Yusmary Montes tiene una voz ronca. Está indignada, y esa voz se le ahoga más. Alienta a las mujeres a su alrededor a denunciar lo que sucede con sus familiares privados de libertad, a que pierdan el miedo. “No me han dado fe de vida de mi hijo. Eso es lo que más mal me tiene desde ese día”, dice refiriéndose al 20 de abril, cuando un presunto motín dejó cinco muertos en Yare III, según el Ministerio para el Servicio Penitenciario informó 24 horas después.
“Que me den buenas o malas noticias, pero que me las den porque no es un animal… Que me lo entreguen de una u otra manera”, pide la mujer de 42 años de edad cerca del terminal de Nuevo Circo en Caracas, donde este viernes 24 de abril realizaron una concentración para exigir información y la destitución del ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.
El grupo asegura que hay decenas de heridos que llevaron a hospitales en zonas aledañas, pero de eso no hay declaraciones oficiales ni listas.
Otras mujeres contaron que recibieron breves llamadas de sus parientes. Una de ellas fue Carmen Vargas, de 64 años de edad. “Mamá no me busques más en Yare. Estoy en Fénix, Lara”, le dijo su hijo por teléfono para informarle que lo trasladaron a otra prisión. “Eso es una maldad”, señala sobre los gastos que implicará trasladarse a Barquisimeto para visitarlo, también se pregunta si allá le darán comida porque teme que lo que ella lleve se dañe en el camino.
En la concentración, algunas comentaron que habían sintonizado la instalación de la comisión para una Reforma de la Justicia Penal que hicieron en Miraflores el 23 de abril. Se sentaron juntos la presidenta encargada Delcy Rodríguez; el ministro Zerpa; el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; el Fiscal general, Larry Davoe; y la defensora del Pueblo, Egleé González Lobato. Ninguno habló de Yare.
Más dudas que certezas
Para Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las autoridades no cumplieron con su deber: dar respuesta oportuna y adecuada a las familias. “No se trata de sacar un comunicado todo chucuto”, dice sobre el post de Instagram que el Ministerio del Servicio Penitenciario publicó.
Cuestiona el contenido del mensaje: “mueren cinco personas y ellos simplemente alegan que son unos mala conducta, líderes negativos, miembros de bandas criminales”. Él se hace otras preguntas: ¿no se pudo actuar para evitar la riña?, ¿murieron por un enfrentamiento con armas blancas o por armas que se contrabandearon al penal?, ¿es posible que las muertes sean responsabilidad de los custodios, pero culpan a otros presos?, ¿estaban protestando por sus derechos y los reprimieron?
El Ministerio Público (MP) dijo que abriría una averiguación sobre el caso. Prado sugiere que las autoridades desincorporen al director de la cárcel para que también sea investigado. Plantea que deben invitar a los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que la investigación sea inmediata, exhaustiva e imparcial. “De lo contrario, esto va a quedar impune”, cree.
El abogado y activista señala similitudes entre el caso de Yare y la llamada masacre de Vista Hermosa, en Bolívar, el 10 de noviembre del año 2003. “Igualito. Las autoridades salieron diciendo que fue un enfrentamiento entre presos”. En esa ocasión los familiares contactaron al Observatorio y representantes de la ONG lograron entrar a la cárcel.
Los presos narraron que quienes dispararon y mataron a siete reclusos fueron funcionarios de la Guardia Nacional. “Empezaron a protestar y resulta que les echaron la culpa de esas muertes”, recuerda Prado. La ONG logró que el MP exhumara los cuerpos. Se halló que “los cadáveres presentaron tiros descendientes en la cabeza”.
En 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que hubo negligencia en las investigaciones y responsabilizó al Estado de lo sucedido en Vista Hermosa. Instaron a las autoridades a reparar a las víctimas y disponer de mecanismos de no reparación.
“Un sistema carcelario perverso”
Durante la instalación de la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, Delcy Rodríguez afirmó que la iniciativa busca saldar una deuda impostergable y garantizar al pueblo el acceso a la justicia imparcial. Entonces, pidió a Diosdado Cabello dar un balance sobre el tema.
