La Asamblea Nacional de mayoría chavista publicó la lista de los aspirantes de la sociedad civil al Comité de Postulaciones Judiciales, que evaluará en las próximas semanas los nombres de aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En total, 94 personas fueron admitidas, 43 de ellas por organizaciones de la sociedad civil, que el Parlamento no detalló en su listado; mientras que las otras 51 lo hicieron por iniciativa propia.
Del primer grupo destaca Oscar Arnal, abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), quien ha sido profesor de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela (UCV). No se dice qué organización lo postuló.
Además, hay 31 mujeres en todo el grupo que será sometido a votación por los legisladores después de que termine el proceso de impugnaciones que corre a partir de este sábado, 2 de mayo, hasta el martes 5 de mayo.
Renovación del TSJ
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, convocó hace dos semanas el comité preliminar al alegar que se debían renovar los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la jubilación de varios de ellos, un proceso que se dio a inicios de esta semana cuando la Sala Plena aceptó el pase a retiro de ocho altos jueces, entre ellos Maikel Moreno y Edgar Gavidia Rodríguez, afines a Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Esta renovación se produce cuatro años después de que el mismo Parlamento controlado por el Partido Socialista de Venezuela (PSUV) reformó la Ley Orgánica del TSJ para reducir el número de magistrados de 32 a 20 personas.
Pero desde la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por militares estadounidenses tras una operación relámpago en Caracas, el pasado 3 de enero, la encargada de la administración del poder en el país, Delcy Rodríguez, ha impulsado una renovación en el Ejecutivo y puestos claves de otros poderes públicos por personas afines a su entorno, según el ex fiscal Zair Mundaray.
Rodríguez firmó un decreto para instalar una comisión de consulta nacional de la reforma judicial, tres años después de que su predecesor nombró un grupo de funcionarios para avanzar en este mismo proceso, que no dio resultados y se impulsó para intentar acabar con el retardo procesal.
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Qué dijo la CIDH sobre el Poder Judicial
A mediados de abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual 2025 aseguró que en Venezuela se consolidó ese año un “régimen dictatorial” y en su capítulo sobre el país señaló la falta de independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público que aseguró forman parte del “aparato represivo” del chavismo para perseguir a quienes consideran sus adversarios políticos.
“La consolidación del régimen de facto profundizó la impunidad en Venezuela. En 2025, el Ministerio Público y el Poder Judicial continuaron sin investigar, juzgar ni sancionar los asesinatos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, detenciones arbitrarias y violaciones del debido proceso ocurridos durante y después del proceso electoral de 2024”, afirmó la instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Organizaciones defensoras de derechos humanos en el país han advertido que este proceso de renovación debería estar signado por los principios de transparencia, idoneidad e imparcialidad para quienes escogerán como magistrados, en un país en el que la justicia -en los últimas dos décadas- ha estado marcado por su alta politización y responde a los intereses de Miraflores.
El Comité de Postulaciones Judiciales lo integran 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil. La mayoría de los parlamentarios que ya están en el comité preliminar pertenecen al Psuv.
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