Caracas.- Este miércoles 22 de abril, se confirmó la destitución de Antonio «El Potro» Álvarez de la dirección del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), medida ejecutada por Delcy Rodríguez. Tras su salida, surgen interrogantes sobre quiénes permitieron que acumulara tanto poder; ante esto, el director de El Pitazo, César Batiz, analiza una estructura de tres niveles que involucra incluso a Nicolás Maduro y Cilia Flores que hoy se encuentran detenidos en Estados Unidos.
Antonio “El Potro” Álvarez no es solo un nombre en la hípica venezolana, pues para muchos, representa la cara de una estructura de presión que logró mantenerse intocable durante años. Para acumular influencia, presionar a empresarios y dictar sentencias, Álvarez necesitó de una red de protección que operó en múltiples niveles del Estado.
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La trama escaló tras una reunión en septiembre de 2024, donde Antonio “El Potro” Álvarez habría exigido un pago de 2,5 millones de dólares a representantes de diez empresas de lotería para garantizar su operatividad. La negativa de los empresarios a continuar con estos pagos en junio de 2025 desencadenó una serie de represalias.
Hoy, mientras nombres como Ángel Pino o Luzmedis Rosales (vinculados a la Corporación El Inmejorable) enfrentan la justicia, surgen testimonios que los señalan como piezas menores, víctimas de las mismas humillaciones y exigencias del sistema. La verdadera pregunta no es quiénes están presos hoy, sino quiénes permitieron que el esquema funcionara.
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Los tres niveles de protección
La operatividad de “El Potro” se habría fundamentado en una pirámide de influencias que garantizaba impunidad y control:
- El Nivel Político: La expansión de su poder ocurrió bajo la mirada directa de Nicolás Maduro y Cilia Flores. El respaldo de familiares cercanos a este círculo y las relaciones de influencia dentro del Hipódromo La Rinconada fueron, según diversas fuentes, el blindaje principal que le permitió actuar sin contrapesos.
- El Brazo Policial: El uso de la fuerza institucional fue clave. Se señala al comisario José Leonardo Márquez, de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), como un presunto operador en acciones dirigidas contra aquellos que el exbeisbolista declaraba sus enemigos. Estas actuaciones sugieren una cadena de mando que otorgaba permisos y protección institucional para ejecutar presiones.
- El Sistema Judicial: El blindaje se completaba en los tribunales. Fiscales que impulsaron casos con bases débiles y jueces antiterrorismo que procesaron expedientes cuestionables habrían servido de muro de contención. En este ámbito, resuenan nombres como los de las juezas y magistradas Elsa Gómez, Jennifer Fuentes y Carolina Molinero.
Asimismo, el director de El Pitazo, César Batiz, señaló que el hipódromo no era solo un centro deportivo, sino una «caja chica» estratégica: dinero en efectivo, apuestas y un reparto de favores que alimentaba a la estructura superior.
También señaló que en muchas ocasiones, el Potro gritaba frente a los empresarios en el hipódromo que «tenía que llevarle dinero a Maduro y Cilia». Asimismo, detalló que diferentes inversores extranjeros pidieron personalmente la salida de Álvarez del INH, y de esta forma aprovechar el mercado venezolano.
La actual falta de una investigación pública exhaustiva y de una verdadera rendición de cuentas genera una duda razonable en la opinión pública.
Si el desenlace de esta historia es el retiro tranquilo de Álvarez a una hacienda, sin que se desmantele el sistema que lo rodeaba, no estaríamos ante un acto de justicia, sino ante un simple cambio de ficha en el tablero, sentenció Batiz.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
