Las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela se desplazaron al entorno digital. En los últimos 5 años, 53% de los casos documentados por la ONG Espacio Público ocurrió en Internet, una tendencia que se consolidó en 2025 con denuncias vinculadas a censura, bloqueos de plataformas y persecución por contenidos difundidos en redes sociales.
Durante la presentación del informe anual, el director ejecutivo de la organización, Carlos Correa, y la coordinadora del Observatorio Social, Marysabel Rodríguez, explicaron que esta migración responde al aumento de la actividad ciudadana en espacios digitales y al deterioro del ecosistema de medios tradicionales.
Más de 20 bloqueos: TikTok y Telegram
El año pasado se registraron más de 20 episodios de bloqueos, principalmente en TikTok y Telegram, además de restricciones sobre la aplicación de edición Canva y la web CNE.voto. Estas interrupciones fueron intermitentes y coincidieron con picos de conflictividad política y social.
A esto se sumó la participación de operadoras privadas en los bloqueos, una práctica que antes encabezaba casi exclusivamente la estatal Cantv.
“Las operadoras privadas se sumaron a las dinámicas de bloqueos, que por lo general encabeza Cantv. No solo las operadoras principales, sino también operadoras nuevas, más pequeñas, se están sumando a realizar los bloqueos arbitrarios tanto de medios de comunicación como de distintas aplicaciones y plataformas digitales, que a la fecha sigue incluyendo a la aplicación X“, señaló Rodríguez.
El informe también advierte que parte de la persecución se trasladó a usuarios comunes. Del total de detenciones arbitrarias registradas en 2025, 17 estuvieron relacionadas con contenidos difundidos en línea y, en 14 de esos casos, las acusaciones incluyeron supuestos delitos de incitación al odio.
Violaciones a la libertad de expresión en 2025
Espacio Público documentó 123 casos que derivaron en 238 denuncias de violaciones a la libertad de expresión durante 2025. La diferencia entre ambas cifras responde a la metodología, explicó la socióloga: un mismo hecho puede incluir múltiples violaciones, como agresiones, censura, detenciones o procesos judiciales.
Aunque las cifras representan una caída de 60% en casos y 62% en denuncias frente a 2024, Rodríguez aclaró que la reducción está ligada al contexto, pues el año anterior estuvo marcado por una ola represiva tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Venimos del 2024, cuando se manifestó una ola represiva importante después del 28 de julio, y eso continuó. En ese contexto se identificó un número alto de denuncias de violaciones a la libertad de expresión que coincidió con procesos electorales, donde históricamente suben los niveles de conflictividad. El 2024 no fue la excepción”, señaló Rodríguez.
Aún así, durante el 2025 persistieron los patrones de restricción, especialmente en enero, cuando se concentraron amenazas e intimidaciones contra la cobertura periodística.
Intimidación, censura y hostigamiento
Entre los tipos de violaciones más frecuentes señalados por la ONG se mantiene la intimidación, asociada al impedimento de coberturas en la calle y desalojos de periodistas o activistas. Le sigue la censura, con 26% de los casos, que incluye eliminación de contenidos y cierre de medios, y el hostigamiento judicial, con 14%, vinculado a procesos penales por expresarse sobre asuntos de interés público.
El Distrito Capital concentró la mayor cantidad de casos, seguido por Táchira, Bolívar, Lara y La Guaira.
En cuanto a las víctimas, indicó la socióloga, 34% fueron periodistas y trabajadores de medios, mientras que 27% corresponde a particulares, es decir, ciudadanos que informaron o emitieron opiniones a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería. En relación al género, 72% eran hombres y 28% mujeres.
“Aquí entran infociudadanos, activistas, usuarios de redes que usan esos mecanismos que tienen, sea a través de redes o a través de aplicaciones de mensajería, para hacer denuncias de interés público, expresar opiniones políticas, etcétera. Eso ha tenido en los últimos años también un peso relevante en el registro”, explicó.
Solo por compartir información de interés público
“También notamos desde el contexto de la pandemia cómo estas personas no profesionales de la comunicación son cada vez más afectadas por expresarse libremente o por compartir incluso contenidos de interés público sin estar ligado a opiniones políticas. Simplemente el hecho de compartir información de interés público puede ser causa de algún proceso de amenaza, intimidación o detención”, añadió.
El informe también registró el cierre de siete emisoras de radio en distintos estados del país, en un contexto donde este medio sigue siendo fundamental para que las personas que viven en el interior del país puedan mantenerse informadas.
“Hay una tendencia en el cierre de medios que ha mermado precisamente por la cantidad de cierres que tenemos acumulados históricamente. Eso afecta aún más el ecosistema de medios tradicionales que ya está severamente afectado; sin embargo, las emisoras radiales siguen siendo el principal medio de comunicación, sobre todo en las regiones del país”, dijo Rodríguez.
Detenciones arbitrarias el año pasado: 44
Espacio Público documentó además 44 arrestos arbitrarios en 2025, una reducción de 44% respecto al año anterior. Sin embargo, Rodríguez destacó que la mayoría de los detenidos (24) fueron ciudadanos no vinculados profesionalmente con medios de comunicación, mientras que 19 eran periodistas y trabajadores de la prensa. Al menos 14 estarían procesados por presunta incitación al odio.
“Es un cargo que se ha utilizado desde que se consiguió la ley en 2017 para básicamente criminalizar a la denuncia pública o a temas de interés público. Esto tuvo una connotación específica en 2024 porque pasamos de procesar personas por expresiones concretas a hacer acusaciones generalizadas por delitos de incitación y por lo general vinculados a terrorismo”, indicó la activista.
Al menos 14 personas enfrentan cargos por incitación al odio, una figura que se ha utilizado para castigar la difusión de información de interés público.
Un elemento nuevo que subraya el informe es la aparición de condenas firmes en casos relacionados con expresión en internet. Espacio Público citó el caso de Manuel Sánchez, un activista comunitario de Caracas condenado a 10 años de prisión tras transmitir en vivo un desalojo policial irregular.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
