Nada detiene el sacudón que comenzó después del 3 de enero. En medio de la purga que Delcy Rodríguez, presidenta encargada que cuenta con el aval de Donald Trump, emprendió en su gabinete para desplazar a la mayoría de las fichas leales a Nicolás Maduro y Cilia Flores, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició una nueva reestructuración que también dejará por fuera a magistrados aliados de la antigua pareja presidencial.
Aunque todavía no ha sido publicado ningún anuncio en la web del máximo tribunal, los primeros pasos ya ocurrieron. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la gobernante, dijo el pasado 21 de abril que “por distintas circunstancias: por jubilación, renuncia o por ‘destacamiento’ (sic.) en otras responsabilidades, hay algunas plazas vacantes entre los magistrados principales y suplentes del TSJ”, aunque no precisó cuántos puestos estaban disponibles ni en cuáles salas.
Las palabras las pronunció al anunciar la creación de una comisión preliminar parlamentaria encargada de designar al Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por miembros de la sociedad civil, que evaluará a los candidatos a nuevos togados. El grupo está presidido por Giuseppe Alessandrello y conformado por los diputados Carlos Mogollón, María Gabriela Vega, Desirée Santos Amaral, Gloria Castillo, Fernando Bastidas, José Villarroel, Luis Augusto Romero, Pablo Pérez, Félix Freites y Antonio Ecarri.
Pero el misterio de la lista completa de magistrados que se marchan del TSJ aún se mantiene. El lunes, 27 de abril, se confirmaron los nombres de ocho funcionarios que pidieron su jubilación y se sabe que hay otros cuatro que ya dejaron el máximo tribunal porque el gobierno les dio otra tarea y sus puestos son ocupados por suplentes. Sin embargo, no se sabe quién o quiénes son los que renunciaron a la magistratura.
El balance actual indica que la sala que recibirá mayores cambios será la Político Administrativa, en donde todas las sillas (tres) deben ser ocupada. En la Constitucional hay tres puestos disponibles de los cinco que la conforman; mientras que en la Civil, la Penal y la Social deben designarse dos de tres magistrados en cada una. La única sala que queda intacta es la electoral, en donde está la presidenta del TSJ, Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, además de Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta y Fanny Beatriz Márquez Cordero.
Lo que sí se sabe es que los magistrados que dejan su puesto tienen trayectorias marcadas no solo por su militancia y apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, sino también por el nepotismo, la corrupción y las sanciones internacionales que se aplicaron a siete de los doce togados. Conoce los escándalos que deja cada uno:
Los aliados de la pareja presidencial
Edgar Gavidia Rodríguez
El excuñado de Cilia Flores es, actualmente, el primer vicepresidente del TSJ y quien lleva las riendas de la Sala de Casación Social. Además de un pasado militante (fue concejal principal al Cabildo Metropolitano de Caracas por el PSUV durante dos periodos legislativos), y de supuestamente cobrar en dólares por sentencias favorables, según los miembros del “TSJ Legítimo”, fue señalado por intento de feminicidio.
Según familiares de la víctima, Gavidia le disparó en la pierna izquierda a quien era su esposa y le fracturó el fémur durante un viaje de vacaciones a Lechería en el Carnaval de 2018. Luego de un paseo en yate, la pareja llegó al estacionamiento del edificio en donde se hospedaba. Ambos discutieron y él la abofeteó. La mujer también lo golpeó en respuesta, pero el magistrado sacó un arma de fuego que tenía en el bolsillo y la abaleó en la pierna. El magistrado dejó a la víctima en el suelo y se fue en su camioneta camino a Caracas. Pero antes de partir amenazó a los vigilantes del edificio donde ocurrió el hecho y les pidió que llamaran a la policía para que denunciaran un robo.
Gavidia es abogado egresado de la Universidad Santa María, especializado en Derecho Penal e ingresó como magistrado al máximo tribunal en diciembre de 2014. Para completar su historial de “irregularidades”, desde su llegada se ha mantenido en la Sala Social a pesar de no tener especializaciones en el área laboral, protección de niños y adolescentes o agraria, las cuales son competencia de esa sala.
