La cifra de 6.000 mujeres privadas de libertad en Venezuela que recientemente informó la ministra de la Mujer, Yelitze Santaella, no coincide con los registros documentados por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), según detalló esta organización en un comunicado difundido en sus redes sociales, en el que expresaron que el número no estuvo acompañado de ninguna información verificable.
También se pronunciaron por un acto de orden cerrado que realizaron privadas de libertad del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), el pasado lunes 4 de mayo, asegurando que este tipo de prácticas no puede ser presentado como un mecanismo de rehabilitación ni de organización penitenciaria.
«Las personas privadas de libertad no están bajo custodia para recibir formación militar, y la rehabilitación no se construye desde dinámicas de sometimiento, sino desde el respeto a los derechos humanos y condiciones dignas de reclusión», publicó el Observatorio.
En 2024 esta organización registró 1.969 reclusas distribuidas en el INOF y 13 anexos en otras zonas del país. El número fue actualizado en su informe de 2025 que aún no ha sido presentado pero representantes del Observatorio aseguraron que no se acerca a las 6.000 que mencionó la ministra.
La ministra Santaella se presentó en el INOF, junto con la recién designada defensora del Pueblo, Eglée González y el diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Amnistía. El propósito de la visita fue revisar los casos de privadas de libertad que cumplen con 50% de la pena o presentan casos especiales, con miras a otorgarles la libertad.
No ofreció detalles sobre las mujeres presas políticas
Durante el recorrido, Santaella ofreció una rueda de prensa, acceso que no se permitía a los medios desde hace al menos cinco años. Al ser consultada sobre el estatus de las 44 presas políticas que aún no reciben amnistía, 16 de ellas recluidas en el Inof, la ministra evitó dar detalles.
Entre esos casos se encuentra Emirlendris Benítez, detenida desde 2018 y condenada a 30 años de prisión. Actualmente se encuentra en silla de ruedas, con graves problemas de movilidad, hernias discales y secuelas de torturas reportadas, incluido un aborto que sufrió mientras estaba bajo custodia.
Santaella indicó que la responsabilidad sobre el proceso de amnistía para las presas políticas corresponde al presidente de la Comisión de Amnistía, Jorge Arreaza, quien estuvo presente en la actividad pero tampoco respondió las preguntas de los periodistas.
El OVP aseguró que en el Inof hay 650 reclusas, aunque su capacidad es solo para 350. Durante la visita, las autoridades fueron otra cifra: informaron que actualmente hay 471 privadas de libertad.
Un recorrido a medias
El recorrido que acompañó la prensa inició en la guardería del Inof, donde permanecen niños menores de dos años junto a sus madres privadas de libertad. Posteriormente pasaron por el patio central, donde se realizó una exhibición de rugby del equipo de reclusas perteneciente al Programa Alcatraz y el acto de orden cerrado frente a las autoridades al que hizo referencia el Observatorio.
En el lugar estuvo el ministro de Sistema Penitenciario, Julio Zerpa. Aunque en abril circuló un rumor sobre su posible destitución por las protestas recientes en El Rodeo, su presencia en el lugar lo desmintió.
La fachada del recinto lucía renovada, al igual que las áreas de costura, panadería, peluquería y el anfiteatro, donde esperaba una orquesta. Sin embargo, el recorrido no incluyó los dormitorios ni otras zonas como las de estudio. No se permitió a los periodistas hablar con las privadas de libertad, ni a estas interactuar entre sí.
Hasta 2024, este reclusorio fue señalado de manera recurrente como un centro de torturas, donde las presas solían gritar pidiendo auxilio y los vecinos reportaban los hechos a través de redes sociales. Fue en este lugar donde la jueza María Lourdes Afiuni, una de las primeras presas políticas del chavismo, vivió sus peores episodios de tortura.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
