Cúcuta enfrenta hoy un desafío sin precedentes contra su soberanía institucional. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha logrado asfixiar los accesos estratégicos de la capital de Norte de Santander, imponiendo un régimen de miedo que paraliza incluso a la fuerza pública.
A partir de las seis de la tarde, la ciudad se transforma: los uniformados evitan patrullar ciertos sectores por temor a emboscadas con explosivos, mientras la guerrilla consolida lo que las autoridades ya califican como la primera gran cooptación urbana de una estructura delincuencial en el país.
Según informes reservados obtenidos por la revista Semana, los «elenos» controlan con rigor los anillos viales y han convertido zonas como las cercanías del centro comercial Jardín Plaza, Colinas del Tunal y la vía hacia el municipio de El Zulia en territorios prohibidos para el Estado.
Semana revela que, bajo el amparo de la noche, esta organización activa una «gobernanza» criminal donde imponen impuestos ilegales a mineros, empresarios y transportadores de carga, adueñándose además de todas las rutas del narcotráfico en la zona fronteriza.
El avance de esta toma guerrillera responde a una guerra declarada que inició en enero de 2025. El ELN sostiene un sangriento conflicto contra el frente 33 de las disidencias de las FARC por el control absoluto de las rentas ilícitas del Catatumbo.
Cacería humana en los barrios
Esta disputa ha trasladado el horror directamente a los barrios de Cúcuta, donde el ELN ha desplegado unidades de inteligencia urbana para cazar y asesinar a sus rivales. Los recientes homicidios colectivos, como la masacre de tres personas ocurrida este jueves, confirman que la capital se ha convertido en el principal tablero de ajedrez de esta venganza criminal.
A pesar de la contundencia de los datos, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, mantiene una postura menos alarmista. El mandatario niega la existencia de zonas vedadas para la Policía y asegura que el municipio trabaja en fortalecer sus capacidades operativas.
Para Acevedo, la presencia del ELN no constituye una novedad, sino que forma parte de una problemática histórica de la ciudad que siempre ha convivido con la injerencia de estos grupos armados.
Sin embargo, las cifras de la Gobernación de Norte de Santander contradicen cualquier intento de normalizar la situación. Entre enero de 2025 y abril de 2026, la violencia en la región ha dejado un rastro devastador: 192 asesinatos, incluyendo a 19 miembros de la fuerza pública, y más de 101.000 personas desplazadas.
El drama humano se intensifica con el confinamiento de comunidades enteras y el secuestro de menores de edad, a quienes el ELN recluta forzosamente para alimentar sus filas en la cruenta guerra que libra contra las disidencias.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
