El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) advirtió que la crisis penitenciaria venezolana se agrava cada día entre hacinamiento, retardo procesal, traslados arbitrarios, enfermedades y ausencia total de garantías para la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.
A través de su cuenta en X, el OVP denunció que 14 personas privadas de libertad han muerto bajo custodia del Estado venezolano entre abril y los primeros días de mayo de 2026.
Según reseña el OVP, la víctima más reciente es Leonel Enrique Rodríguez Ramos, recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara, quien falleció el pasado 10 de Mayo tras presentar un paro respiratorio.
A este caso se suma la muerte del ex concejal José Manuel Nazareth García Sabino, ocurrida el pasado 9 de mayo, dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco en Anzoátegui. Inicialmente las autoridades presentaron este hecho como un presunto suicidio; sin embargo, la necropsia practicada posteriormente determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.
“La muerte de García Sabino vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de lo que ocurre dentro de los centros de detención y calabozos policiales en Venezuela, donde el hacinamiento, la violencia, la ausencia de control institucional y la falta de garantías para la vida continúan dejando víctimas bajo custodia estatal”, expresó el observatorio.
🚨#OVPDenuncia Al menos 14 personas privadas de libertad han muerto bajo custodia del Estado venezolano entre abril y los primeros días de mayo de 2026.
La más reciente víctima es Leonel Enrique Rodríguez Ramos, recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix, en el estado Lara,… pic.twitter.com/NAdqTce4vX
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 11, 2026
Las víctimas del sistema
Entre las víctimas que el Observatorio Venezolano de Prisiones ha podido registrar están: José Espinales, también recluido en Fénix, quien murió tras permanecer más de cinco meses hospitalizado por una enfermedad respiratoria; Francisco Segundo Ojeda, en el Centro de Reclusión Penitenciario Judicial 26 de Julio; Antonio José Manzano, en la antigua cárcel de El Marite; Yelamo Zárraga José Ramón, en Tocuyito; Rosqui Norberto Escalona, en Uribana; Deivi Enrique García, en Rodeo IV; y Ovidio José Madriz Mendoza, en Rodeo III.
A estos casos se suman las cinco muertes ocurridas en Yare III, en un hecho que la versión oficial calificó como presunto motín, mientras familiares denunciaron heridas por arma de fuego en los cuerpos.
El OVP señaló que el régimen “viola flagrantemente los derechos fundamentales de miles de privados de libertad” mientras que los familiares de los detenidos siguen asumiendo gastos médicos, medicamentos, alimentos e insumos básicos que el sistema penitenciario debería garantizar.
Resaltó que muchas veces los presos mueren lejos de sus estados de origen, agravando aún más el sufrimiento de sus familiares.
La ONG exigió una investigación exhaustiva e imparcial sobre cada una de estas muertes. “Estos hechos continúan siendo documentados e informados ante instancias internacionales de protección de derechos humanos”.
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