Al menos 10 detenidos han fallecido en Venezuela en menos de dos semanas, todas bajo custodia del Estado, de acuerdo con denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Los casos, registrados en distintos centros penitenciarios del país, muestran un patrón de falta de atención médica, condiciones de reclusión precarias y episodios de violencia no esclarecidos.
El más reciente corresponde a Antonio José Manzano, quien murió en la antigua cárcel de El Marite, en Maracaibo (Zulia), tras un deterioro de su salud sin recibir atención oportuna, según la organización.
Muertes por falta de atención y violencia
El OVP documentó que varios de los fallecimientos están asociados a problemas de salud no atendidos. Entre ellos figuran Ovidio José Madriz Mendoza (Rodeo III, Miranda), Deivi Enrique García (Rodeo IV, Miranda), Rosqui Norberto Escalona (Uribana, Lara) y Yelamo Zárraga José Ramón (Tocuyito, Carabobo).
En el caso de Escalona, de 71 años de edad, la organización denunció que fue trasladado a un hospital en Barquisimeto, pero devuelto al penal sin estabilización. Días después, su estado empeoró y murió durante un nuevo traslado.
El OVP también señaló irregularidades tras su fallecimiento, incluyendo el abandono del cuerpo en el piso de un centro de salud. En un video publicado por la organización en X, se observa el cadáver rodeado de funcionarios militares.
A estas muertes se suma la de García, registrada el 20 de abril en Rodeo IV, un centro del que, afirmó la ONG, no existían registros públicos previos. Ese mismo día falleció Madriz en Rodeo III, lo que evidenciaría que incluso nuevas infraestructuras replican condiciones críticas del sistema penitenciario, agregó.
Cinco muertos en Yare III
Otro de los episodios ocurrió en el Centro Penitenciario Yare III (Miranda), donde murieron cinco internos: Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios.
La versión oficial atribuyó las muertes a un presunto motín entre presos. Sin embargo, el observatorio destacó que familiares de las víctimas aseguran que los cuerpos presentaban heridas por arma de fuego.
El OVP ha documentado falta de información a familiares, suspensión de visitas, traslados sin notificación y ausencia de listados oficiales de heridos o reclusos trasladados.
También cuestionó el silencio del ministro de Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, varios días después de los hechos.
El director de la organización, Humberto Prado, sostuvo que esto responde a un patrón repetido. “Se responsabiliza a los presos, se anuncian investigaciones que no se concluyen o cuyos resultados no se conocen”, expresó.
“No existe un listado oficial donde informan las identidades de los heridos y donde se encuentran siendo atendidos, tampoco hay un listado de los presos que fueron trasladados y hasta que penales fueron llevados. Esta situación vulnera los derechos de los familiares de los privados de libertad quienes deben estar informados sobre la situación del recluso”, añadió.
Patrón de abandono y opacidad
Según el OVP, más allá de las causas como enfermedades, presuntos motines o paros respiratorios, el denominador común es la falta de condiciones que garanticen la vida y la integridad de los detenidos.
La organización advirtió que enfermarse en prisión en Venezuela puede convertirse en una condena de muerte, debido a la ausencia de atención médica adecuada, el hacinamiento, la insalubridad y las limitaciones en el acceso a alimentos y agua.
Además, denunció la persistencia de prácticas como castigos arbitrarios, restricciones al contacto con familiares y presuntos tratos crueles dentro de los centros de reclusión.
El Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que ha documentado estos casos y los ha elevado ante instancias internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La organización cuestionó la falta de respuestas institucionales y planteó interrogantes sobre la responsabilidad del Estado: “¿Por qué continúan muriendo personas bajo custodia? ¿Qué ocurrió realmente en Yare III? ¿Quién responde por estas muertes?”.
También recordó que organismos como el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo tienen la obligación de investigar estos hechos y garantizar los derechos de las personas privadas de libertad.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
