La organización defensora de derechos humanos Provea advirtió este miércoles sobre el riesgo de que el proceso de estabilización que atraviesa Venezuela termine priorizando la recuperación económica por encima de la justicia, la democracia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
La alerta la hizo Óscar Murillo, coordinador general de la ONG, durante la presentación del informe anual El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia, en el que se analiza la situación política, institucional y social del país durante el 2025 y tras los hechos del 3 de enero de este año.
“Tecnocracia autocrática”
Murillo sostuvo que Venezuela enfrenta una crisis estructural de derechos humanos y afirmó que el escenario político podría derivar en una “tecnocracia autocrática” si la recuperación económica avanza sin garantías democráticas ni transformaciones institucionales profundas.
El representante de Provea señaló que, tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por parte de las fuerzas militares estadounidenses, se abrió una etapa marcada por la incertidumbre, pero también por expectativas de reinstitucionalización y mejoras en las condiciones de vida de la población.
Sin embargo, señaló que existe el peligro de que el proceso se concentre únicamente en ofrecer estabilidad y garantías para inversiones extranjeras, dejando de lado aspectos fundamentales como la memoria, la justicia, el Estado de derecho y los derechos humanos.
“Decimos esto porque el aparato represivo del Estado permanece intacto, el marco normativo que lo sustenta sigue vigente y las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos aún no cuentan con garantías reales de verdad, justicia ni reparación”, expresó.
“La situación actual debe leerse como un punto de partida, un terreno frágil donde todo está por definirse. Y la voz e incidencia de la sociedad civil es fundamental para que Venezuela transite hacia un proceso que recupere la vigencia de la Constitución y el Estado de derecho”, añadió.
“El eclipse de la Constitución”
El informe presentado por la organización da continuidad a dos balances previos elaborados por Provea.
Murillo recordó que en 2024 la ONG publicó el documento Una década oscura para los derechos humanos, en el que evaluó la gestión de Nicolás Maduro y denunció un profundo deterioro institucional y social. Según explicó, las recomendaciones planteadas entonces fueron ignoradas por las autoridades.
Posteriormente, el informe correspondiente a 2025 analizó las consecuencias del bloqueo a la salida electoral y la respuesta represiva del gobierno frente a las protestas y reclamos políticos, un contexto que produjo “dolor y sufrimiento” en numerosas familias venezolanas.
El periodista afirmó que el eclipse “no debe ser eterno” y sostuvo que se necesitará una fuerte movilización social para recuperar la vigencia constitucional y democrática.
Describió a Venezuela como ejemplo de cómo un sistema democrático puede ser erosionado progresivamente desde el poder mediante el debilitamiento de los contrapesos institucionales y la concentración de autoridad.
Exige reformas institucionales
El coordinador de Provea insistió en que cualquier proceso de estabilización nacional debe incluir medidas concretas para desmontar el “andamiaje represivo” construido durante las últimas dos décadas.
Entre ellas mencionó la derogación de leyes y normas que han restringido la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, así como el cese del uso del sistema judicial y de los cuerpos de seguridad para perseguir a la disidencia política.
“Venezuela enfrenta una crisis estructural de derechos humanos. Las olas represivas recurrentes han incluido limitaciones graves a las libertades civiles y políticas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y trato cruel e inhumano”, señaló.
También reclamó una reforma “transparente y sincera” del Poder Judicial y una reestructuración del Poder Electoral, instituciones que, según la organización, continúan subordinadas al chavismo.
Murillo indicó que solo mediante una reinstitucionalización real podrían crearse condiciones para celebrar elecciones “razonablemente justas y transparentes” que permitan el surgimiento de un gobierno representativo y democrático.
Criticó la aplicación de la Ley de Amnistía promulgada este año, al considerar que se ha implementado de manera “discrecional y arbitraria” y que ha excluido a numerosas personas detenidas por razones políticas.
Reiteró la exigencia de liberación plena e inmediata de todos los presos políticos.
Crisis económica y deuda social
El informe también aborda el impacto de la crisis económica sobre los derechos sociales y económicos de la población. Murillo señaló que la hiperinflación, el deterioro de los servicios públicos y el colapso de sectores esenciales han profundizado la vulneración de derechos vinculados a la salud, alimentación, educación, vivienda y trabajo digno.
Advirtió que la deuda social del Estado venezolano no se limita al deterioro salarial y de las pensiones, sino también a la ausencia de políticas de protección para los sectores más vulnerables. Como ejemplo, mencionó la situación de comunidades indígenas como los yanomami, afectadas por enfermedades como la malaria y la tuberculosis.
El dirigente de Provea también cuestionó la falta de transparencia en el proceso de transformación económica actual y afirmó que, hasta ahora, no existen señales claras de cambios institucionales sostenibles.
Subrayó que la reconstrucción democrática dependerá en gran medida de la capacidad de articulación de la sociedad civil, organizaciones sociales, sindicatos, movimientos políticos y defensores de derechos humanos.
“Elevamos nuestra voz con la exigencia de la liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas que se encuentran hoy día privadas ilegítimamente de libertad. La Ley de Amnistía, desafortunadamente, no fue suficiente para lograr esto porque ha excluido a muchísimas personas y su aplicación ha sido discrecional y arbitraria.”, expresó.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
