Cómo EE.UU. impone su nacionalidad a hijos de diplomáticos rusos para presionarlos

Mientras el presidente Trump intenta poner orden en el puchero migratorio estadounidense que cocieron sus predecesores, sus propios funcionarios traman intrigas a sus espaldas, echándole un mal de ojo a las ya de por sí maltrechas relaciones ruso-estadounidenses, precisamente en el ámbito de la inmigración.

La esencia de una de las promesas electorales clave y centrales de Trump: nada de legalización de los inmigrantes irregulares.

Dicho y hecho. Solo que, dados los esfuerzos del Estado profundo, que, evidentemente, rema en dirección contraria a la de su actual presidente hacia uno nuevo, se ha hecho exactamente lo contrario.

Imagínense la situación.

Un diplomático ruso que trabaja en EE.UU. recibe una llamada telefónica del Departamento de Estado. Pareciera que se inició el contacto. El contacto se inició, pero no es de trabajo:

—¿Señor […]? —pregunta el funcionario del Departamento de Estado.

—Sí —responde el diplomático ruso.

—¿Tiene usted un hijo llamado Iván? —continúa la voz al otro lado del teléfono.

—Sí —el corazón del hombre, sentado en su puesto de trabajo tras haber dejado a su hijo en el colegio a un par de kilómetros de la oficina, se hunde en un abismo.

—El Departamento de Estado de EE.UU. le informa de que su hijo es ciudadano estadounidense  —dice, ya sea el funcionario del Departamento de Estado o la IA que ya se ha integrado en él.

A continuación, viene un diálogo que sería la envidia de los mejores surrealistas y distópicos:

—Mi hijo es ciudadano de Rusia y no tiene otra nacionalidad. Es más, el Departamento de Estado de EE.UU. le ha concedido en repetidas ocasiones visados estadounidenses a mi hijo en su calidad de familiar de un diplomático. Esto contradice tanto el sentido común como la legislación de EE.UU., lo que en conjunto crea una interpretación inequívoca y única —aplica las mejores prácticas diplomáticas el diplomático ruso, recordando a la vez el [Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú] MGIMO, a [el canciller ruso, Serguéi] Lavrov y todo el derecho internacional.

—A su hijo se le ha concedido la ciudadanía de EE.UU. pasando de largo su voluntad, por el hecho de haber nacido en territorio estadounidense. Y el hecho de que ni a él ni a usted se les haya informado nunca de ello, y de que se le hayan expedido visados como a un extranjero, es un error técnico —lee de un papel la voz al otro lado del teléfono.

—Pero no necesitamos la ciudadanía estadounidense, no la hemos solicitado y nunca la aceptaremos  —grita, literalmente, el diplomático ruso.

—Tenga en cuenta que su hijo es ciudadano nuestro, con todas las consecuencias que ello conlleva, ¡y usted no puede renunciar a ello! —se interrumpe la conversación.

La conversación se interrumpe junto con la lógica de lo que hace EE.UU. dentro y fuera del país.

No, no hay que buscar aquí la culpa de los diplomáticos rusos. No la hay. Los colegas hacen su trabajo, tramitan todos los documentos de acuerdo con la legislación rusa y los requisitos de las Convenciones de Viena, y tratan con respeto las leyes de EE.UU. Cuando nacen hijos en territorio estadounidense, les tramitan inmediatamente la ciudadanía de Rusia, sabiendo perfectamente que no habrá problemas con la ciudadanía estadounidense, ya que, según las leyes locales, el ‘derecho de suelo’ no se aplica automáticamente a los diplomáticos: nadie puede obligar a alguien a convertirse en ciudadano de un país extranjero.

Pero, como se suele decir, la ley en EE.UU. no es un yugo, sino una merienda con el Sombrerero Loco.

Y ahora pasa lo mismo, pero va en serio.

El Estado profundo de EE.UU. ha creado un nuevo problema para presionar a los diplomáticos rusos, sin importarle que esto se convierta en el ejemplo más claro del declive de la famosa ‘democracia estadounidense’. Ahora, el Departamento de Estado, o quienes están detrás de la fachada diplomática estadounidense, han comenzado a otorgar la ciudadanía de EE.UU. a los hijos de los empleados de los consulados rusos nacidos bajo jurisdicción estadounidense antes de que alcancen la mayoría de edad, literalmente a la fuerza, con el pretexto del ‘derecho de suelo’ consagrado en la Constitución de EE.UU. y del supuesto carácter limitado de la inmunidad consular.

Una tontería, una violación de todo lo posible, un golpe contra su propio presidente, ¿pero a quién le importa eso allí cuando lo que está en juego es otro acto de rusofobia, tan apreciado por el Partido Demócrata?

Los estadounidenses comenzaron a aplicar esta práctica discriminatoria contra el personal ruso a partir del 2023, como si estuvieran colocando deliberadamente una mina bajo los pies de Trump para dejarlo en ridículo ante todos: ante los trabajadores latinoamericanos atraídos a EE.UU., que durante la pandemia sacaron literalmente a EE.UU. del infierno a sus espaldas, ante el electorado y la comunidad internacional, que observa con asombro cómo a sus compatriotas no se les concede la ciudadanía estadounidense y se los deporta a casa con vergüenza, mientras que a los diplomáticos rusos se les impone la ciudadanía a la fuerza. Un cómic sobre Spiderman, que se ha enredado en su propia telaraña.

Repito, durante ese periodo no se introdujo ninguna enmienda en la ley suprema estadounidense, y tampoco se revisaron los convenios bilaterales sobre las relaciones diplomáticas y consulares.

