Apenas dos meses después de la aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, ha llegado a su fin, tal y como lo ha comunicado la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Si bien es cierto que los presos políticos han estado en el centro de la conversación, en este periplo hay otro grupo de personas olvidadas que no han recibido respuesta de las autoridades a múltiples casos relacionados con causas políticas. Se estima que unas 30.000 personas siguen siendo víctimas directas del régimen chavista con causas sin resolver, muchas de ellas silenciosas y no visibilizadas.
Durante años, los organismos dependientes del régimen de Nicolás Maduro intensificaron las herramientas de control y represalia política contra ciudadanos dentro y fuera de Venezuela, con medidas como impedimentos de salida del país, prohibiciones de entrada, retención de pasaportes, negación de documentación, incautaciones de bienes y restricciones en el ejercicio profesional, por nombrar algunos.
Expertos en derechos humanos aseguran que se trata de una estrategia de silenciamiento y represión que afecta principalmente a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas políticos, lo que supera con creces el número de víctimas relacionadas directamente con causas políticas. Esta táctica se identifica “como una herramienta más dentro de las utilizadas por el Estado para aleccionar y silenciar a voces percibidas como disidentes”, según indica el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en su último informe de abril de 2025 sobre la anulación de pasaportes a venezolanos.
Sobre el número de afectados, diferentes ONG aseguran que la opacidad judicial y la dificultad para acceder a los expedientes impiden el seguimiento de los casos, con lo que la cifra es referencial.
El abogado penalista y experto en derechos humanos, Alonso Medina Roa, asegura que es “imposible precisar el número de afectados porque hay personas vinculadas en todo el territorio nacional” y afirma que esta situación es “otra forma de represión” que “no se enfoca única y exclusivamente en las personas que han sido privadas de la libertad”. “Hay una diversidad de acciones represivas en contra de los venezolanos, como incautación de bienes, prohibición de salida del país, restricciones en el ejercicio profesional; en fin, cada una de esas acciones genera un impacto negativo y traumático en la sociedad”, agrega en entrevista con El Nacional.
Para Medina Roa, “la masificación de las medidas judiciales cautelares ha tenido un impacto importante en la restricción de los derechos fundamentales de miles de venezolanos; en su mayoría, cada una de esas medidas se ha dictado con la carencia de fundamentos de derechos, inspiradas en su mayoría en causas políticas y forma de persecución”.
Pasaportes retenidos, incautaciones de bienes y persecución laboral
Según el reporte de las ONG, más allá de los presos políticos, existe una población afectada directamente con medidas que han generado graves impactos en el ejercicio de derechos de las personas afectadas, las dinámicas familiares, las actividades profesionales, los espacios de trabajo y la movilización ciudadana. Actualmente, la organización Foro Penal reporta casi 11.500 personas sometidas a medidas cautelares o restricciones de libertad, incluyendo prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y limitaciones para declarar a medios.
A esto se suma la crisis de pasaportes. La CIDH ha documentado más de 40 pasaportes anulados desde las elecciones de 2024, pero, advierten, podrían ser muchos más. De hecho, ciudadanos en Caracas y Valera han firmado en redes sociales que la cifra es mayor como consecuencia de retenciones arbitrarias en el SAIME, sin motivos señalados.
Las incautaciones de bienes agravan el drama de las víctimas. Es conocido el caso de los médicos Juan Torres (cirujano general y mastólogo, 61 años) y su esposa Elizabeth Rodríguez (63 años), detenidos en septiembre de 2025 en Trujillo, por denuncias sobre la precarización del sector médico. Tras su excarcelación en febrero de 2026, fueron allanadas las propiedades del matrimonio, y los despojaron de su clínica San Miguel Arcángel —incluidos equipos médicos y quirúrgicos, insumos hospitalarios—, una ambulancia, cinco vehículos particulares, dos motocicletas y otros bienes sustraídos de sus viviendas, sin orden judicial ni devolución hasta la fecha.
Por otro lado, la persecución laboral ha afectado a casi 2.000 líderes sindicales mediante despidos y jubilaciones forzosas, según datos del Sindicato Único de Empleados Públicos del Sector Salud en Venezuela (SUNEP-SAS), con focos intensos en gigantes estatales como PDVSA, Corpoelec y el sector salud.
