Desde hace más de 30 años, el Estado Venezolano se mantiene operando bajo una tradición de impunidad que ignora el debido proceso de investigar, sancionar y reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Gobiernos de distintas tendencias han ignorado las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y otros organismos manteniendo un patrón que mantiene a la justicia en pausa.
La primera sentencia que emitió la Corte IDH sobre Venezuela fue el 18 de enero de 1995, desde entonces, el Estado ha sido condenado por violaciones de derechos humanos en más de 20 casos, de los cuales, en ninguno, se han cumplido las sentencias ni las reparaciones a cabalidad.
El récord de reparaciones en Venezuela no es alentador y Carlos Lusverti, abogado y director encargado del Centro de Derechos Humanos Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), lo calificó como “potencialmente malo”.
El abogado precisó que del 98% de los casos condenados por la corte en ninguno, salvo dos excepciones, se ha cumplido el dictamen. Esto, según Lusverti, revela la persistencia de un “patrón histórico de incumplimiento”.
Tradición de impunidad
El abogado y defensor de derechos humanos Alí Daniels afirmó que históricamente el Estado venezolano “no tiene la costumbre de reparar” algún daño causado o generado por él.
Precisó que son contadas las situaciones y los juicios donde los tribunales han reconocido la obligación del Estado de pagar algún tipo de indemnización y siempre los pocos casos se han generado luego de años de litigio.
“Es una triste tradición jurídica del Estado venezolano de, por un lado querer asumir todas las competencias posibles, querer abarcar todos los ámbitos posibles, pero cuando se equivoca haciéndolo, no reconoce sus obligaciones respecto a los afectados, explicó Daniels.
Lusverti coincidió con Daniels en que “el gran problema histórico” en Venezuela en términos de sentencias o decisiones internacionales “es la impunidad”.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Ucab señaló que en todos los casos analizados por la corte se distingue un patrón de impunidad que se caracteriza por la ausencia de una investigación oportuna, la determinación de responsabilidades, el reconocimiento de los hechos y las sanciones a los responsables.
Venezuela es uno de los países que presenta las cifras más altas de incumplimiento de sentencias emitidas, según cifras de la Corte IHD.
Un informe de la ONG Defiende Venezuela precisó que entre 1995-2019 se dictaron 20 fallos relacionados con la responsabilidad internacional del Estado venezolano por las violaciones de derechos humanos. De ellos, 12 se encuentran pendientes de cumplimiento, siete han sido parcialmente cumplidos y uno se encuentra dentro del período de un año que se le concede al Estado para cumplir las recomendaciones.
Reparaciones incumplidas
Venezuela acumula un historial de reparaciones que se han quedado congeladas en el tiempo y sin ninguna variación, salvo por los recordatorios que realizan algunas ONG defensoras de derechos humanos cuando se cumple un aniversario del hecho.
Un ejemplo de reparación incumplida por parte del Estado fue la Masacre de El Amparo en 1988 en el estado Apure, fronterizo con Colombia, en donde 14 hombres fueron asesinados por funcionarios policiales quienes hicieron creer que las víctimas eran supuestos guerrilleros. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que el hecho fue una ejecución extrajudicial.
Un año después, entre febrero y marzo de 1989, hubo un alzamiento civil denominado como El Caracazo como medida de protesta por las reformas económicas anunciadas por Carlos Andrés Pérez que incluían el aumento en el costo de la gasolina y el transporte público. El balance, según cifras extraoficiales, dan cuenta que fallecieron entre 2000 a 3000 personas.
Tanto a las víctimas de la Masacre de El Amparo como a las del Caracazo se les indemnizó
En el 2001, un caso estremeció a la sociedad venezolana. Linda Loaiza, una joven estudiante de 18 años fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente durante casi cuatro meses. Este hecho sigue impune. En 2018, la Corte IDH tomó cartas en el asunto en vista de la inacción del Estado venezolano y ordenó que se investigara el hecho, se sancionara al responsable y se generaran garantías de no repetición, pero ninguna se ha cumplido de manera integral.