Por cierto, la excepción relativa a los hijos de los diplomáticos extranjeros está recogida en casi todas las normas internas. A este asunto se le dedica un capítulo entero en la guía estratégica del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU., así como un punto en el Código de Regulaciones Federales: en ambos documentos se indica claramente que los hijos de diplomáticos extranjeros no obtienen la ciudadanía estadounidense por ‘derecho de suelo’, ya que gozan de inmunidad diplomática y no están plenamente sujetos a la jurisdicción del país de residencia.

Es más, esta norma jurídica fue confirmada por la Corte Suprema de EE.UU. ya en 1898, en el marco del caso ‘Estados Unidos contra Wong Kim Ark‘. He aquí una cita textual de la sentencia:

«Sin embargo, el requisito de que una persona esté sujeta a dicha jurisdicción [de EE.UU.] excluye su aplicación a los hijos de representantes diplomáticos de un Estado extranjero, a los hijos de enemigos extranjeros en situación de ocupación hostil, o a los hijos de miembros de tribus indígenas sujetos a las leyes tribales».

La parte estadounidense siempre se ha mostrado tan orgullosa de su jurisprudencia que el hecho de ignorar por completo esta resolución, bien conocida por los juristas, caracteriza de manera absolutamente inequívoca las acciones del Departamento de Estado de EE.UU.

Es sintomático que la actual activación del Departamento de Estado en el asunto de la concesión ilegal de la ciudadanía estadounidense a los hijos de los empleados de las misiones diplomáticas rusas —una ciudadanía que no necesitan, pero a la que las autoridades locales no les permiten renunciar— se produzca precisamente ahora, cuando, sobre la base de los acuerdos entre los líderes de Rusia y EE.UU., se están emprendiendo precisamente los intentos de eliminar tales ‘factores de irritación’.

Y vaya con los ‘factores de irritación’. De EE.UU. se están deportando a miles de ciudadanos que llevaban años intentando naturalizarse, suplicando que se les concediera la ciudadanía o al menos algún tipo de documento. No infringieron las leyes locales, trabajaron honestamente por el bien, según creían, de su nueva patria, confiando en el anterior equipo de la Casa Blanca.

Juzguen ustedes mismos. El presidente de EE.UU., Trump, aboga por poner fin a la concesión automática de la ciudadanía a los hijos de extranjeros nacidos bajo la jurisdicción estadounidense. La Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. han puesto en marcha una campaña antimigratoria a gran escala sin precedentes. Su objetivo es reducir el flujo de inmigrantes. No se detienen ante nada, incluyendo la verificación de los datos proporcionados durante el proceso de naturalización. La prensa informa de cuotas mensuales para llevar a cabo investigaciones sobre la potencial privación de la ciudadanía estadounidense. Se difunde la información de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) recibió ya en 2025 ‘luz verde’ para utilizar un ‘software’ espía que se instala de forma remota en los dispositivos móviles de inmigrantes ilegales y activistas estadounidenses que se pronuncian en contra de la política de deportaciones masivas.

Al mismo tiempo, EE.UU. incumple sistemáticamente el acuerdo con la ONU sobre el Estado receptor: no expide visados a los diplomáticos extranjeros enviados a eventos especializados en la sede de la ONU. Entre los últimos ejemplos está la cancelación de la participación del subdirector del Departamento de Información y Prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en la sesión anual del Comité de Información de la Asamblea General de la ONU del 27 de abril de 2026.

En este contexto, el ‘interés puntual’ tan ostensible de las autoridades estadounidenses por los hijos de los empleados de las representaciones diplomáticas rusas en el extranjero suscita una verdadera preocupación. No, no por nuestros diplomáticos, sino por la salud mental de los funcionarios estadounidenses.

La volatilidad de las acciones de Washington en este ámbito roza la bipolaridad y pone en duda la posibilidad de llegar a un acuerdo con las autoridades de EE.UU. sobre esta cuestión, que para nosotros es de suma importancia y altamente sensible.

Las medidas coercitivas hacia el personal de nuestras misiones diplomáticas contradicen las normas del derecho internacional y los acuerdos bilaterales, que garantizan la inmunidad frente a la jurisdicción del país de estancia. En lo que respecta al personal de las oficinas consulares, el Departamento de Estado está obligado a regirse por las disposiciones de la Convención Consular bilateral de 1964, que otorga a dicha categoría de ciudadanos rusos un ámbito de inmunidades más amplio que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

De conformidad con el artículo 24 de la convención de 1964, un funcionario consular o un empleado de la instalación consular, así como los miembros de sus familias, están exentos de todo tipo de obligaciones coercitivas. Durante más de 60 años, desde la firma de la Convención Consular de 1964, esta ha sido interpretada y aplicada por las partes en el sentido de que excluye la posibilidad de la atribución coercitiva de la nacionalidad del Estado de residencia a los hijos de los funcionarios consulares y empleados de las instalaciones consulares del Estado representado. Y no se trata solamente de la letra de la ley.

La concesión arbitraria de la ciudadanía de EE.UU. a los hijos de los empleados potencialmente proporciona a Washington una palanca para ejercer presiones desleales sobre nuestro personal: ¿qué pasaría si secuestraran a un niño con el pretexto, por ejemplo, de la legislación juvenil o de la necesidad de comprobar su identidad de género en el marco de una nueva ronda de la ‘nueva normalidad’? Y vemos muchos ejemplos de este tipo.

La parte rusa no reconoce la imposición de la ciudadanía estadounidense a los ciudadanos de Rusia nacidos en familias de nuestro personal diplomático, administrativo-técnico y consular en EE.UU. Exigiremos a los estadounidenses que confirmen, en cada caso concreto, que el recién nacido no se encuentra bajo la jurisdicción de EE.UU. y que goza de todas las inmunidades y privilegios previstos en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, así como en los acuerdos bilaterales.