Inhabilitaciones políticas
Pese a que las inhabilitaciones políticas siempre están relacionadas con dirigentes opositores de alto nivel, la realidad es otra. Según las ONG, las inhabilitaciones abarcan un grupo más amplio de personas. Estas medidas se han consolidado como uno de los principales mecanismos de exclusión de actores opositores del sistema electoral y de otros derechos fundamentales, como el derecho a la identidad. En los últimos años, decenas de dirigentes —entre ellos alcaldes, líderes partidistas y aspirantes presidenciales— han sido objeto de estas sanciones, en muchos casos mediante decisiones administrativas cuestionadas por carecer de garantías judiciales plenas.
Estas medidas no operan de forma aislada, sino que forman parte de un entramado más amplio de control político. A ellas se suman detenciones arbitrarias, imputaciones penales por delitos no cometidos, restricciones para la postulación de candidaturas a todo nivel —desde pequeñas alcaldías hasta postulación presidencial—, confiscación de bienes, prohibiciones de salida del país y, en algunos casos, el exilio forzado.
En conjunto, este conjunto de acciones configura un patrón sistemático de limitación de la participación política y de debilitamiento de la competencia electoral, señalado por diversas organizaciones de derechos humanos como una estrategia sostenida de neutralización de la disidencia.
En relación a este grupo, el especialista en DDHH Alonso Medina Rosa afirma que “hay que recordar que muchas inhabilitaciones se generan como consecuencia de una pena accesoria; sin embargo, también tenemos otras inhabilitaciones producto de procedimientos administrativos realizados por la Contraloría General de la República».
Bloqueo en registros y procesos notariales
Esta serie de medidas no solo restringe la libertad de movimiento, sino que genera un efecto dominó en la vida cotidiana de los afectados. Así, quienes permanecen bajo cautelares o con alguna de estas medidas enfrentan impedimentos para notariar o registrar documentos en el país, como ventas de propiedades, matrimonios o trámites sucesorales, según denuncias de los ciudadanos.
En muchos casos, los implicados no conocen la existencia de causas abiertas contra ellos, ya que no se les ha notificado formalmente ni se han iniciado expedientes judiciales accesibles.
En situaciones como la anulación y retención de pasaportes, los afectados carecen de procesos o justificación alguna sobre la decisión que garanticen el acceso a la justicia y el debido proceso a las personas afectadas, según el CEJIL, que ha documentado que los afectados acuden al SAIME sin recibir respuestas, quedando atrapados en un limbo administrativo.
La «ley de amnesia penal» con exclusiones masivas
El abogado penalista Alonso Medina Roa describe la Ley de Amnistía como «un mecanismo de amnesia penal» que «olvida el hecho, le quita el carácter ilícito al hecho; y en consecuencia, elimina el proceso, la pena y cualquier antecedente penal que se hubiese podido generar».
Desde el debate parlamentario, ya lo han advertido organizaciones como Provea y Surgentes, que han asegurado que la redacción de los artículos 7, 8 y 9 deja fuera a un número importante de perseguidos por vías administrativas, laborales o militares.
«La amnistía solo se puede entender como un instrumento indivisiblemente jurídico-político, promulgada en un momento de turbulencia política, en un país que requería una respuesta para la reconstrucción social”, afirma Medina Roa, al tiempo que asegura que “cientos de venezolanos han sido beneficiados con este ordenamiento jurídico; sin embargo, no ha sido suficiente su implementación”. “Al día de hoy, en base a la discrecionalidad judicial y política, cientos de venezolanos han sido excluidos de los efectos de esta ley”, agrega.
El experto añade que “el tema de mayor complejidad es la lentitud de la implementación de esta ley en los últimos días con los casos rezagados o la desaplicación de la misma; es decir, dejar de aplicar la ley o el olvido de la misma sería un error político de alto costo, ya que al día de hoy no se ha generado una estabilización sociopolítica”.
La Comisión Especial de Seguimiento informó que, hasta finales de marzo de 2026, se habían introducido unas 12.700 solicitudes de aplicación de la Ley de Amnistía. De ese total, 11.432 solicitudes fueron consideradas «válidas» por la comisión parlamentaria, sin que se publicara un desglose detallado de las causas de exclusión o un informe que permita revisar caso por caso.
Asimismo, de las libertades concedidas, 7.782 correspondieron a personas que estaban en libertad con medidas cautelares (presentaciones, prohibición de salida, etc.) y 302 a personas que seguían privadas de libertad.
Ciudadanos de a pie, expresos políticos, trabajadores despojados y familias sin pasaportes son algunas de las víctimas silenciosas del sistema judicial con casos aún pendientes de respuesta. Mientras la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirma el cierre de la amnistía, la opacidad judicial y la discrecionalidad persisten, dejando a miles en un limbo de derechos negados a la espera de resolución por parte de las autoridades.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
