La ONG Foro Penal expuso en un publicación de X que apenas un 24,21% de las excarcelaciones que se han producido desde el pasado 8 de enero corresponden a la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional.
Apenas cinco días después de la detención de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas armadas estadounidenses, el presidente del Parlamento controlado por el chavismo, Jorge Rodríguez, anunció que “un número importante” de personas serían excarceladas.
Foro Penal informó que desde el 8 de enero se han producido 768 excarcelaciones de presos políticos, de las cuales solo 186 han ocurrido en el marco de la Ley de Amnistía.
“Si el gobierno tiene otros datos con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía”, escribió Gonzalo Himiob, director y vicepresidente de la organización.
De acuerdo con el diputado y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, Jorge Arreaza, 8.616 personas se han beneficiado por el instrumento jurídico: 8.302 que se encontraban con medidas cautelares y 314 que estaban privadas de libertad.
Según el exvicepresidente de la República, la comisión que preside ha recibido 12.187 solicitudes de amnistía en dos meses, tanto de personas que se encuentran dentro y fuera de Venezuela.
En una de sus múltiples declaraciones en medios públicos, Arreaza sentenció que la Ley de Amnistía no puede beneficiar a personas como la dirigente política opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
“En lo que el juez vea que tú pediste invasión una, dos, tres veces ya no corresponde. Sencillamente, la ley es muy clara”, dijo.
Organizaciones civiles, abogados y miembros de academias han denunciado que la ley es discriminatoria, selectiva y arbitraria porque apenas recoge 13 eventos durante 27 años de gobierno chavista, excluyendo a un grueso de personas, entre ellos militares y políticos.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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