A juicio del director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, la desaparición y posterior muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas destapa la olla del sistema punitivo en Venezuela y endosa una cadena de responsabilidades al gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.
En la edición de este martes 12 de mayo de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, Himiob sentenció que los principales responsables de la desaparición de Quero son los tribunales del país.
“Es absolutamente injustificable que hayan negado la ubicación de Quero, su madre, Carmen Navas, acudió a todas las instituciones; Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares y aun así el Estado nunca respondió”, dijo el abogado a Luis Ernesto Blanco, director de Runrunes; Víctor Amaya, director de Tal Cual y César Batiz, director de El Pitazo.
Para Himiob, lo sucedido con Quero es un ejemplo de cómo funciona el sistema de justicia en Venezuela y enumeró todos los atropellos que se cometieron:
–Detención arbitraria: Fue aprehendido de manera arbitraria sin evidencia ni orden de captura en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio de 2024 por el hecho de parecer extranjero y ser un supuesto mercenario. “Él era venezolano, no tenía siquiera una segunda nacionalidad”.
–Desaparición forzada: Por más de un año su madre lo estuvo buscando y ningún organismo del Estado dio razón de su paradero. “Nos enteramos de que estuvo en la cárcel del Rodeo I en el estado Miranda por algunos compañeros de celda, le decían el rusito por su aspecto de extranjero”.
–Negativa a la defensa privada: Himiob expuso que como a todos los preso políticos, a Víctor Quero se le impuso un abogado público
–Ocultamiento de muerte e inhumación inconsulta: Para el abogado, el develamiento de la muerte de Quero por parte del Estado el pasado 7 de mayo a través de un comunicado del Ministerio de Servicio Penitenciario devela una cadena de responsabilidades e interrogantes: ¿Quienes lo detuvieron?, ¿Quienes lo mantuvieron en desaparición forzada?, ¿Quienes le impusieron un defensor público?, ¿Quienes autorizaron su traslado al Hospital Militar de Caracas y posterior inhumación? Himiob sostuvo que apartando el fallecimiento, la mayoría de los presos políticos en Venezuela pasan por el mismo vía crucis.
Cadena larga
El director y vicepresidente de la ONG Foro Penal sostuvo que la cadena de responsabilidades en la muerte de Quero es amplia y contiene a agentes de seguridad que lo detuvieron, funcionarios que negaron su centro de reclusión, fiscales que solicitaron la privativa de libertad, jueces, Ministerio Público y Defensoría del Pueblo.
“Si algo tiene el poder en Venezuela es que aún habiendo aceptado que se atropellaron los derechos de una persona, nunca se reconoce que hubo una violación a los derechos humanos porque eso acarrea consecuencias a la cadena de mando”, dijo Himiob.
A juicio del abogado, el caso de Quero representa la escasez de voluntad política para hacer respetar las leyes en Venezuela.
“Desde el 8 de enero se han liberado a cerca de 800 personas, pero los funcionarios policiales, fiscales y jueces siguen siendo los mismos, no estamos solucionando el problema de fondo. No se han dado pasos serios para el desmontaje del aparato represivo y es que el miedo como herramienta de control social funciona”, sentenció el profesional del derecho.
Batiz apuntó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo recientemente que todos los presos políticos iban a recuperar su libertad.
A Minnesota
Himiob explicó que lo ideal en este caso es aplicar el protocolo de Minnesota para investigación de muertes potencialmente ilícitas establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en vigencia desde 2017.
“Para las personas que mueren bajo custodia, establece parámetros para la conformación de equipos interdisciplinarios que puedan revisar lo que están haciendo las autoridades”, aseveró el abogado.
Himiob sentenció que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH podría designar un representante y peritos independientes.
“Con el objeto de que la investigación no sea opaca y para que los responsables no obstaculicen las investigaciones. El problema no son las leyes, es la aplicabilidad de estas. Las víctimas tienen derecho a la verdad”.
El abogado informó que de acuerdo a las más reciente actualización de Foro Penal hay 454 presos políticos en Venezuela.
“Entre ellos once adultos mayores, una adolescente, enfermos, gente que ya ha cumplido la pena. La Ley de Amnistía no es la única vía, la presidenta encargada puede perfectamente dar un indulto y dejar a todos en libertad”.
Amaya recordó el caso del preso político Hugo Marino, quien también está desaparecido y su familia clama por una fe de vida.
Sin retroactivo no hay paraíso
En el segmento Enfoque Económico, de La Conversa, el director y fundador de la firma Ecoanalítica, Alejandro Grisanti, indicó que la retroactividad es el principal freno del gobierno para llevar a cabo un incremento salarial acorde con las expectativas del venezolano.
Grisanti calificó como insuficiente el incremento de sueldo básico de 240 dólares mensuales anunciado por el Ejecutivo el pasado 30 de abril.
“Porque la canasta básica está en 690 dólares, es decir, todavía necesitas dos salarios y medio para cubrir la canasta, es un salario que sigue por debajo del resto de los de América Latina”, dijo el economista.
Grisanti manifestó que si bien el aumento fue insuficiente, considera que es importante, porque tuvo un incremento de 50% en un año.
Además consideró significativo que se haya hecho a partir de un acuerdo tripartito con miembros del gobierno, sindicatos y empresarios.
Para Grisanti estas iniciativas pueden ser el abrebocas para que se lleve a cabo una reforma a la Ley del Trabajo.
“Los beneficios de la vigente Ley de Trabajo son inalcanzables y es necesario volver a plantear un esquema acorde con la realidad”, indicó Grisanti.
Para Grisanti, la mejor política salarial es aquella que contiene la inflación.
“Si el gobierno logra contener la inflación es posible que el año entrante tengamos una inflación de 40% o 45%, con el anhelo de caminar hacia una inflación de 2% anual”, comentó el experto.
A juicio de Grisanti, el régimen de Rodríguez cuenta con los recursos para aumentar los salarios sin recurrir a los fondos del Banco Central de Venezuela (BCV).
“Tienes unos ingresos petroleros que podrían estar por el orden de 80%, eso debería dar soporte para mantener las pensiones”, aseguró.
De acuerdo a las proyecciones de Ecoanalítica, el BCV debe subastar durante el mes de mayo 1.350 millones de dólares.
Grisanti manifestó que lamentablemente los recursos que están entrando al país por concepto de renta petrolera van a tardar para llegar al bolsillo del venezolano.
“Hacia finales del segundo semestre puede que veamos un incremento del poder adquisitivo, hay posibilidades de tener unas mejores navidades este año”.
El director de Ecoanalítica considera necesario desmontar el control de cambio.
“Venezuela ha despilfarrado 225 mil millones de dólares en los 23 años de control de cambio, la solución para cerrar la brecha entre el dólar paralelo y el oficial es que los dólares se vendan al precio del mercado”
Según Grisanti todo apunta a que los precios del petróleo van a permanecer altos por lo que se esperan mayores ingresos para finales de 2026.
“También tenemos que estar atentos a la posibilidad de que una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) esté llegando a Venezuela”, dijo el economista.
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