La comunidad internacional eleva nuevamente la voz ante la crisis de derechos humanos en Venezuela. Este lunes, 11 de mayo, 31 exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) difundieron una declaración en la que exigen el cese inmediato en el poder de quienes han convertido la desaparición forzada y la tortura en política de Estado en Venezuela.
Este pronunciamiento surge como respuesta inmediata al caso de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político cuya muerte fue ocultada por el oficialismo durante meses, al igual que su paradero. La información solo salió a la luz tras la insistente denuncia pública de su madre, Carmen Teresa Navas, y los medios de comunicación nacionales.
Para los exmandatarios de este foro internacional estos hechos no son aislados, sino un patrón repetitivo que vulnera los tratados internacionales y la dignidad humana.
El grupo IDEA calificó como un “escándalo” la manera en la que se manejó oficialmente la integridad de Víctor Quero y su fallecimiento, cuando se supone que estaba bajo la responsabilidad de organismos de seguridad. Los exjefes de Estado consideran que se trata de una muy importante violación a los derechos humanos en el país.
En el comunicado se recuerda que la desaparición forzada ha sido definida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una “violación múltiple, continúa y grave de derechos humanos que combina la privación de libertad, la tortura y frecuentemente la ejecución extrajudicial”. En el contexto venezolano, el grupo IDEA advierte que estas acciones pueden constituir o crímenes de lesa humanidad que no se olvidan y que tienen que obligar a los responsables a rendir cuentas ante la justicia internacional.
Los exmandatarios recordaron una lista de al menos 28 presos políticos que han perdido la vida bajo custodia del Estado desde que Nicolás Maduro asumió el poder. Entre algunos de los casos mencionados por la IDEA se encuentra el del concejal, Fernando Albán, quien murió tras “caer” del décimo piso de la sede del Sebin en Plaza Venezuela, y el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien falleció con signos evidentes de tortura.
Estas muertes, según el grupo, es la prueba más real y palpable de la “ruptura” del orden jurídico y humanitario en el país, donde la integridad física de los detenidos por razones políticas es inexistente.
Más de 750 víctimas
En el comunicado de exmandatarios se destacó que entre los años 2018 y 2020 hubo más de 750 víctimas de desaparición forzada en el país, una práctica que, básicamente, consiste en privar a una persona de su libertad seguida de un silencio sobre su paradero, y en Venezuela es utilizada como una herramienta de persecución política.
El grupo IDEA consideró finalmente que no puede haber una normalización política y social mientras los responsables de estos “crímenes de lesa humanidad permanezcan en el poder”. En tal sentido, exigen el restablecimiento de la democracia y el cese en el poder de quienes han sido identificados como perpetradores de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en informes como los de la Misión de la ONU
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