La organización no gubernamental Provea presentó este jueves, 14 de mayo, su informe anual titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”. El evento, realizado en la Universidad Central de Venezuela (UCV), congregó a activistas, víctimas, académicos y miembros del cuerpo diplomático para analizar el estado de las garantías fundamentales en el país durante el último año y los primeros meses de 2026.
La presentación contó con un panel de expertos y voces de la sociedad civil que abordaron la crisis desde distintas dimensiones. Óscar Murillo, coordinador general de Provea, quien ofreció el contexto político y los retos de la transición; Lissette González, coordinadora de Investigación de la organización, quien detalló los hallazgos estadísticos sobre derechos sociales y civiles; la historiadora Margarita López Maya analizó el nuevo escenario geopolítico tras los eventos de enero de 2026; Javier Tarazona, director de Fundaredes y expreso político, quien brindó un testimonio sobre la tortura y la judicialización; y Lis Hernández, lideresa indígena que denunció la devastación ambiental en el sur del país.
Un sistema democrático en eclosión
Óscar Murillo inició su intervención contextualizando la gravedad del retroceso institucional. Según el coordinador de la ONG, el año 2025 estuvo marcado por el desconocimiento de procesos electorales y una respuesta estatal basada en la “represión histórica”. Murillo explicó que Venezuela es un caso de estudio sobre cómo líderes populistas autoritarios logran socavar los contrapesos democráticos desde el interior de las instituciones.
Sobre el panorama actual de 2026, Murillo señaló que los hechos del 3 de enero abrieron un proceso de “enorme incertidumbre y altas expectativas”. Sin embargo, advirtió sobre los peligros de una estabilización cosmética:
“Existe un riesgo real en que la estabilización se centre únicamente en brindar garantías para las inversiones extranjeras, dejando de lado la justicia, la memoria, el estado de derecho, los DDHH y la democracia”, expresó Murillo.
Para Provea, el “aparato represivo” sigue intacto y el marco normativo que lo sustenta continúa vigente.
El riesgo de la “tecnocracia“
Óscar Murillo manifestó su preocupación en el modelo económico que intenta emerger bajo la nueva gestión gubernamental tras los sucesos del 3 de enero enero. El coordinador general de Provea alertó sobre la posibilidad de que se consolide un modelo de “liberación económica” despojado de derechos ciudadanos.
Sobre la política de pacificación, advirtió que la Ley de Amnistía no ha cumplido su objetivo primordial. “La Ley de Amnistía, desafortunadamente, no fue suficiente porque ha excluido a muchísimas personas y su aplicación ha sido discrecional y arbitraria”, sentenció.
Asimismo, señaló que las decisiones económicas actuales marcan una transición hacia un modelo más ordenado, pero no necesariamente más democrático. Advirtió que este camino puede derivar en una “tecnocracia autoritaria” que priorice el capital sobre la justicia social.
La deuda social: Salarios ínfimos y colapso de servicios
Lissette González presentó los resultados de la investigación de Provea, enfatizando que la deuda social creció exponencialmente en 2025. Los datos revelan un estancamiento del salario mínimo en 130 bolívares desde el año 2022, lo que para diciembre de 2025 representaba apenas 0,45 dólares al mes. González explicó que este ingreso no ocurre en el vacío, sino bajo una inflación en alimentos que alcanzó el 260% el año pasado.
La investigadora vinculó la precariedad económica con la vulneración de derechos básicos. En el área de salud, el monitoreo independiente registró más de 94.000 denuncias por violaciones al derecho a la salud. Los datos de la Encuesta Nacional de Hospitales citados en el informe son preocupantes: “89% de los centros hospitalarios no contaba con insumos suficientes, 88% no contaba con medicamentos”. Además, se reportó un incremento en el cobro de servicios en centros de salud que legalmente deberían ser públicos y gratuitos.
En materia educativa, González destacó que, aunque hubo intentos por aumentar la escolaridad, el 30% de los niños en Venezuela no asistió a clase los cinco días de la semana durante 2025 debido a barreras económicas. Según la experta, la educación en Venezuela está dejando de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio que depende del origen socioeconómico de los padres.
Represión focalizada y desapariciones forzadas
El informe de Provea detalla un cambio en la dinámica represiva del Estado. Si bien las detenciones masivas disminuyeron en comparación con el pico inusitado de 2024 en el contexto poselectoral, la violencia se volvió más selectiva. González reportó 596 violaciones a la libertad personal en 2025, con un enfoque dirigido hacia dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas y defensores de derechos humanos.
Uno de los puntos más críticos fue el aumento de las desapariciones forzadas, con 160 víctimas registradas el año pasado. El informe también documenta 42 víctimas de tortura y 336 violaciones al derecho a la vida.
