Caracas.- La industria petrolera de Venezuela mantiene una estructura de opacidad que impide conocer el destino real de los ingresos. Informes internos y estadísticas oficiales indican que, por cada dos dólares que el país percibió por la venta de crudo a inicios de esta década, uno fue objeto de robo, generando pérdidas por el orden de los 13.000 millones de dólares entre 2019 y 2022, de acuerdo con el diario The New York Times.
Según este medio, a finales de 2022, la junta directiva de Pdvsa realizó una revisión de las cuentas pendientes por concepto de ventas de crudo no pagadas por allegados al gobierno. Según la presentación de dicha reunión, “la junta contabilizó casi 240 petroleros que partieron sin pago entre 2019 y 2022, lo que costó al Estado venezolano 13.000 millones de dólares”. Este monto representa una pérdida masiva para el patrimonio nacional en un periodo de crisis financiera profunda.
Los documentos de la estatal señalan de forma directa a empresas de maletín bajo el control de Carlos Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, y otros empresarios cercanos a la gestión de Maduro. Estas entidades exportaron petróleo por un valor de 11.000 millones de dólares durante los años 2021 y 2022 sin efectuar pago alguno a Pdvsa. Dicha cifra equivale a la mitad de todos los ingresos petroleros que Venezuela generó en esos dos años, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central de Venezuela.
Carlos Malpica Flores, de 53 años, y sobrino de Cilia Flores, ascendió de forma meteórica en la administración pública tras la llegada de Maduro al poder en 2013. Ocupó cargos simultáneos como director en el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), Tesorero Nacional y jefe de finanzas de Pdvsa. Estos puestos le otorgaron un acceso sin supervisión a la riqueza petrolera, el cual mantuvo incluso tras su salida del sector público en 2016, cuando pasó a ser subcontratista y comprador de crudo de la estatal.
El esquema de comercialización operó a través de sociedades como Hangzhou Energy, registrada en China. En 2023, esta empresa de maletín se posicionó como el segundo mayor exportador de crudo venezolano, solo superada por la multinacional Chevron. Hangzhou Energy recibió petróleo de Pdvsa bajo condiciones preferenciales y poco comunes, sin poseer antecedentes en la industria. Un contrato de 2022 permitió a esta firma vender el 10 % del volumen total de exportación del país a cambio de una entrega no especificada de “ayuda humanitaria”.
El mecanismo para procesar estos pagos evitó el ingreso de divisas al país, propósito fundamental de las exportaciones. Mientras la mayoría de los compradores pagaban a Pdvsa en dólares, Hangzhou Energy efectuaba sus pagos en bolívares a través del Bandes. Debido a la tasa de cambio controlada y la hiperinflación, los bolívares depositados en el banco perdían su valor rápidamente, mientras que los propietarios de la empresa obtenían dólares tras vender el crudo a refinadores chinos.
La actual gestión de Delcy Rodríguez, quien asumió el control de Pdvsa tras la caída de Tareck El Aissami, prometió una nueva era de rendición de cuentas. Rodríguez aseguró que el público podría rastrear cada dólar petrolero mediante un nuevo sitio web. Sin embargo, los documentos muestran que Malpica Flores y otros empresarios mantienen beneficios y acceso preferencial al crudo, lo que marca un límite en las iniciativas de limpieza interna.
Hasta la fecha, las auditorías prometidas por firmas internacionales y los mecanismos de control no arrojan luz sobre el paradero del dinero. El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, afirmó que contrató a la firma KPMG para auditar las ventas, pero los informes aún no se presentan ante el Congreso. Por su parte, el Banco Central de Venezuela mencionó la contratación de otra firma auditora sin aportar detalles adicionales.
El portal Transparencia Soberana, lanzado por Rodríguez en enero, solo cuenta con una entrada informativa. El sitio indica que el gobierno vendió 300 millones de dólares en fueloil durante marzo para financiar el aumento del salario mínimo. No obstante, la plataforma omite datos cruciales como la identidad de los compradores o el precio de venta por unidad.
La permanencia de figuras del antiguo esquema en la estructura actual genera dudas sobre la voluntad política para erradicar la corrupción. Malpica Flores perdió acceso a las ventas directas tras la intervención de Estados Unidos en las exportaciones en enero, pero mantiene contratos activos a través de sus empresas para operar campos petroleros, prestar servicios a Pdvsa y distribuir productos de forma local.
A pesar de las purgas periódicas en la estatal, que llevaron a prisión a cuatro expresidentes de la compañía y a decenas de ejecutivos, Malpica Flores no enfrenta cargos financieros públicos hasta el momento. Los testimonios de personas vinculadas a la industria sugieren que su relación personal con la alta dirigencia del gobierno le permitió sobrevivir a los procesos de reestructuración que afectaron a otros sectores del entorno de Maduro.
El plan de Washington para supervisar los ingresos petroleros venezolanos enfrenta la realidad de una industria con décadas de prácticas opacas. Mientras tanto, la opacidad en las transacciones de Pdvsa sigue siendo un obstáculo para la recuperación económica del país y la transparencia institucional que demandan los ciudadanos.
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