Elsa Janeth Gómez Moreno
Hasta la tía de la esposa de Walter Gavidia Flores, hijo mayor de Cilia Flores, se pudo hacer un lugar en el TSJ. Allí ingresó como magistrada suplente de la Sala de Casación Penal en 2010. Desde entonces, se ha mantenido en esa sala, en donde pasó a ser titular, en 2014, y presidenta desde 2022.
Públicamente se le ha denunciado por encabezar la persecución judicial contra la oposición tras las elecciones presidenciales de 2024. Además, solicitó insistentemente a España la extradición del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Es abogada egresada de la Universidad del Zulia (LUZ).
Maikel Moreno
A Moreno se le considera el instrumento que Maduro usó dentro del TSJ para enfrentar todo lo que trajo el turbulento 2017. Durante ese año, el magistrado se estrenó como presidente del más importante organismo de justicia del país, y en menos de un año invalidó casi todas las leyes importantes aprobadas por el Parlamento de mayoría opositora y aprobó la destitución y antejuicio de mérito a Luisa Ortega Díaz, quien entonces era la fiscal general de Venezuela. Además, permitió que Maduro impulsara las elecciones que dieron origen a la Asamblea Nacional Constituyente, que reemplazó a la Asamblea Nacional.
Moreno ingresó al TSJ como magistrado de la Sala de Casación Penal en diciembre de 2014. Fue electo primer vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Penal en febrero de 2015. Durante cuatro años fue presidente del máximo tribunal.
Es egresado de la Universidad Santa María, donde cursó una especialización en Derecho Constitucional. Antes, fue encargado de negocios de la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago e Italia. También fue juez del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En su carrera policial, estuvo involucrado en un tiroteo y se le señaló de matar a un adolescente.
Los verdeoliva del TSJ
Juan Carlos Hidalgo Pandares
Estados Unidos lo sancionó en septiembre de 2024 por ser uno de los “funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión contra la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos pide un cambio”.
Es general de división retirado y magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Antes de ello, fue fiscal general de la Fiscalía General Militar y jefe del Comando Antidrogas de la GNB. Además de abogado, egresado de la Universidad Santa María, es licenciado en Ciencias y Artes Militares de la Academia Militar Venezolana.
Henry José Timaure Tapia
El actual segundo vicepresidente del TSJ y presidente de la Sala de Casación Civil está señalado por corrupción, luego de ser el ponente de una sentencia de noviembre de 2022 que, de acuerdo con una investigación a Armando.info, favoreció a la aerolínea Rutaca y revirtió la orden dictada por un tribunal de Bolívar que exigía a la empresa pagar una deuda de dos millones de dólares al empresario Julio César Cuesta Eisler. Timaure Tapia además ocultó que había un conflicto de intereses en el caso: su hijo, Henry Antonio Timaure Colmenares, era para entonces director de mantenimiento aeronáutico de la aerolínea.
El general de división retirado, que se graduó en la misma promoción que Diosdado Cabello, llegó al TSJ en abril de 2022. Fue presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal Militar cuando tribunales militares enjuiciaron a decenas de civiles en medio de las protestas antigubernamentales de 2017.
Rojos rojitos
Luis Fernando Damiani Bustillos
Damiani Bustillos, que ingresó a la Sala Constitucional desde diciembre de 2015, suscribió todas las sentencias que se emitieron en esa sala para menoscabar las funciones de la AN 2016-2021, de mayoría opositora. Sus acciones le valieron sanciones de Estados Unidos, Canadá, Panamá.
Es abogado egresado de la Universidad Santa María, profesor universitario y coordinador general del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura del TSJ desde 2015.
Antes de dedicarse a labores en la justicia venezolana, fue viceministro de Desarrollo Académico del Ministerio de Educación Universitaria (2010-2011), rector encargado de la Universidad Bolivariana de Venezuela (2009-2010) y vicerrector de la misma casa de estudios (2007-2009).