“54% de estas víctimas son jóvenes entre 18 y 30 años. Continúa allí vigente un patrón de etiquetamiento y criminalización de los jóvenes pobres”, afirmó González, denunciando además que el Ministerio Público no investigó ninguna de estas muertes.
González enfatizó que la crisis no es solo estadística, sino que se manifiesta en el deterioro físico de las nuevas generaciones. Según el informe, diversas organizaciones registraron un aumento drástico en la desnutrición infantil y la inseguridad alimentaria en los hogares durante 2025. A esto se suma el colapso del sistema preventivo: “La baja cobertura de las vacunaciones nos muestra una situación de salud también muy complicada que viene siéndolo desde la pandemia”, explicó la investigadora.
El fin de una época y el “tutelaje” internacional
La investigadora e historiadora Margarita López Maya presentó el capítulo especial del informe, donde analiza la trayectoria del chavismo y el madurismo hasta la crisis actual. La historiadora ofreció una distinción técnica sobre la degradación del poder en Venezuela. Explicó que mientras en la primera etapa se vivió una “democracia iliberal” donde se respetaban las formas electorales pero no las instituciones, a partir de 2015 el modelo mutó hacia un autoritarismo abierto.
Según la experta, el gobierno de Nicolás Maduro, al reconocerse como una minoría electoral tras las parlamentarias de ese año, optó por desmantelar los residuos democráticos para gobernar bajo estados de excepción permanentes, lo que culminó en el “eclipse” constitucional que documenta Provea.
En ese sentido, sostiene que el ciclo que se inició con grandes expectativas de participación protagónica terminó degradándose en un régimen autoritario abierto que, tras los sucesos del 3 enero de 2026, que resultaron en la captura del exgobernante Nicolás Maduro, ha entrado en una fase de “tutelaje” por parte de los Estados Unidos.
López Maya agregó que las directrices del Ejecutivo Nacional en Venezuela son ahora supervisadas o impuestas por el gobierno estadounidense bajo la administración de Donald Trump. Esta situación genera un escenario complejo: “Se abrió la posibilidad de que un escenario en el cual nosotros sigamos dentro de un régimen autoritario modificado para adaptarse a los intereses de los Estados Unidos”.
Asimismo, la experta enfatizó que mientras el interés de Washington parece centrarse en la reactivación económica y la estabilidad para las inversiones, el anhelo de la sociedad venezolana es recuperar la institucionalidad democrática y el acceso a derechos básicos.
El testimonio de la tortura y la luz del activismo
Javier Tarazona, director de Fundaredes, ofreció un testimonio vívido sobre su experiencia tras cuatro años y siete meses de cautiverio. Tarazona describió los centros de detención como lugares de “mucha oscuridad” y relató los tratos degradantes sufridos: “47 días pasé sin bañarme, donde me servían la comida de donde defecaba”.
Para Tarazona, la Constitución venezolana se ha convertido en un “escudo roto” y el eclipse actual representa la imposición de la arbitrariedad sobre la dignidad. Sin embargo, su mensaje se centró en la necesidad de transformar el dolor en acción ciudadana.
“Si el poder ha usado la ley para oprimir, nosotros usaremos la verdad para liberar”, declaró, instando a los presentes a no ser simples espectadores del “eclipse” político y a trabajar en la formación de una ciudadanía que ejerza sus derechos en lugar de mendigarlos.
A pesar de su presencia en el auditorio de la UCV, Tarazona recordó que su proceso judicial no ha terminado. “Salgo de aquí, voy al tribunal a audiencia de juicio. Porque se pretende callar la verdad”, denunció.
Minería y abandono de los pueblos indígenas
La lideresa indígena Lis Hernández denunció la situación en el municipio Gran Sabana y las zonas mineras. Hernández describió una crisis de inseguridad provocada por la minería ilegal y la presencia de grupos armados, que ha derivado en un aumento de enfermedades como la malaria y afecciones de transmisión sexual.
Hernández señaló que el Estado ha fallado en su rol de protector. Denunció que el 18 de febrero de 2026 la sede del Consejo de Caciques Generales fue atacada por grupos armados pese a la presencia de 11 cuerpos de seguridad en la zona.
Además, denunció que la nueva normativa minera se aplica sin la consulta previa, libre e informada que exige la Constitución. Señaló que el concepto de “minería responsable” del gobierno es inexistente en la práctica de las comunidades.
“El Estado o el gobierno donde menciona en su nueva ley que va a ser una minería responsable, ellos han fallado en su rol de protector”, sentenció la lideresa.
Finalmente, alertó de la inacción de los cuerpos de seguridad frente a grupos armados extranjeros que explotan las tierras indígenas. La lideresa denunció que estos grupos obligan a hombres y mujeres indígenas a practicar la minería ilegal como única vía de subsistencia ante el abandono total de servicios básicos por parte del Estado.
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LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
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- El testimonio de la tortura y la luz del activismo
- Minería y abandono de los pueblos indígenas
