oficial intenta simplificar el hecho como un conflicto entre internos, los familiares que permanecen a las puertas de Yare III rechazan esta explicación, alegando que los fallecidos presentaban presuntas heridas por armas de fuego.

“Estas denuncias resultan especialmente alarmantes en un centro penitenciario donde el Estado ejerce control total y donde el ingreso de armas no puede explicarse sin la participación, tolerancia o negligencia de las autoridades de custodia”, señaló el OVP.

En ese sentido, la organización exigió la destitución inmediata del director del penal para que sea investigado y ha solicitado una intervención del centro por una comisión que incluya al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Servicio Penitenciario y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973

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