Familiares de privados de libertad recluidas en centros de detención del litoral central de Venezuela denunciaron presuntos hechos de corrupción y retardo procesal dentro del Circuito Judicial Penal de La Guaira.
Los denunciantes aseguran que enfrentan retrasos deliberados en la celebración de audiencias, dificultades para concretar traslados desde los centros de detención y supuestos cobros para la obtención de medidas cautelares o beneficios procesales. Estas irregularidades estarían ocurriendo, especialmente, en casos vinculados con tráfico de drogas y afectarían a reclusos de los retenes de Macuto y Caraballeda.
Los señalamientos apuntan a prácticas ejecutadas por funcionarios vinculados al sistema judicial penal de La Guaira, circuito que actualmente está bajo la dirección de la jueza rectora Dayanhara González Seijó.
“Estos tribunales aquí en La Guaira están llenos de corrupción, sobre todo en los casos de personas detenidas por drogas en el aeropuerto de Maiquetía. Esos casos se convierten en una mina de oro para algunos fiscales y jueces. Cobran por cualquier beneficio, incluso en casos donde hay personas que son inocentes y contra las que no tienen ninguna prueba”, expresó la hermana de un trabajador aeronáutico, quien pidió mantener su identidad en reserva por temor a represalias hacia el hoy detenido.
Los familiares aclararon que no buscan desconocer la responsabilidad penal que pudiera existir en algunos casos, sino exigir que los procesos se desarrollen bajo las garantías establecidas en la ley, con audiencias oportunas, derecho a la defensa y cumplimiento del debido proceso.
“Puede haber personas que tengan culpa, pero lo que pedimos es que se cumpla la ley. Que haya juicios, que se hagan las audiencias y que las familias no tengan que pagar dinero adicional para que el sistema funcione”, señaló la madre de un privado de libertad que se encuentra en el Retén de Macuto y quien también declaró bajo reserva de su identidad.
Reclaman revisión de expedientes
Los familiares solicitaron la intervención de las autoridades nacionales en el Circuito Judicial Penal de La Guaira, luego del anuncio de una revisión judicial impulsada por la administración de Delcy Rodríguez.
«A principios de junio fue instalada una comisión para revisar casos de privados de libertad en el estado La Guaira. La comisión dice que durante este proceso fueron evaluados alrededor de 470 expedientes y se otorgaron aproximadamente 70 libertades, pero a nosotros nos dejaron por fuera, porque son los casos a los que más nos sacan dinero, los abogados y los fiscales», acotó la esposa de un detenido que espera la revisión de su causa en el retén de Caraballeda y pidió la reserva de su nombre.
Tras estos resultados, se realizaron tres protestas, en las últimas dos semanas, frente a la sede de los tribunales del Circuito Judicial Penal de La Guaira, ubicada en la avenida La Playa, en Macuto. Los manifestantes solicitan que se investigue las denuncias sobre presuntos cobros irregulares dentro del sistema judicial regional, así como la destitución de la juez rectora, Dayanhara González Seijó.
Los familiares insistieron en que muchas de las personas afectadas pertenecen a familias de bajos recursos económicos y que los retrasos procesales y los pagos exigidos representan una carga para sus hogares, asegurando que solo buscan que los procesos judiciales avancen conforme a la normativa legal vigente en Venezuela.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
