16 meses pasó Carmen Teresa Navas buscando por doquier a su hijo Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años de edad. La octogenaria sabía que su descendiente había sido detenido en el marco de la represión que ha marcado al chavismo, y que tuvo un pico en enero de 2025, por el rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período luego de unas elecciones con resultado poco transparente. Justo desde los primeros días de ese mes, la madre perdió contacto con Quero.
Con sus ocho décadas a cuestas, Navas visitó centros de reclusión, hospitales, morgues y cualquier sitio donde pudiese estar una persona desaparecida. Nunca hubo respuesta.
El 8 de enero cuando el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez, anunció la excarcelación de una “cifra importante” de presos políticos, Carmen albergó un halo de esperanza y cuando la presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, oficializó la elaboración de una Ley de Amnistía, ese sentimiento se acrecentó.
Carmen se convirtió en perenne asistente a vigilias y concentraciones de familiares de presos políticos en cárceles e instituciones públicas, fue foco de los medios de comunicación y hasta fue recibida por la recién nombrada defensora del Pueblo, Eglée Gonzalez Lobato.
Pero este jueves 7 de mayo llegó la noticia que no quería escuchar: el Estado venezolano finalmente quebró el silencio y confirmó la muerte de Víctor, después de casi 10 meses de su fallecimiento.
¿Como un gobierno no sabe si un preso bajo su sistema penitenciario está vivo o muerto? Eso tal vez suceda en Venezuela y levanta una polvareda de cuestionamientos en los que salen a flote decenas de irregularidades, además de destruir el alma y corazón de una anciana a escasos días del Día de las Madres.
Contradicción cronológica
De acuerdo al comunicado emitido por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, Quero, de profesión comerciante, fue detenido en Caracas el 3 de enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Se le señaló de conspirador y su caso estuvo bajo la jurisdicción del Tribunal Especial Segundo de Terrorismo.
Según el ente gubernamental, el comerciante quincuagenario fue recluido en el Internado Judicial del Rodeo I en el estado Miranda y el 15 de julio del año pasado fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo en la localidad caraqueña de San Martín, donde murió bajo custodia del Estado nueve días después producto de una “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo que desencadenó una insuficiencia respiratoria aguda secundaria con tromboembolismo pulmonar”.
Esto significa que desde que Navas inició su búsqueda, foto en mano, tocando la puerta de todas las instituciones del Estado y denunciando la desaparición ante medios de comunicación privados y públicos, el cuerpo de su hijo ya estaba enterrado en el Cementerio Parque Jardín en Hoyo de La Puerta, que fue el lugar al que llevaron a la madre y en el que este 8 de mayo hubo intensa presencia policial por el procedimiento de exhumación ordenado desde la Fiscalía.
A modo de justificación ante los familiares de Quero, el Ministerio para el Servicio Penitenciario se excusó diciendo que este no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal en el recinto penitenciario. En vista de ello, el Estado se tomó la libertad de inhumar el cuerpo de Nava el 30 de julio de 2025.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que al inhumarlo sin presencia familiar, el Estado intenta borrar el rastro de lo acontecido dentro de El Rodeo e incurre en destrucción de evidencias.
Lo insólito es que en octubre de ese año, la propia Defensoría del Pueblo, entonces al mando de Alfredo Ruiz, replicó sin verificar una información proveniente del Ministerio Público, asegurando que Quero se encontraba en El Rodeo I, cuando ya habían transcurrido tres meses de su muerte.
Después de haberse enterado por redes sociales, apenas el 10 de marzo de este año, fue que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) inició una investigación bajo noticia criminispor la presunta desaparición de Quero, sin embargo, su madre tenía meses exigiendo respuestas.
Otra contradicción detectada es que una foto de la lápida de Quero tomada por la periodista Maryorin Méndez en el cementerio muestra una fecha de fallecimiento distinta a la difundida el Ministerio Penitenciario. En la lápida aparece que murió el 27 de julio, mientras que el gobierno afirma que fue el 24.
Pese a que la Defensoría del Pueblo señaló que es “imperioso” que las autoridades inicien una investigación exhaustiva, independiente y transparente, organizaciones civiles como JEP y Laboratorio de Paz sostuvieron que las averiguaciones no pueden quedar en manos de las mismas instituciones que lo custodiaron, incomunicaron y ocultaron, incluso después de estar muerto.
Las organizaciones piden que se aplique el Protocolo de Minnesota, un manual de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que establece estándares internacionales para investigar muertes potencialmente ilícitas o desapariciones forzadas. El objetivo de esta es garantizar investigaciones independientes, imparciales, rápidas y efectivas para asegurar justicia y rendición de cuentas.