Si bien Damiani no fue militante del PSUV, sí se identificó con el chavismo en actos públicos en los que advirtió que el país estaba en peligro cuando la oposición ganó las elecciones legislativas de diciembre de 2015.
Malaquías Gil
Aunque debía estar en su cargo por 12 años, logró mantenerse 16. Gil fue magistrado y vicepresidente de la Sala Electoral hasta 2022. Durante esa temporada, el gobierno de Canadá lo sancionó por haber dado luz verde a “las ilegítimas y antidemocráticas elecciones presidenciales del 20 de mayo” de 2018.
El abogado de la Universidad de Los Andes, con especializaciones de Derecho Laboral y Seguridad Social, pasó a la Sala Político Administrativa en 2022. Antes de llegar al TSJ tuvo un pasado militante: fue diputado a la Asamblea Nacional por el MAS, cuando apoyó a Hugo Chávez, y luego por Podemos, en representación del estado Trujillo.
Carmen Eneida Alves
Fue designada como integrante de la Sala Casación Civil en abril de 2022, aunque ingresó como miembro de la Sala Electoral en junio de 2020. Fue elegida magistrada suplente de la Sala Electoral en 2010 y 2015. Abogada egresada de la Universidad Santa María.
Tres “licencias” y una “falta absoluta”
Gladys Gutiérrez
La expresidenta de la Sala Constitucional y del TSJ ingresó a esta instancia en diciembre de 2010 y se fue en abril de 2024, cuando el gobierno la designó embajadora en España. Al principio, Gutiérrez salió con una “licencia” del máximo tribunal para que pudiera para desempeñar sus funciones diplomáticas, pero meses después –en medio de críticas por desempeñar un doble cargo– fue jubilada y sustituida por la magistrada suplente Janette Trinidad Córdova Castro.
A pesar de ya no estar en el cargo, Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR mantienen sanciones contra ella “por usurpar funciones de la AN electa en 2015” y “socavar la democracia”.
Su paso por el TSJ está lleno de polémicas. Recién nombrada, la prensa española cuestionó que su tesis de grado de doctorado en la Universidad de Zaragoza fue avalada por un tribunal que tenía a dos profesores integrantes del partido Podemos (Juan Carlos Monedero y Francisco Palacios).
Además, es recordada por declarar “inadmisibles” los 10 recursos que señalaron un presunto fraude en las elecciones que Maduro ganó a Henrique Capriles en abril de 2013. Cuando la oposición dominó al Parlamento, ordenó el cumplimiento del Decreto de Emergencia Económica que había sido rechazado por la AN y echó para atrás varias de las leyes aprobadas en el hemiciclo, como la Ley de Amnistía y Reconciliación.
Gutiérrez no puede esconder su afiliación con el chavismo. Fue militante del MVR y llegó a ser candidata por ese partido a la gobernación de Nueva Esparta y, luego, diputada suplente a la Asamblea Nacional. También fue ministra consejera de la embajada venezolana en España y cónsul general en ese país. Chávez la designó Procuradora General de la República en 2006.
Entre 2020 y 2021, el TSJ la designó rectora principal temporal del Consejo Nacional Electoral. Posteriormente regresó a su cargo de magistrada.
Calixto Ortega
El otrora magistrado de la Sala Constitucional es otro que tiene un pasado chavista inocultable. Desde 1998 militó en el MVR, partido con el que fue diputado de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y diputado a la AN en 2000. Con el PSUV, repitió en el Parlamento en 2005. En 2013 fue encargado de negocios en Estados Unidos y, luego, vicecanciller para Europa.
Su posición en la Sala Constitucional le permitió ser el ponente de tres de las sentencias dictadas en 2016 que anularon leyes aprobadas por la AN de mayoría opositora: la reforma de la Ley del BCV, la ley especial para atender la crisis nacional de salud y la ley orgánica del servicio nacional de policía. Con este historial, recibió sanciones de Estados Unidos, Canadá, Panamá y el TIAR.
