Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos determinó este viernes que la política que suspendía el acceso al asilo en la frontera sur, promovida por el presidente Donald Trump, no se ajusta a la ley. La decisión representa un revés significativo para una de las principales medidas migratorias adoptadas por su administración.
El fallo se centra en una proclamación basada en la sección 212(f), utilizada por el ejecutivo para permitir la deportación expedita de personas que cruzaban la frontera sin documentación, impidiéndoles iniciar solicitudes de protección internacional.
Dicha medida, anunciada por Trump al inicio de su segundo mandato en enero de 2025, se sustentaba en la idea de una supuesta “invasión”, argumento con el que se justificó la restricción del derecho al asilo incluso para personas que alegaban riesgo de persecución en sus países de origen.
Sin embargo, el panel del Tribunal de Apelaciones concluyó que el presidente no tiene la facultad de ignorar la legislación vigente aprobada por el Congreso, en particular la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que garantiza el derecho de los extranjeros a solicitar asilo en territorio estadounidense.
En su decisión, los magistrados advirtieron sobre las implicaciones de aplicar una política de rechazo generalizado sin evaluar cada caso de forma individual. “Denegar el asilo de un solo golpe, sin información alguna sobre los individuos afectados, ignora necesariamente todo riesgo de persecución que estos enfrentan al ser obligados a regresar a su lugar de origen”, señaló el tribunal en su opinión.
Organizaciones celebran fallo que protege derechos de solicitantes de asilo
El dictamen fue celebrado por varias organizaciones defensoras de derechos civiles que impulsaron la demanda, entre ellas la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.
Estas organizaciones habían acudido a la justicia en representación tanto de grupos que ofrecen asistencia legal a solicitantes de asilo como de personas directamente afectadas por la política.
“Esta decisión pone fin a la política inhumana de Trump de enviar a personas, incluidas familias con niños pequeños, de regreso a un peligro terrible sin siquiera una audiencia”, afirmó en un comunicado el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.
El jurista también subrayó que el fallo deja claro que el mandatario no puede actuar de forma unilateral para dejar sin efecto las leyes de asilo aprobadas por el poder legislativo.
En la misma línea, Keren Zwick, directora de litigios del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, expresó que espera que, tras esta decisión, el gobierno estadounidense “recuerde su obligación” de evaluar las solicitudes de refugio y “se comprometa nuevamente” con la protección de los derechos fundamentales de quienes buscan asilo.
A pesar del alcance del dictamen, la orden judicial no tendrá efecto inmediato, ya que se prevé que la Casa Blanca recurra la decisión en instancias superiores. Mientras tanto, la administración ha defendido su política destacando la drástica reducción en el ingreso de solicitantes de asilo desde la implementación de las restricciones.
Con información de Efe.
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