El ambiente en los alrededores de la cárcel de Yare, en Miranda, estaba pesado. No era solo el calor ni la humedad: era la tensión. Tras 48 horas del presunto motín ocurrido el pasado lunes, la opacidad informativa reinaba en el lugar. La única cifra oficial se plasmó en un escueto comunicado del Ministerio de Asuntos Penitenciarios: cinco privados de libertad muertos.
Según la versión de las autoridades, el hecho ocurrió en medio de un enfrentamiento entre reclusos que escaló hasta convertirse en una reyerta. En el texto, citaron al penal de Yare como un «establecimiento de máxima seguridad, destinado al resguardo de líderes negativos y miembros de bandas criminales».
Sin embargo, a las puertas del centro penitenciario, esa narrativa se desmoronó frente al testimonio de las madres y esposas de los detenidos. A ellas la versión oficial no les convencía. «Aquí hubo una masacre», repetían una y otra vez.
Llanto, rumores y un miedo
Desde primeras horas de este miércoles, las familias se apostaron frente al portón que da acceso a las cárceles Yare II y Yare III. Mujeres con bolsas de alimentos, ropa doblada y documentos en la mano.
Algunas se iban cuando un funcionario les decía que su pariente había sido trasladado a otro penal. A otras les recibían la paquetería como si nada: si aceptaban la comida, ¿significaba que el preso seguía allí? Ese era el razonamiento lógico.
La escena era un vaivén de llanto, rumores y un miedo que se sentía en el aire. Entre las madres estaba Yusmary Montes, quien llevaba horas esperando noticias.
«Estamos exigiendo el listado original de nuestros familiares. El que dieron es falso. No nos dicen nada. No he recibido fe de vida», decía preocupada.
Para ella, la versión oficial del motín no tenía lógica. «Aquí no dejan pasar ni un hisopo, ni un cortauñas. El cepillo de dientes lo cortan. ¿Cómo va a entrar un arma? ¿Cómo van a decir que golpearon a un funcionario si los presos viven con miedo?».
Las familias insistían en que en la cárcel Yare no hay pranes ni luceros. «No hay nadie que mande aquí adentro. Todos son iguales», afirmaban al recordar que ese penal se encuentra bajo el nuevo régimen penitenciario que busca humanizar los reclusorios, según el Gobierno.
En medio de ese ambiente de incertidumbre, al unísono repetían que lo ocurrido no fue un enfrentamiento entre presos. «Aquí revisan todo, nos desnudan, nos ponen espejos, pasan la comida por máquina… que digan con qué les dispararon para ver si fue un arma que metió una madre», insistió Yusmary.
Esa afirmación buscaba desmontar la idea de que un grupo de presos se habría alzado contra otros que llegaron de un reciente traslado. Para ellas, la violencia vino de otro lado.
«Los funcionarios dispararon. Que digan qué arma usaron para desfigurarles el rostro a los presos. Que revisen los cadáveres y determinen con qué tipo de bala los atacaron. De esta forma se sabrá quiénes dispararon. También los golpearon hasta matarlos», decían.
Las mujeres señalaban a un funcionario identificado como Fausto, cuya llegada —según ellas— marcó el inicio de las torturas.
«Desde que ese hombre llegó empezó la pesadilla. Queremos que pague por sus maltratos y además que destituyan al ministro Julio García Zerpa. Esto no puede seguir así», gritaba una mujer.
Traslados, heridos y más silencio
Según los familiares, al menos siete autobuses salieron este miércoles 22 con presos trasladados hacia El Rodeo (Miranda) y Hombre Nuevo en Tocuyito (Carabobo), entre otros centros de reclusión. Muchos de los privados de libertad llegaron directo a enfermería. Estaban heridos. Otros fueron llevados al hospital de Ocumare.
Cada traslado era una mezcla de alivio y terror: alivio porque significaba que estaban vivos; terror porque nadie sabía en qué condiciones.
«Esto es angustiante. Solo una madre sabe lo que duele no saber cómo está su hijo», aseguró una mujer mientras lloraba a un costado de la puerta del centro penitenciario.
Esa misma preocupación la compartía Yusmary. Su hijo, de profesión contador público y extrabajador de una alcaldía del estado Miranda, tiene tres años preso sin juicio.
«Cada vez que lo veo está morado de los golpes que recibe. Ni siquiera una telemática. ¿Por qué tanta maldad? No es un criminal. Así como hay culpables, hay inocentes».
Según ella, todo comenzó cuando un funcionario lo golpeó en el Metro de Caracas y él respondió. Después —asegura— le sembraron droga.
Un sistema que ya venía roto
Las organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos llevan años advirtiendo que el sistema penitenciario venezolano opera en la opacidad.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que las visitas se suspenden sin explicación; los familiares pasan días sin información; los traslados se hacen sin avisar y la violencia interna se maneja con hermetismo.
Para estas organizaciones, lo ocurrido en Yare es parte de un patrón donde la falta de transparencia y el uso excesivo de la fuerza se repiten una y otra vez.
En los alrededores de la cárcel de Yare la angustia sigue en la puerta. El silencio oficial es notorio y muchas preguntas continúan en el aire. La angustia de las madres es el único registro de una tragedia que todavía no tiene respuestas claras.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