El ministro dijo que hace tres años se instaló una comisión para revisar “todo lo que significa la cantidad de personas detenidas” y “por qué no estaban asistiendo a los tribunales”. Explicó que existían retenes temporales en las policías, sedes de la GNB y el Cicpc, que tenían “muchas más personas de las que estaban en las cárceles”. Habló así del hacinamiento que organizaciones como el OVP han denunciado por años. Agregó que el sistema carcelario era “muy perverso” y que había casos de personas que tenían años detenidos y que no habían acudido al tribunal nunca.
Ese es precisamente el caso del hijo de Yusmary Montes: “a mi hijo ni siquiera lo han enjuiciado. No me le hacen telemática, no me lo traen al tribunal y tiene tres años detenido y es sembrado”.
Cabello aseguró que han trabajado en la revisión del por qué no llevaban a la gente a los tribunales. “Ahí, cuando de excusas se trataba, inventaban cualquiera… eso se había convertido en un reciclaje que tiene como fondo desafortunadamente hechos de corrupción: yo te llevo al tribunal si pagas. Y eso hemos ido desmontándolo. Una cantidad de fiscales y jueces han sido destituidos y detenidos”.
Habló también sobre los pranes y cómo estos no dejaban salir a los presos para que fueran a juicio porque tenían que pagarles. “Eso ya no existe, eso se ha corregido… porque las personas que hacían esa actividad están sometidos a un régimen distinto, en un lugar especial para ellos. Ahora no hay excusa, si la persona le toca juicio un día, se hace”, afirmó.
Los problemas de siempre
Sobre quienes aún no tienen información de sus familiares presos, Humberto Prado insiste en que se está vulnerando el derecho que tienen los privados de libertad con el mundo exterior, a tener sus visitas. Cita las llamadas Reglas Mandela o Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, y destaca la premisa de que todos deben ser tratados con dignidad y no ser sometidos a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El abogado considera que las normas deben extenderse a las familias pero sabe que no suele respetarse. María Escobar, de 51 años de edad, es paciente oncológica y tiene a su hijo en Yare. Explica que quien va a visitarlo es su pareja. “Una vez fui y no pude ir más porque la forma como revisan a uno es impresionante”. Acto seguido, explica que al entrar al recinto “a uno le mandan a quitar toda la ropa, abajo hay un espejo, lo manda a abrir a uno y lo manda a bajar y a toser. Yo le dije a la muchacha: ‘si me agacho no me voy a poder parar’”.
Sobre los traslados a los distintos centros de reclusión, Prado insiste en que ningún recluso puede ser llevado de un penal a otro sin la autorización de su juez natural, pero que la mayoría se hacen de forma inconsulta. Opina que en casos como los de Yare, se pudieron producir traslados para llevarse personas que pueden ser testigos de lo que sucedió o incluso a personas que están heridas y en condición grave.
El abogado y activista critica que en estos últimos 27 años “le quitaron la imparcialidad y la autonomía a los organismos”. Por eso, dice “tú no viste a un Defensor del Pueblo haciendo lo que tiene que hacer. Lo viste totalmente callado, incluso faltando el respeto a la Constitución”. Recapitula cómo en 2011 se creó un Ministerio del Servicio Penitenciario que iba a tener autonomía financiera, jurídica y administrativa.
“Pero sigue habiendo hacinamiento, retardo procesal, tráfico de armas y de drogas en las cárceles, falta de salud, mala alimentación. Falta personal especializado. Sigue habiendo maltrato físico para la población reclusa, falta de respeto para las familias. Sigue habiendo requisas de contacto para la familia, los mandan a desvestirse y a los presos. Siguen muriendo presos por violencia y sigue existiendo el pranato en las cárceles”, dice.
Este viernes 24 de abril el OVP denunció la muerte del noveno preso bajo custodia del Estado en menos de una semana. “Se trata de Yelamo Zárraga José Ramón, quien falleció en el Internado Judicial de Tocuyito, estado Carabobo, tras un deterioro progresivo de su salud sin acceso a atención médica”, señala la alerta.
#24Abr | Jasmín Bracamonte, familiar de un detenido, envió un mensaje a Delcy Rodríguez: «Yo sé que cuando usted fue niña le cegaron la vida a su padre y hubo justicia en ese tiempo. Por lo que pasó en Yare también queremos justicia porque fue contra una población desarmada» pic.twitter.com/V73ZpjqheS
— Runrunes (@RunRunesWeb) April 24, 2026
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