Las desapariciones forzadas aumentaron más de 800% en los últimos 25 años en Venezuela, bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, así lo documentó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe correspondiente al año pasado, en el que detalló la crítica situación de los derechos humanos en el país meses después del fraude en las presidenciales del 28 de julio de 2024.
El documento, titulado El eclipse de la Constitución: Venezuela exige justicia y democracia 2025 y presentado el jueves en el Auditorio César Ríos de la Universidad Central de Venezuela, señaló que durante 2025 se registraron 95 casos y 160 víctimas de desaparición forzada, lo que representa un aumento de 196% respecto a 2024 y de 841% frente al promedio histórico de los últimos 25 años.
Aunque no se menciona en el informe debido al momento en que trascendió la información, durante la presentación los defensores de derechos humanos señalaron el caso de Víctor Quero Navas, detenido en enero de 2025 y desde entonces su madre, Carmen Navas, desconocía dónde se encontraba.
Tras el anuncio realizado por Jorge Rodríguez en enero sobre una supuesta liberación masiva de presos políticos, la mujer comenzó a participar en protestas y a acudir ante las instancias de justicia para reclamar información sobre su hijo hasta que finalmente se enteró, a principios de mayo, de que había fallecido hace 10 meses.
Métodos menos visibles, pero más sofisticados
Provea indicó que la desaparición forzada se consolidó como una herramienta recurrente dentro de la política represiva del Estado venezolano, especialmente en contextos de persecución. Señaló que, aunque el número global de violaciones al derecho a la libertad personal cayó 77,4% en comparación con 2024, la disminución no implica una mejora en la situación de los derechos humanos.
Por el contrario, la organización considera que el aparato represivo evolucionó hacia métodos menos visibles y más sofisticados y focalizados. Aunque el número total de detenciones arbitrarias e ilegales disminuyó de forma significativa respecto al año anterior, advirtió que este patrón revela mayor selectividad, clandestinidad y profundización de los abusos institucionales, especialmente contra dirigentes sociales, activistas políticos, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos.
Según el documento, las desapariciones forzadas se convirtieron en uno de los principales mecanismos de represión documentados en Venezuela.
La ONG documentó 513 personas detenidas por razones políticas en 2025, lo que equivale a 86% de todos los casos registrados de violaciones a la libertad personal y aunque la cifra es menor a la de 2024, marcado por la represión poselectoral, se mantiene como la segunda más alta de los últimos años.
Dentro de ese número, 145 detenidos políticos sufrieron desaparición forzada, es decir, permanecieron sin información oficial sobre su paradero, incomunicados o fuera del alcance de sus familiares y abogados. Algunos casos se prolongaron durante más de 100 días.
Provea indicó que estos hechos ocurrieron principalmente en enero, mayo y junio, períodos vinculados momentos álgidos políticamente como la juramentación ilegítima de Nicolás Maduro y las posteriores elecciones regionales y legislativas.
Muchos familiares recurrieron a recursos de habeas corpus que nunca tuvieron respuestas por parte del sistema judicial, lo que evidencia la instrumentalización política de la justicia venezolana.
Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, fue una de estas víctimas. Funcionarios encapuchados lo detuvieron el 7 de enero del año en Caracas y durante nueve días sus familiares no tuvieron conocimiento sobre su paradero. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a su favor y posteriormente lo excarcelaron bajo régimen de presentación.
En caso documentado está el del defensor de derechos humanos Eduardo Torres, integrante de Provea y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, quien estuvo desaparecido durante ocho días. Según el informe, las autoridades judiciales incluso se negaron inicialmente a recibir el recurso de habeas corpus presentado por la organización.
Más tarde se informó que Torres estaba recluido en El Helicoide, donde permaneció más de cinco meses incomunicado, acusado de supuesta conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación.
Provea también señaló casos de periodistas, estudiantes, activistas y adolescentes detenidos en circunstancias similares. Entre ellos, Nakary Ramos y Gianni González, arrestados tras publicar un reportaje sobre la inseguridad en Caracas; Jonathan Bravo, adolescente con TDAH detenido por mensajes enviados en WhatsApp, y Jesús Gabriel Useche, joven con discapacidad cognitiva acusado de terrorismo.
