El Bloque Constitucional exigió a las autoridades venezolanas la apertura de una investigación independiente, rigurosa y con estándares internacionales sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, ocurrida bajo custodia del Estado, así como la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.
«A las autoridades venezolanas en funciones, que velen por una investigación independiente y rigurosa sobre posibles torturas contra Víctor Hugo Quero Navas y determinen la exacta causa de su muerte; asimismo, que se determinen culpables y responsabilidades en la cadena de mando y sus sanciones; todo ello con base en los estándares internacionales establecidos en el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota de las Naciones Unidas» indicó la organización en un comunicado.
El Bloque Constitucional exhortó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y al gobierno de Estados Unidos a realizar seguimiento a las investigaciones sobre el caso y llamó a la opinión pública venezolana a mantenerse atenta a su desarrollo.
Denuncias de desaparición forzada y fallecimiento bajo custodia
De acuerdo con el comunicado, Víctor Hugo Quero Navas fue víctima de desaparición forzada desde enero de 2025, presuntamente ejecutada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Caracas.
La organización señala que ese hecho constituye violación del artículo 45 de la Constitución venezolana.
El texto señala que la madre del detenido, Carmen Navas, efectuó múltiples gestiones ante organismos del Estado sin obtener información veraz sobre su paradero.
El Bloque Constitucional indicó que el 15 de julio de 2025 el ciudadano fue trasladado de emergencia al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo por “una hemorragia digestiva y fiebre alta”, información que según el comunicado fue conocida después de su muerte.
La organización afirma que Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 a las 23:25 horas, según datos del Ministerio de Servicios Penitenciarios, y denunció que el entierro se llevó a cabo sin notificación a sus familiares.
Cuestionó que el 6 de mayo de 2026 un tribunal venezolano haya negado solicitud de amnistía “como si el detenido estuviera vivo”, lo que considera una irregularidad judicial grave.
Contexto de derechos humanos
Organizaciones como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela y Foro Penal han documentado en los últimos años patrones de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia estatal, particularmente en centros operados por organismos de seguridad como la Dgcim y el Sebin.
Estos informes han advertido sobre la falta de garantías de debido proceso, acceso a defensa privada y notificación oportuna a familiares en casos de detención.
El comunicado fue firmado por la coordinación del Bloque Constitucional, encabezada por Cecilia Sosa Gómez, junto con un amplio grupo de juristas, académicos, exmagistrados y representantes de colegios de abogados nacionales e internacionales.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
