Caracas.- La ONG Espacio Público informó que el fiscal general de la República, Larry Davoe, se negó a suministrar información que esta ONG y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-Ucab) solicitaron sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y el número de personas beneficiadas por este instrumento legal.
Davoe respondió en una misiva que no era procedente la solicitud que se basó «en el ejercicio pleno del derecho a la contraloría social y del derecho humano al acceso a la información pública, contemplado en los artículos 51 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 3, 6.1, 6,2, 7, 8.2, 8.3, 8.4 y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público», detalló la organización no gubernamental en un su sitio web.
Tanto Espacio Público como el CDH-Ucab pidieron cifras totales de ejecución de la ley, que según la administración del poder en Venezuela ha beneficiado a más de 8 mil personas, pero que no ha aclarado -ni Miraflores ni la Comisión Parlamentaria de seguimiento a la aplicación de la ley, los nombres de estos beneficiarios ni un listado completo de ello.
Entre las peticiones que Davoe se negó a suministrar se encuentran el número de boletas de excarcelación emitidas y efectivamente ejecutadas respondiendo a las solicitudes hechas por las fiscalías actuantes, aplicación de la ley de Amnistía hasta la fecha. El número total de personas bajo medidas cautelares a las que se les aplicó la citada ley por solicitud de las fiscalías actuantes, así como el desglose de la cantidad de casos, por cada estado del país, que bajo la revisión de las fiscalías actuantes identificaron procesos policiales arbitrarios y que además fueron beneficiadas por la ley de amnistía, entre otras.
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Espacio Público dice que Davoe se inventa «barrera burocrática»
Espacio Público distribuyó la carta del fiscal general en la que dijo que «no se expresan los motivos que justifiquen la solicitud de información de interés público peticionada». Y añade la cifra oficial de la Comisión de Seguimiento, que controla el chavismo, en la que nombra a 8.616 personas, pero no responde a los detalles que pidieron la ONG y el Centro de Derechos Humanos de la Ucab.
«La respuesta del Ministerio Público no solo contraviene los estándares internacionales de transparencia, sino que pretende condicionar un derecho humano fundamental a la discrecionalidad administrativa. Al alegar una supuesta falta de ‘motivos’ para acceder a datos estadísticos, la Fiscalía levanta una barrera burocrática que impide evaluar la eficacia real de la Ley de Amnistía. La publicación de cifras generales y agregadas es insuficiente para auditar un proceso que impacta directamente en la libertad de miles de personas», afirmó la organización no gubernamental.
Insistieron en que el Ministerio Público está en la obligación de aportar la información solicitada de forma detallada al ampararse en varias leyes como la de Transparencia.
«Demandamos al Ministerio Público la entrega inmediata de la información desagregada solicitada, y le recordamos que el acceso a datos sobre la ejecución de medidas de gracia es de estricto interés público y no requiere de una motivación especial por parte de los peticionarios. Exigimos que se cumpla con el principio de máxima divulgación establecido en la Ley de Transparencia, desglosando la ejecución por centros de detención y estados, para garantizar que la Ley de Amnistía no sea una cifra vacía, sino una garantía verificable de justicia y libertad».
Qué se sabe de la Ley de Amnistía
La Ley de Amnistía se aprobó el 19 de febrero pasado en la Asamblea Nacional. Desde entonces un grupo de presos políticos recuperó si libertad, en muchos casos de forma parcial, pero hay cientos de casos que han sido negados por este instrumento, entre los que hay periodistas, dirigentes de partidos políticos como Perkins Rocha, de Vente Venezuela; presos políticos militares y policías como los metropolitanos.
Incluso, la administradora del poder en el país, Delcy Rodríguez, anunció «el fin» de la Ley de Amnistía hace algunas semanas, lo que generó la condena y rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos por la instrumentalización política del texto jurídico.
«Pretender dar por concluido este instrumento de forma unilateral representa un acto de inseguridad jurídica que deja en absoluta vulnerabilidad a las víctimas y envía una señal alarmante al sistema judicial, al instruir de facto a los tribunales para desestimar solicitudes de libertad bajo una premisa inexistente en el ordenamiento jurídico», aseguró la ONG Justicia, Encuentro y Perdón el pasado 24 de abril.
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