Desapariciones forzadas de corta duración
Uno de los patrones más reiterado es el uso de desapariciones forzadas de corta duración. Los registros analizados señalan que al menos 85% de los arrestos incluyeron períodos superiores a 72 horas sin información oficial sobre el paradero de los detenidos.
Las víctimas eran trasladadas a lugares desconocidos, mantenidas incomunicadas y excluidas de registros policiales.
Provea documentó al menos 67 casos de desapariciones forzadas temporales durante el período analizado. Expuso que los familiares enfrentaron además enormes obstáculos para intentar activar mecanismos legales de protección.
Afirmó que tribunales y fiscalías se negaron repetidamente a recibir acciones de habeas corpus o denuncias por desaparición forzada. Incluso cuando los escritos fueron recibidos por el Tribunal Supremo de Justicia, las respuestas judiciales no llegaron dentro de los plazos legales.
Tendencia ascendente en la última década
La organización registró 141 detenciones individuales durante 2025 y, aunque representan una caída respecto al año anterior, muestran una tendencia ascendente durante la última década. Las víctimas identificadas fueron principalmente hombres, dirigentes políticos, líderes sociales, trabajadores, periodistas y estudiantes.
También se documentó la detención de al menos 14 niños, niñas y adolescentes.
En ese contexto, al menos 58 presos políticos sufrieron violaciones graves a su derecho a la salud, incluyendo enfermedades gastrointestinales, respiratorias, cardíacas, renales y psicológicas agravadas por el encierro y la falta de atención médica. Se registraron además denuncias de aislamiento, incomunicación, tortura y malos tratos.
La organización alertó sobre un patrón de persecución indirecta mediante la detención de familiares de opositores y activistas, como ocurrió con Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, quien estuvo 11 meses en desaparición forzada antes de recibir una condena a 30 años de prisión por terrorismo y conspiración, así como con familiares de dirigentes de Voluntad Popular y parientes de exlíderes estudiantiles.
Militarización frente a la disidencia y conflictos sociales
En la investigación se detectó la creciente participación de organismos militares y de inteligencia en las detenciones arbitrarias. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto con la Dirección General de Contrainteligencia Militar y la Guardia Nacional Bolivariana, apareció vinculada a una parte importante de los arrestos documentados.
En casos de detenciones políticas, 42% las ejecutaron organismos adscritos a la FANB, principalmente la Dgcim. La Policía Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional también tuvieron una amplia participación en esos procedimientos.
Provea enfatizó que la tendencia evidenció una mayor militarización de la respuesta estatal frente a la disidencia política y los conflictos sociales.
Señaló que las entidades con mayor número de detenciones arbitrarias fueron Distrito Capital, Falcón, Barinas, Zulia, Carabobo, Miranda y Trujillo.
En Falcón, el informe destacó la desaparición forzada denunciada por familiares de 30 trabajadores del Complejo Refinador de Paraguaná, detenidos por la Dgcim después de que los acusaron de presunto sabotaje relacionado con combustible. También se reseña la detención de 29 aficionados del Deportivo Táchira por parte del Sebin, luego de incidentes ocurridos durante un viaje hacia Caracas para asistir a un partido de fútbol.
Un escenario de “terrorismo de Estado”
La organización sostiene que Venezuela vivió un escenario de “terrorismo de Estado” marcado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, allanamientos ilegales, hostigamiento y persecución política. El año pasado, Provea computó 659 denuncias de violaciones al derecho a la integridad en medio de la profundización de la represión, el cierre del espacio cívico y la consolidación de los mecanismos de control social en el país.
El gobierno venezolano en ese entonces utilizó de manera sistemática los organismos de seguridad y el sistema de administración de justicia, lo que permitió recudir drásticamente la protesta, pero la ONG insistió en que este descenso no se debió a una mejora de las condiciones sociales o económicas, sino al incremento del miedo y de los mecanismos de vigilancia y control en la población.
