Caracas.- El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, denunció este lunes, 20 de abril, que la aplicación de la Ley de Amnistía en Venezuela responde a criterios de “selectividad judicial”, al excluir a trabajadores de la prensa que, pese a haber sido excarcelados, no han recibido el sobreseimiento de sus causas.
De acuerdo con el gremio, al menos 15 comunicadores permanecen en esta situación de incertidumbre jurídica. Edgar Cárdenas, secretario general del CNP en Caracas, advirtió que no se vislumbran cambios en el corto plazo por parte del Gobierno. “Se mantiene la persecución hacia la prensa, a la que siguen percibiendo como un enemigo”, afirmó.
En la misma línea, el periodista y secretario general adjunto del CNP, Carlos Julio Rojas, cuestionó la negativa de otorgar la amnistía sin explicaciones.
“Se está aplicando una selectividad perversa. Ellos mismos pisotean la ley que promulgaron, porque la realidad es que ninguno de nosotros cometió delito”, expresó.
Rojas también hizo un llamado a la comisión encargada de evaluar los casos para que escuche a los afectados. “No es posible que sean los verdugos quienes evalúen nuestros expedientes”, señaló, al denunciar irregularidades en los procesos judiciales contra periodistas.
Tribunal antiterrorismo niega sobreseimiento a periodista Carlos Julio Rojas
Por su parte, el abogado Alonso Medina Roa alertó sobre la discrecionalidad en la aplicación del instrumento legal. A su juicio, esto vulnera el espíritu de la ley y sus principios fundamentales. Asimismo, insistió en la necesidad de ampliar su aplicación como mecanismo para la reconciliación nacional.
Medina Roa también precisó que se pretende limitar el alcance de la ley bajo «criterios absurdos» y calificó de “hipocresía institucional” la forma en que se implementa la Amnistía, al considerar que cientos de personas han sido excluidas de sus beneficios.
Desde la defensa de derechos humanos, el abogado Eduardo Torres denunció que la normativa se utiliza como herramienta de control y señaló que tanto periodistas como militares detenidos han sido afectados por esta práctica.
Torres puntualizó que cientos de ciudadanos viven bajo un “grillete invisible” que impacta a sus familias y perpetúa un clima de amenaza.
Familiares de Hugo Marino piden al Fiscal y a la Defensora del Pueblo: «¿dónde lo tienen?»
Continúa el modelo autoritario
En este contexto, Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), centró su intervención en la necesidad de avanzar hacia cambios estructurales en el país. Sostuvo que los venezolanos aspiran a vivir con dignidad y democracia, lo que pasa por la restitución de los derechos civiles y políticos.
“Aquí hay una crisis de legitimidad que no ha sido resuelta. Se requiere una hoja de ruta clara y creíble para recobrar la legitimidad democrática, sin caer en simulaciones de cambio”, indicó.
Murillo subrayó que la agenda del país debe enfocarse en el rescate de la democracia y la dignidad humana. Aunque reconoció la posibilidad de avances en materia económica y comercial, advirtió que estos deben ir acompañados de reformas políticas.
«El pueblo venezolano no se conforma con acuerdos comerciales o petroleros, necesita transformaciones políticas reales”, afirmó.
Asimismo, consideró que el modelo autoritario se mantiene vigente. “No hay señales de un desmantelamiento del poder autoritario, sino un reacomodo interno dentro del mismo esquema”, concluyó.
Las declaraciones se producen en un contexto marcado por cuestionamientos a las condiciones de libertad de expresión en Venezuela y denuncias reiteradas de organizaciones nacionales e internacionales sobre restricciones al ejercicio del periodismo y el uso del sistema judicial como mecanismo de control.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