El 18 de noviembre de 2004, el asesinato del fiscal Danilo Anderson con un artefacto explosivo puesto en su vehículo, conmocionó al país. Por el caso, los hermanos Juan Bautista, Rolando y Otoniel Guevara fueron detenidos en el 2006 y condenados a 30 años de prisión, sin pruebas sólidas que los incriminen, según pruebas recabadas por su defensa.
Un fallo de la CIDH sobre el caso determinó que el caso de los hermanos Guevara constituye una de las condenas más contundentes cometidas durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, y reafirmó la “existencia de crímenes de Estado” en el país.
Para el abogado Carlos Lusverti, en estos cuatro casos se evidencia un elemento en común: la falta de independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, la cual impide que se desarrolle un proceso adecuado y apegado a estándares internacionales.
El abogado apuntó que en el caso del Caracazo hace falta una investigación exhaustiva para sancionar a los responsables y la adecuación de los planes operativos de control del orden público. Sobre lo ocurrido en El Amparo, además de la investigación y sanción de los responsables, también se debe reformar del Código de Justicia Militar en términos de lo que fueron las afectaciones al debido proceso durante la investigación de los hechos.
Problema de fondo
Lusverti señaló que la tradición de impunidad viene dada por un problema de fondo que viene desde la base y es que en Venezuela no se realizan procesos de investigación “serios, imparciales e independientes”.
“En la medida en que ocurre una grave violación de derechos humanos y hasta que la misma no es sancionada, ese efecto de demostración da un mal ejemplo a otros funcionarios y los enavalentona a cometer más delitos”, aseguró el abogado.
A juicio de Lusverti, si los sucesos del Caracazo hubiesen sido investigados y sancionados apropiadamente, “probablemente no hubiesen víctimas que lamentar por el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones de 2014, 2017 y 2024”.
Todo cambió a partir del 98
El sociólogo y defensor de derechos humanos, Rafael Uzcátegui, aseguró que a partir de 1998 la impunidad para los funcionarios del Estado fue “total” y comenzó a manejarse en aras de la lealtad política.
Uzcategui recordó que con la llegada del chavismo al poder se eliminaron todos los contrapesos nacionales e internacionales que obligaban al Estado a asumir su responsabilidad en materia de reparación. Aseguró que desde entonces, persiste la falta de voluntad política y la ausencia de un sistema de justicia independiente que trabaje en función de las víctimas.
Uzcátegui explicó que si bien antes de 1998 las sentencias de la Corte IDH se cumplían de manera parcial, con la llegada de Hugo Chávez al poder hubo un cambio radical en la relación del Estado con el Sistema Interamericano. Después de varios años de críicas, señalamientos y desacatos, en el 2012 Chávez denunció al organismo y decidió retirar a Venezuela —de manera inconstitucional— de la jurisdicción de la Corte IDH.
En 2013, Venezuela, por orden de Nicolás Maduro, también se retiró de la Organización de Estados Americanos (OEA) y, aunque formalmente sigue siendo miembro, opera fuera de los mecanismos de protección interamericanos.
Según Carlos Lusverti, la situación de Venezuela respecto a la Corte IDH es “compleja” debido al retiro formal del país del organismo. Sin embargo, como medida provisional, la Corte IDH sigue emitiendo medidas de protección para los venezolanos a pesar del desconocimiento del Estado.
Martha Tineo, coordinadora de Justicia, Encuentro y Perdón, aseguró que Venezuela está “muy lejos” de los estándares internacionales de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Expresó que el país arrastra una historia muy lamentable de impunidad que marca el presente. De cara a una futura transición queda la incógnita abierta de cómo materializar la justicia y reparación para miles de víctimas de más de una década de conflictividad política y violaciones a los derechos humanos.
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