“El terrorismo de Estado, que se impuso de manera abierta tras las elecciones presidenciales y las protestas de 2024, atenazó las demandas ciudadanas de cambio político mediante detenciones masivas, desapariciones forzadas y el empleo generalizado del sistema de administración de justicia para perseguir a la disidencia política y social”, señaló el documento.
La ONG afirmó que la militarización del territorio, la vigilancia policial-militar y el uso de legislación restrictiva redujeron “al mínimo” el ejercicio de derechos fundamentales como la libre reunión, la protesta pacífica y la participación política.
Tortura, tratos crueles y allanamientos
En ese contexto, Provea registró 659 denuncias relacionadas con violaciones al derecho a la integridad personal, que incluyeron 54 casos de tortura, 580 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, así como 33 allanamientos ilegales e injerencias indebidas en hogares, 28 denuncias por amenazas y hostigamiento y 6 personas heridas o lesionadas.
Muchas víctimas sufrieron varios abusos simultáneamente, por lo que una misma persona pudo haber sido objeto de torturas, incomunicación, amenazas, privación de alimentos y violaciones al debido proceso.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional apareció como uno de los organismos más señalados en las denuncias, seguido de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Provea contabilizó 54 víctimas de tortura durante 2025. Esto supone una disminución respecto al año anterior, pero la organización sostuvo que la práctica continúa siendo sistemática y generalizada.
Según el informe, la Dgcim fue señalada como responsable en 21 casos, mientras que el Sebin apareció involucrado en 15 denuncias. Ambos organismos, indicó, concentran gran parte de las detenciones arbitrarias y denuncias de tortura registradas en Venezuela.
Los testimonios recogidos describieron patrones de actuación repetitivos, entre ellos detenciones arbitrarias, incomunicación prolongada, amenazas contra familiares, traslados clandestinos y reclusión en centros identificados previamente por organismos internacionales como espacios de tortura.
Las víctimas denunciaron golpizas, fracturas, amputación de uñas, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas, simulaciones de ejecución, amenazas de muerte y distintos tipos de violencia sexual.
“Me arrancaron uñas de manos y pies, descargas eléctricas en testículos y a través de ortodoncia, asfixia con bolsa, intento de violación con un palo, puñaladas en manos, guindado de brazos causando lesión en hombro”, señala uno de los testimonios citados en el informe.
Provea, que afirmó que estos hechos no constituyen hechos aislados, enfatizó que la tortura se mantiene como una práctica estructural del aparato represivo y recordó que en informes anteriores ya había documentado el uso sistemático de torturas y otros tratos crueles por parte de distintos cuerpos de seguridad.
Cicpc acumula el mayor número de denuncias de tortura
Entre 2013 y 2025, el Cicpc acumuló el mayor número de denuncias de tortura registradas por Provea, seguido de la Dgcim y del cuerpo de custodios penitenciarios.
El informe también citó documentos de Naciones Unidas sobre la tortura psicológica e indicó que los mecanismos descritos por la Relatoría Especial contra la Tortura se han denunciado de forma reiterada en Venezuela.
Figuran amenazas directas o indirectas contra familiares, aislamiento, privación sensorial, humillación pública, manipulación psicológica, restricción arbitraria de alimentos, información y contacto humano, así como vulneración de la intimidad e integridad sexual.
El informe registró asimismo 580 víctimas de tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, como abusos físicos y psicológicos y restricciones severas al debido proceso y a las garantías judiciales.
En más de 400 casos pudo identificarse a los organismos responsables: la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que encabezó la lista con 142 casos, seguida del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.
Las víctimas denunciaron desapariciones forzadas temporales, privación de alimentos y agua, negación de atención médica, privación del sueño, condiciones de reclusión degradantes, presentaciones tardías ante tribunales, negación del derecho a abogados de confianza, imposición de defensores públicos y negativa a recibir recursos de habeas corpus.
El informe señaló las conclusiones de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas, que determinó que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana cometieron durante más de una década graves violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad.
