Lo que parecía una carrera de aliento con el triunfo asegurado, terminó en un retiro forzoso antes de cruzar la meta. Tras años dominando el aparato de partidas del hipismo nacional, la gestión de Antonio “El Potro” Álvarez rodó estrepitosamente en la recta final.
Este lunes, 20 de abril de 2026, se oficializó mediante la Gaceta Oficial N° 43.358 la salida de Álvarez de la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos (INH). Fue sustituido por Julio César León Heredia, mientras que Juan Carlos Amarante asumirá ahora la Superintendencia Nacional de Actividades Hípicas (Sunahip).
Pero detrás del reporte oficial de “ataques masivos” y devoluciones de jugada, se esconde un historial de irregularidades que dejó a más de un empresario hípico “limpio” y fuera de lote.
Entre el auge de las apuestas y la ruina de los hipódromos regionales
La administración de Antonio “El Potro” Álvarez al frente del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) se ha caracterizado por una profunda contradicción: una investigación publicada en 2024 por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) -que incluye a los medios Runrun.es, TalCual y El Pitazo- reveló que el sistema hípico nacional enfrenta opacidad financiera, precariedad laboral y el desmantelamiento de la infraestructura en el interior del país.
Desde el año 2018, Desde 2018, Álvarez ostentaba una dualidad de funciones que lo convertía en supervisor y supervisado a la vez. Ejercía simultáneamente como presidente del INH, superintendente nacional de actividades hípicas (Sunahip), presidente de la Junta Liquidadora del INH y director del Hipódromo La Rinconada. Esta acumulación de cargos facilita una baja fiscalización, permitiendo actuaciones sin rendición de cuentas sobre el presupuesto institucional o el destino de los fondos recaudados por apuestas.
Uno de los puntos más críticos revelados por la investigación es la delegación de funciones públicas a la empresa privada Corporación El Inmejorable 804, C.A. Bajo el mandato de Álvarez, esta compañía recibió la potestad de otorgar licencias a casas de apuestas en línea y definir sus normas de operación, convirtiéndose en un intermediario dominante en un entorno de baja regulación estatal.
Asimismo, la investigación detectó que varias de estas plataformas operaban desde paraísos fiscales como Curazao o Malta, presentan datos inconsistentes o carecen de información sobre sus dueños, lo que abrió ventanas a posibles ilícitos como el lavado de dinero.
Abandono regional y trabajadores sin beneficios
Aunque la gestión destaca la recuperación de La Rinconada, el panorama en el resto del país es desolador, pues la investigación de ARI reveló:
Hipódromo de Valencia: Presenta estructuras antiguas, precarias y sucias, con una reducción drástica de la población equina y apuestas que ocurren mayoritariamente de forma informal.
Hipódromo de Santa Rita: Se encuentra totalmente desmantelado y cerrado. No tiene portones, ni alumbrado, y sus gradas han sido despojadas de metales y cabillas por la delincuencia.
Finalmente, el sector laboral sufrió las consecuencias de este modelo. Los caballericeros denunciaron que no contaban con seguro social ni protección médica, dependiendo exclusivamente de un porcentaje de los premios para sobrevivir. Por su parte, la falta de escuelas de jinetes y las bajas remuneraciones empujaron a decenas de atletas a emigrar por rutas peligrosas como la selva del Darién, buscando en el extranjero los ingresos y la seguridad que el hipismo nacional ya no les ofrece.
Investigación reveladora: el “voto de confianza” de los millones de dólares
La trayectoria de Antonio “El Potro” Álvarez, quien pasó de ser beisbolista y cantante a un influyente operador del poder, ha quedado bajo la lupa tras una reciente investigación que revela un sofisticado sistema de extorsión estatal.
De acuerdo con una investigación publicada por el periodista César Batiz, director de El Pitazo, a finales de 2024 Álvarez convocó a representantes de diez empresas de lotería que operaban de forma legal en el país para exigirles un pago inicial de 2.5 millones de dólares. Bajo la fachada de un “voto de confianza”, esta exigencia no representaba un impuesto o multa legal, sino una condición impuesta para permitirles seguir operando sin enfrentar represalias judiciales.
La amenaza era explícita: quienes se negaran a pagar podrían ser encarcelados bajo cargos de terrorismo o cualquier otro delito que el funcionario decidiera imputar.
Ante este escenario, varios empresarios se vieron obligados a vender activos personales para cumplir con el primer desembolso de dinero en efectivo entre noviembre y diciembre de ese año.
