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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos una actualización sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, con un diagnóstico severo sobre el estado de los derechos humanos en el país.
Por lapatilla.com
Durante su intervención, la secretaria ejecutiva del organismo, Tania Reneaum Panszi, fue contundente al afirmar que “sin democracia no hay derechos humanos”, dejando claro que la crisis venezolana está estrechamente vinculada al deterioro institucional.
Reneaum sostuvo que la privación arbitraria de la libertad por motivos políticos constituye “una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho en Venezuela”, y advirtió que no se trata de hechos aislados, sino de “una política de Estado sostenida y deliberada”.
La funcionaria recordó que la CIDH ha documentado casos de presos políticos en la región desde hace décadas, y que en el caso venezolano mantiene un seguimiento constante a través de su mecanismo especial, que ha recopilado más de 300 testimonios de víctimas.
#ENVIVO | CIDH presenta ante el Consejo Permanente de la OEA una actualización sobre la situación de los presos políticos en #Venezuela: “La privación arbitraria por motivos políticos en Venezuela es política de Estado deliberada”.
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Asimismo, indicó que solo en 2025 el organismo otorgó 36 medidas cautelares, en su mayoría a personas detenidas por razones políticas, entre ellas defensores de derechos humanos, periodistas y familiares de presos.
En su exposición, alertó sobre prácticas graves que persisten en el país, como desapariciones forzadas, torturas, incomunicación prolongada y negación de atención médica a detenidos. Estas denuncias coinciden con reportes previos del organismo sobre detenciones arbitrarias y condiciones irregulares de reclusión.
Reneaum también mencionó que al menos 18 personas habrían fallecido bajo custodia del Estado, subrayando que detrás de cada caso hay una historia humana y familiar que no puede ser ignorada.
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En relación con la Ley de Amnistía aprobada en febrero de 2026, la CIDH reconoció que excluye formalmente las violaciones graves de derechos humanos, pero advirtió que su aplicación presenta serias dudas.
Según explicó, disposiciones como la cláusula residual del artículo 9 podrían ser utilizadas contra opositores, mientras que la eliminación de antecedentes sin garantías compromete futuros procesos de justicia.
Además, cuestionó que sean las mismas instituciones, tribunales y Fiscalí, las encargadas de aplicar la ley, pese a haber sostenido previamente detenciones arbitrarias. “No se le puede pedir al instrumento de la represión que se convierta en un instrumento de reparación”, enfatizó.
Finalmente, la secretaria ejecutiva puso en duda las cifras oficiales sobre beneficiarios de la amnistía. Mientras el Estado habla de más de 8.000 casos, organizaciones civiles registran apenas 186 personas con libertad plena y al menos 554 bajo medidas cautelares.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