La misión acusó a efectivos de la GNB por privaciones arbitrarias de la vida, torturas, detenciones arbitrarias, violencia sexual, tratos crueles y persecución política. También documentó denuncias de violencia física, siembra de pruebas y torturas en instalaciones utilizadas como centros de detención transitoria.
La ONG criticó la falta de transparencia del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y otros organismos estatales por la opacidad, que limita la contraloría social, fortalece la impunidad estructural y permite la continuidad de abusos por parte de organismos de seguridad.
Muertes bajo custodia
La ONG documentó muertes de personas privadas de libertad presuntamente relacionadas con torturas o condiciones de reclusión degradantes.
Otro de los casos citados es el de Elvira Guerrero, de 65 años de edad, quien falleció luego de que la detuvieron funcionarios de la División de Investigaciones Penales de la PNB en el estado Barinas. La mujer presuntamente había acusado a los funcionarios de extorsión y hostigamiento.
También está en la lista el dirigente opositor y exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, quien murió bajo custodia de la policía política en la sede de El Helicoide. Las autoridades señalaron que falleció por un infarto, pero sus familiares y dirigentes políticos denunciaron que permaneció detenido por más de un año sin recibir atención médica adecuada.
La organización registró 33 casos de allanamientos ilegales e injerencias indebidas en la vida familiar durante operativos realizados sin orden judicial, sin presencia de fiscales, con funcionarios encapuchados, uso de violencia, robo de pertenencias y participación de cuerpos mixtos.
Además, se documentaron 28 denuncias por amenazas y hostigamiento, casos en los que las víctimas fueron principalmente familiares de presos políticos, dirigentes opositores, activistas, sindicalistas, periodistas, estudiantes y médicos. Muchos de estos hechos ocurrieron después de denuncias públicas sobre violaciones de derechos humanos o deficiencias en servicios públicos.
Criminalización de la disidencia: el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política
Las acusaciones de terrorismo, incitación al odio y conspiración se consolidaron durante el año pasado como los principales instrumentos jurídicos utilizados por el Estado para perseguir a opositores políticos, periodistas, activistas, estudiantes, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes.
De acuerdo con el documento, tras las presidenciales y la proclamación de Maduro para el período 2025-2031 se produjo un endurecimiento sin precedentes de la persecución estatal. Se denunció que el aparato judicial dejó de actuar como garante de derechos para convertirse en un engranaje orientado a castigar la disidencia y consolidar un modelo de control total.
Las acusaciones de terrorismo, conspiración, traición a la patria e incitación al odio pasaron a ocupar un lugar central en los procesos penales iniciados contra centenares de detenidos. La documentación citada por Provea indicó que 90% de los arrestados en el contexto poselectoral fueron imputados simultáneamente por varios de estos delitos, muchas veces sin pruebas materiales, sin acceso a defensa privada y bajo procedimientos cuestionados por organismos internacionales.
Describió que el uso de estos tipos penales no respondió a hechos violentos concretos, sino a actividades vinculadas al ejercicio de derechos civiles y políticos, como la participación en protestas, la denuncia de irregularidades ocurridas durante las elecciones, la publicación de opiniones en redes sociales, la divulgación problemas de servicios públicos o la colaboración con organizaciones de derechos humanos.
Terrorismo para justificar
La organización resaltó la aplicación discrecional y expansiva del delito de terrorismo para justificar detenciones arbitrarias y prolongar los encarcelamientos.
Manifestó que que el sistema judicial normalizó la imputación por terrorismo incluso en casos donde no existían elementos objetivos que permitieran configurar ese delito. En numerosos expedientes, indicó, las acusaciones estuvieron acompañadas de cargos por conspiración, asociación para delinquir, traición a la patria e incitación al odio, conformando un esquema de criminalización múltiple.
El informe agregó que esto permitió justificar restricciones extremas al debido proceso y que destacaron durante ese periodo la incomunicación de los detenidos, las desapariciones forzadas de corta duración, la negación del acceso a abogados privados, la imposición de defensores públicos y la celebración de audiencias telemáticas nocturnas.
La organización Amnistía Internacional señaló que estas prácticas podrían constituir crímenes de lesa humanidad al formar parte de un ataque sistemático contra la población civil y particularmente contra sectores considerados opositores.