Un sistema de recaudación y persecución coordinada
Desde su designación en 2024 como presidente de la Comisión Nacional de Lotería (Conalot), sumado a su rol en el Instituto Nacional de Hipódromos (INH), Álvarez concentró un poder sin precedentes sobre el sector de envite y azar, el cual habría utilizado para presionar a empresarios del ramo.
Para canalizar estos fondos, se utilizó a la Corporación El Inmejorable 804 como un filtro obligatorio y ente recaudador de los pagos exigidos. Sin embargo, la presión económica no se detuvo con el pago inicial, ya que en 2025 las cuotas escalaron primero a un millón de dólares mensuales y posteriormente se duplicaron a dos millones de dólares.
Cuando la capacidad de pago de los empresarios se agotó, el esquema de extorsión mutó en una fase de persecución judicial coordinada que involucró a comisarios de la Policía Nacional Bolivariana, fiscales del Ministerio Público y jueces con competencia en terrorismo. Los testimonios recabados indican que esta estructura no dependía de un solo hombre, sino que contaba con el respaldo de figuras en la cúpula del poder político.
Programadores como rehenes y trabajadores forzados
La ofensiva no solo se dirigió contra los dueños de las empresas, sino también contra el personal técnico que manejaba el soporte tecnológico de los juegos. Casos como el de la empresa “La Granjita” ilustran este patrón, donde tres jóvenes programadores fueron detenidos sin orden judicial en Nueva Esparta y trasladados al Helicoide en Caracas.
Según denuncias de sus familiares reseñadas en la investigación de Batiz, dentro de este centro de detención fueron obligados a realizar trabajos forzados consistentes en manipular el software de apuestas para desviar los pagos de las agencias directamente hacia la Conalot y el entorno de Álvarez.
Este método de apropiación tecnológica ya se había aplicado previamente contra los fundadores de TecnoApack, a quienes se les arrebató la administración de su software contable para ser utilizado por el INH bajo una nueva imagen.
Destitución y la lucha por la libertad de los detenidos
El panorama comenzó a cambiar en septiembre de 2025 con la destitución de Antonio Álvarez de la Conalot y la llegada del general Carlos Carballo Guevara, quien inició una auditoría integral del sistema.
Aunque la nueva administración ha tomado medidas para invalidar gestiones previas y señalar irregularidades, según la investigación, la situación de los técnicos detenidos sigue siendo crítica. A excepción de un ciudadano estadounidense liberado por presión diplomática, el resto de los programadores permanecen tras las rejas enfrentando juicios por delitos graves.
Sus allegados los califican como “presos del poder”, víctimas de una red de corrupción que, a pesar de los cambios de mando, aún no ha sido desmantelada en su totalidad ni ha rendido cuentas ante la justicia.
Rumores de detención y posterior reaparición
Entre marzo y abril de 2026, circularon fuertes versiones sobre una presunta detención de Álvarez por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)debido a investigaciones por supuestas irregularidades y esquemas de extorsión relacionados con empresas de lotería.
Aunque el exfuncionario reapareció públicamente el 30 de marzo para desmentir los rumores, las dudas sobre su situación legal persistieron.
Ataques a la plataforma del INH
El final de la gestión de Álvarez coincidió con una serie de eventos críticos en la plataforma tecnológica del INH, los cuales fueron reportados oficialmente por la institución a través de dos comunicados emitidos en días consecutivos.
En un primer comunicado emitido el 19 de abril, el INH denunció estar siendo víctima de “ataques informáticos masivos” dirigidos contra sus servidores principales desde las 11:00 a.m.
El texto detalla que, a pesar de los protocolos de defensa activados para salvaguardar la información, se recibieron “nuevos y más contundentes ataques” que obligaron a la cancelación del resto de la jornada programada para ese día.
Al día siguiente, el 20 de abril de 2026, el INH emitió un segundo comunicado que, aunque reitera el ataque sufrido el día anterior, se enfoca en gestionar las consecuencias económicas de la parálisis.
El INH informó que se procedió a la “devolución íntegra del dinero” de todas las apuestas realizadas para las carreras canceladas de la Reunión N° 17 y afirmó que los fondos fueron reintegrados automáticamente a través de los canales digitales y centros de apuesta autorizados, habilitando un canal de atención vía WhatsApp para resolver inconvenientes.
Esta supuesta “neutralización del ataque” informático y la solución económica para el reintegro masivo de dinero coincide con los reportes de la destitución inmediata de Álvarez y la posterior intervención de las competencias en el sector hípico.
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