De acuerdo a JEP, la autopsia y experticias médico-forenses deben ser practicadas por especialistas externos que garanticen que la verdad no sea enterrada junto con la víctima.
Hubo ocultamiento no ineficacia
Para el director y presidente del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, el caso de Víctor Quero es emblemático porque refleja todas las violaciones que puede cometer un Estado, desde la detención arbitraria hasta la desaparición de un individuo.
“Primero, hubo una detención arbitraria acusándolo de mercenario sin pruebas, no hubo orden de captura, lo desaparecen y lo meten en el Dgcim por aproximadamente un mes, y sabemos esos detalles porque otros presos lo vieron, no porque alguien de esa institución informó”, dijo Romero.
El abogado sentenció que, como es costumbre con los presos políticos, no le permitieron derecho a la defensa y lo llevan al Rodeo I.
“El silencio y la oscuridad es lo que rodea al caso, aquí tanto la Fiscalía como el tribunal tienen responsabilidad porque en el expediente estaba su nombre y sus datos, todos son responsables de ese ocultamiento”, explicó Romero.
El director de Foro Penal explicó que no se trata de ineficacia.
“Hay una intencionalidad de mantenerlo oculto”, recalcó.
Sentenció también que de acuerdo a las leyes no se puede llevar a alguien a una institución hospitalaria y menos someterlo a una intervención quirúrgica sin avisar a sus familiares, por supuesto, tampoco inhumarlo.
El club de los 27
De acuerdo a los registros de JEP, Víctor Quero es el preso por razones políticas número 27 que muere bajo la custodia del Estado desde 2014 a la fecha.
“Los 27 presos políticos que han perdido la vida bajo custodia del Estado, desde Rodolfo González y Fernando Albán hasta Raúl Isaías Baduel y Víctor Quero, son el testimonio de un sistema en el que la muerte fue el desenlace de la persecución política”, expuso JEP en un comunicado
Esta es la lista de fallecidos bajo custodia desde el año 2015 que maneja JEP:
- Rodolfo Pedro González (murió el 12/03/2015 en El Helicoide)
- Carlos Andrés García (murió el 17/09/2017 en El Helicoide)
- Rafael Arreaza (murió el 30/11/2017 en Ramo Verde)
- Fernando Albán (murió el 8/10/2018 en el SEBIN)
- Modesto Díaz (Murió el 4/11/2018 en el SEBIN)
- Nelson Martínez (murió el 12/12/2018 en la DGCIM )
- Virgilio Jiménez Urbina (murió el 5/02/2019 en la cárcel de Uribana – Lara )
- Ángel Javier Sequera Romero (murió 9/03/2019 en los calabozos del CICPC – Bolívar )
- Elwin Mendoza (murió el 24/03/2019 en el Destacamento 113 de la GNB-Zulia)
- Rafael Acosta Arévalo (murió el 19/06/2019 en la DGCIM)
- Wilfredo José Heredia Rodríguez (murió el 9/02/2020 en la DGCIM)
- Luis Armando Monsalve Estaba (murió el 31/05/2020 en la DGCIM)
- Pedro Pablo Santana (murió el 14/08/2020 tenía arresto domiciliario)
- .Salvador Franco (murió el 03/01/2021 en el Internado Judicial Rodeo II)
- Gabriel Andrés Medina Díaz (murió el 29/08/2021 en el Centro de Formación Hombre Nuevo Nelson Mandela de La Pica – Monagas)
- Raúl Isaías Baduel (murió el 12/10/2021 en El Helicoide)
- .Armando Flores Piñango (murió el 23/08/2022 en Ramo Verde)
- Nelson Adan Girón Giménez (murió el 31/10/2024 en el Hospital Pablo Acosta Ortiz)
- Asdrubal Santana (murió el 8/11/2024 durante su traslado al Seguro Social del municipio Biruaca)
- Jesús Manuel Martínez Medina (murió el 14/11/2024 en el Hospital Luis Razetti de Barcelona – Anzoátegui – estaba bajo custodia de la PNB)
- Jesús Rafael Álvarez (murió el 12/12/2024 en el Internado Judicial de Tocuyito – Carabobo)
- Oswal Alexander Gonzalez Pérez (murió el 16/12/2024 en el Internado Judicial de Tocuyito – Carabobo )
- Reinaldo Araujo (murió el 24/02/2025 en los calabozos de la Policía de Trujillo )
- Lindomar Jesús Amaro Bustamante (murió 03/05/2025 en el Centro Penitenciario de Aragua, Tocorón)
- Alfredo Javier Díaz Figueroa (murió el 06/12/2025 en El Helicoide)
- Edison José Torres Fernández (murió el 10/01/2026 recluido en Zona 7, Caracas)
- Víctor Hugo Quero Navas
- *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