Expansión del delito de odio
El informe señaló que la llamada Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares se aplicó extensivamente durante 2025. Esta normativa, de acuerdo con la ONG, funcionó como un mecanismo legal para ampliar la persecución política bajo categorías ambiguas y subjetivas.
El texto señala que la ley permite calificar como “fascista” cualquier expresión crítica hacia el gobierno, como denuncias sobre corrupción, reclamos electorales o cuestionamientos a funcionarios públicos.
Esta legislación se utilizó para justificar investigaciones, detenciones y condenas relacionadas con publicaciones en redes sociales, mensajes de WhatsApp y denuncias ciudadanas.
Provea mencionó el caso de Marcos Palma Martínez, condenado a 15 años de prisión luego de difundir un audio en WhatsApp en el que reclamó retrasos en la distribución de bombonas de gas en su comunidad. Y el del estudiante de periodismo Juan Francisco Alvarado, condenado también a 15 años tras denunciar problemas de aguas negras mediante la plataforma VenApp y redes sociales.
A ello se suma la condena contra Manuel Sánchez, líder comunitario sentenciado a 10 años de prisión por publicar en TikTok denuncias sobre fallas de servicios públicos.
Conspiración y traición a la patria
Las acusaciones de conspiración y traición a la patria ocuparon igualmente un lugar central dentro de la narrativa judicial del Estado. Provea documentó numerosos casos de dirigentes políticos, periodistas, activistas y familiares de opositores procesados bajo estas figuras.
Además del caso del yerno de Edmundo González, también destacó la detención del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, presentado ante tribunales sin permitirle acceso a abogados de confianza y con imposición de defensa pública.
El informe expuso además que estos procesos responden a una lógica de ejemplarización y miedo para enviar mensajes intimidatorios hacia sectores políticos y sociales.
La criminalización también se extendió contra periodistas y trabajadores de medios. Durante enero de 2025 se registraron múltiples detenciones de comunicadores vinculados a sectores opositores o independientes. Entre ellos se encontraba Julio Balza, integrante del equipo de prensa de María Corina Machado o Luis López, periodista de 84 años de edad.
Ciudadanos sin militancia política también fueron detenidos bajo sospechas de conspiración o incitación al odio. El documento menciona el caso de Gabriel Rodríguez, adolescente de 16 años detenido presuntamente por “tener pinta de guarimbero” y poseer videos políticos en su teléfono.
Provea señaló que el objetivo de estas acciones fue restringir el flujo de información sobre protestas, denuncias ciudadanas y violaciones de derechos humanos.
Un sistema judicial subordinado al poder político
La designación de Caryslia Rodríguez como presidenta del máximo tribunal se presentó como una evidencia de la subordinación partidista del sistema judicial. Denuncia además que la ausencia de concursos públicos desde 2005 favoreció un modelo de jueces provisorios dependientes políticamente de la Sala Plena.
Durante 2025 fueron designados centenares de jueces no titulares, cuya estabilidad depende directamente de decisiones administrativas internas, según la organización, que afirmó que esto elimina incentivos para actuar con independencia frente a causas políticas.
Según el World Justice Project, Venezuela ocupó nuevamente el último lugar mundial en el índice de Estado de Derecho, ubicándose en la posición 143 de 143 países evaluados.
Para Provea, la combinación de leyes ambiguas, subordinación judicial, desapariciones forzadas, persecución política e impunidad configura una estructura estatal orientada al control social y al silenciamiento de la disidencia.
- Métodos menos visibles, pero más sofisticados
- Desapariciones forzadas de corta duración
- Tendencia ascendente en la última década
- Militarización frente a la disidencia y conflictos sociales
- Un escenario de “terrorismo de Estado”
- Tortura, tratos crueles y allanamientos
- Cicpc acumula el mayor número de denuncias de tortura
- Muertes bajo custodia
- Criminalización de la disidencia: el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política
- Terrorismo para justificar
- Expansión del delito de odio
- Conspiración y traición a la patria
- Un sistema judicial subordinado al poder político
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