A inicios de 2022, el TSJ le concedió una licencia a Ortega cuando la AN lo designó embajador ante la Corte Penal Internacional (CPI). Para ese momento, esa instancia acababa de abrir sus investigaciones al Estado venezolano por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Su lugar lo ocupó la magistrada suplente Michel Adriana Velásquez Grillet. Aunque Ortega dejó su puesto en La Haya (Países Bajos) a principios de 2024, jamás se reincorporó a la Sala Constitucional.
Carlos Alexis Castillo
En marzo de este año, Castillo salió del TSJ porque Delcy Rodríguez lo nombró ministro del Trabajo en sustitución de Eduardo Piñate, quien estaba en el círculo de confianza de Maduro. Su designación causó polémica porque era magistrado y vicepresidente de la Sala de Casación Social del TSJ desde abril de 2022 y se le otorgó una “licencia” para ejercer su nuevo cargo. En su lugar se designó a la magistrada suplente Eneida Alexandra Moreno Pérez.
Es abogado, especializado en Derecho del Trabajo y Derecho Procesal Civil, cercano a los hermanos Rodríguez. Fue Síndico Procurador Muncipal y director de Recursos Humanos de la Alcaldía de Libertador cuando Jorge Rodríguez era la máxima autoridad en esa jurisdicción. Delcy Rodríguez lo puso a cargo del la dirección de Recursos Humanos de la Cancillería y, más adelante, del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior cuando ella tenía las riendas de estas instituciones.
Bárbara César Siero
La magistrada de la Sala Político Administrativa se fue del TSJ en medio de la opacidad. En enero de 2024, se conoció que dos de sus hermanos militares del Ejército (el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero) fueron detenidos por presuntamente estar vinculados a una trama conspirativa. A ambos los degradaron y expulsaron de las Fuerzas Armadas.
En abril de 2024 se informó que desde el 13 de marzo el magistrado suplente Emilio Ramos González ocupó el lugar de César Siero por su falta absoluta, aunque nunca se aclaró si ella había renunciado o si fue jubilada.
La hoy exmagistrada, especialista en derecho tributario y administrativo, no estuvo exenta de polémicas. Trabajó como defensora pública, coordinadora de Jueces Penales Itinerantes de Caracas y jueza 29 de Control de Caracas. En ese cargo, dictó medidas cautelares contra el diario TalCual y el ministro Carlos Genatios en demanda interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.
También fue defensora agraria (perdió el caso) del general Víctor Cruz Weffer, excomandante general del Ejército y responsable del Plan Bolívar 2000 y del Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), quien fue imputado por corrupción y enriquecimiento ilícito.
Sentencias express y el próximo presidente del TSJ
Esta reestructuración del TSJ también ha estado marcada por un ritmo frenético de sentencias. El abogado penalista y defensor de derechos humanos, Joel García, advirtió que entre el 20 y 27 de abril se emitieron 227 sentencias, “un volumen que sugiere una urgencia procesal vinculada a la transición y no a la eficiencia judicial”.
Solo un día, el 24 de abril, se produjeron 168 fallos, es decir, se aprobó una sentencia cada 2.8 minutos (en una jornada laboral de ocho horas). “Matemáticamente, es imposible garantizar el estudio del expediente, la deliberación y la técnica jurídica que exige el máximo tribunal”, aseguró. La sala Civil acaparó 50% de las decisiones, mientras que la Penal hizo lo propio con 25% y la Político-Administrativa con 14%.
El exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, adelantó que el magistrado con mayores probabilidades de convertirse en el próximo presidente del máximo tribunal es el actual vicepresidente de la Sala de Casación Social Elías Rubén Bittar Escalona, quien se convirtió en magistrado en abril de 2022. Es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con diploma de Estudios a Profundidad en Derecho Público Intern. Fue consultor jurídico de las Empresas 1BC-RCTV, asesoró a la Comisión de Política Interior de la AN para el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Municipal y a la Procuraduría General del estado Bolívar. El desenlace de esta historia se conocerá cuando se instale el nuevo TSJ.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
