Organizaciones no gubernamentales exigieron este lunes, 11 de mayo, una investigación internacional independiente por la muerte del preso político Víctor Quero Navas, cuyo fallecimiento fue informado por el Ministerio para el Servicio Penitenciario casi 10 meses después que había ocurrido.
Mediante un comunicado, 45 ONG denunciaron que el deceso de Quero Navas se mantuvo oculto durante meses mientras su madre solicitaba constantemente información oficial sobre su paradero y la misma le fue negada en múltiples oportunidades.
Víctor Hugo Quero Navas fue detenido a inicios de enero de 2025 y enfrentó un proceso judicial por acusaciones vinculadas al terrorismo. Durante su reclusión, su madre, la señora Carmen Teresa Navas, denunció que nunca le fue informado su paradero y organizaciones de DDHH alertaron sobre la “desaparición forzada de corta duración, incomunicación prolongada” y múltiples obstáculos para verificar su estado de salud física.
El Ministerio Penitenciario informó el pasado 7 de mayo que Quero Navas, de 51 años, murió el 24 de julio de 2025. Además, señaló que el Estado realizó el entierro sin notificar a sus familiares. Este hecho motivó a la sociedad civil a exigir una aclaración sobre lo sucedido, pues consideran que la falta de información sugiere la “comisión de torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Irregularidades judiciales y falta de información
El documento señala que el sistema judicial venezolano rechazó diversas acciones para proteger al detenido. Incluso, sin saber que ya había fallecido por la opacidad en la información, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a su favor y de su madre.
Las organizaciones sostienen que el caso “resume de manera dramática buena parte de las graves violaciones de derechos humanos” registradas en el país recientemente.
Para las ONG firmantes, la respuesta estatal se caracteriza por la “tergiversación y ocultamiento de hechos esenciales” y la ausencia de investigaciones sobre la actuación de los funcionarios. Además, denuncian que la ciudadanía “no cuenta hoy con garantías suficientes de imparcialidad, transparencia y confianza” en las instituciones nacionales para liderar este proceso.
“Cuando una persona fallece bajo custodia estatal, corresponde al Estado demostrar de manera transparente, independiente y verificable las circunstancias de lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información suficiente ni garantías mínimas de imparcialidad que permitan generar confianza pública sobre el manejo del caso”, denuncian.
Demanda de una comisión internacional
Ante la gravedad de los hechos, los sectores civiles consideran “indispensable la conformación de una Comisión de Investigación Internacional Independiente”. Esta instancia deberá contar con el liderazgo de mecanismos internacionales de derechos humanos para establecer responsabilidades y garantizar “verdad y justicia para las víctimas y sus familiares”.
Dicha comisión debería integrar a expertos de Naciones Unidas y peritos forenses que contribuyan a “garantizar independencia, credibilidad y confianza pública en el proceso”. Las organizaciones, además, exigen que la investigación cumpla con el Protocolo de Minnesota sobre muertes ilícitas y el Protocolo de Estambul sobre casos de tortura.
Exigencia de libertad y estándares globales
En el documento, las ONG advierten que “la vida y la integridad de las personas detenidas por motivos políticos continúan en grave riesgo en Venezuela”. Por este motivo, el comunicado demanda la “liberación inmediata de todas las personas” que permanecen privadas de libertad bajo estas condiciones.
“Sin verdad, justicia y sanción a los responsables, no puede existir una convivencia democrática genuina ni garantías de no repetición. La verdad, la justicia y las garantías de no repetición son condiciones fundamentales para cualquier posibilidad de paz, reconstrucción institucional y reconciliación democrática en Venezuela”, manifestaron las ONG.
Las organizaciones finalizaron el comunicado reiterando sus condolencias y solidaridad con la señora Carmen Teresa Navas, así como con todos sus familiares y allegados. “El sufrimiento vivido por la familia Quero Navas no puede repetirse”, concluyeron.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
