El documento elaborado en la llamada Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales, el pasado 30 de abril, es una oda al desprecio de la condición de vida de los trabajadores activos, pensionados y jubilados en Venezuela. Lo que supuestamente iba a ser un “aumento responsable”, a decir de la mandataria interina, devino en una oportunidad perdida para abordar con seriedad el salario y el poder adquisitivo.
Las expectativas bien fundadas de atender las justas exigencias de centrales sindicales, gremios profesionales, sindicatos no confederados y organizaciones de jubilados y pensionados culminaron en la frustración persistente al conocerse los alcances de un acuerdo que mantiene en la ruina a millones de seres humanos. A esos a quienes se les ha repetido el mismo discurso a lo largo de estos años.
Efectivamente, desde 2019 una Comisión de Encuesta acordada por la OIT estableció la obligación al régimen de acordar políticas favorables al salario mínimo, las reuniones tripartitas y la libertad sindical, y designó un Foro Social permanente hasta lograr restablecer los convenios laborales violados. Directriz que comenzó a concretarse en marzo de 2022.
Desde esa fecha hasta el pasado 30 de abril han transcurrido 1507 días, en cuyo periodo se han realizado cinco foros sociales y se han aprobado decenas de comisiones y propuestas para el cálculo del salario, sin aplicación alguna. Durante cuatro años, un mes y siete días jamás se afectó al salario, que permaneció, en el acuerdo recién firmado el 30/4/2026, en 130 bolívares, integrado a los bonos de guerra y la cestaticket sin ninguna incidencia salarial.
En resumen, ese tiempo no fue suficiente para aprobar una verdadera política que reivindique al trabajo como actividad humana, donde este no sea concebido solo para sobrevivir, sino para vivir con dignidad. Lamentablemente no fue así. Los comensales de la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales lo que hicieron fue ratificar el gran descubrimiento: la sustitución del salario por el “novísimo concepto” denominado ingreso mínimo.
¿Cómo justifican tal disparate ante millones de trabajadores activos y pensionados que languidecen con remuneraciones y pensión? ¿Por qué el gobierno de la interina no explica cómo se distribuyen los recursos reconducidos de la venta de petróleo?
Para nada; todo se mantiene en la opacidad absoluta del poder. Quienes lo detentan tienen el capricho del secreto para manejar discrecionalmente los recursos del país, sin control alguno de ningún poder público y mucho menos de sindicatos autónomos, a quienes reprimen con el memorándum 2792 y el instructivo ONAPRE.
Normativas inconstitucionales que debieron haber eliminado si hubieran tenido la intención de restaurar la libertad sindical, la negociación colectiva y la estructura del salario, y con ello reconocer la representación sindical vigente de los trabajadores.
El rodrigato ha perdido una oportunidad de darse un barniz de decencia y de piedad por la clase trabajadora que dice representar, con sus poses de pretender ser diferentes al dictador Maduro y al autoritario Hugo Chávez. Cambiando el rojo por el azul y borrando de la liturgia verbal revolucionaria a Chávez y a Maduro no los convertirá en rebautizados por las aguas del río Jordán.
La desfachatez y el descaro no tienen límites. Presentar como una gran victoria mantener un salario mínimo de 0,27 dólares mensuales y aumentar solo el bono de guerra y la cestaticket a la suma de 240 dólares es acordar lanzar unas migajas del festín para medir el conformismo de la muchedumbre.
Cuando vemos el texto del desafortunado acuerdo, se destaca cómo el diablo se esconde en la letra pequeña de la exposición de motivos: en el punto primero, parágrafo 3; en el punto segundo y en el punto quinto, donde trabajadores, empresarios y gobierno, todos agarrados de la mano, se comprometen cada uno a solicitar el levantamiento de las sanciones.
¿Cómo se puede explicar que esté presente esa pretensión gubernamental en un acuerdo estrictamente «laboral»? Los incautos que firmaron ese documento del lado de los trabajadores están en deuda con sus afiliados y deberán presentar sus motivos para hacerlo. A los representantes empresariales es necesario indicarles que no siempre hay gobiernos de esta calaña dirigiendo un país; viene al caso la célebre frase atribuida a Winston Churchill: «Quien se humilla para evitar la guerra se queda con la humillación y con la guerra».
Entre tanto, al rodrigato cabe señalarle que la tesitura de ese acuerdo reafirma, a la vista de millones de trabajadores, que ustedes conservan la misma esencia de quienes han devastado al país durante el siglo XXI y son, por tanto, merecedores del repudio del pueblo venezolano. Repudio que se expresará a través de las movilizaciones de un sindicalismo libre y democrático, autónomo tanto de los empresarios privados como de los gobiernos antilaborales, entre ellos el de la actual interina que azota al país.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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