Lapatilla

La caída política y judicial de José Luis Rodríguez Zapatero terminó golpeando uno de los capítulos más oscuros del chavismo: el negocio de la comida para millones de venezolanos empobrecidos. El auto de imputación conocido esta semana no solo apunta al rescate de Plus Ultra o a una presunta red de influencias en España. Lo más delicado es que el juez conecta la trama con fondos procedentes de PDVSA y del sistema CLAP.
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Ese detalle cambia completamente la dimensión del escándalo. Durante años, Zapatero se presentó como “mediador”, “facilitador” y defensor del diálogo con el régimen chavista. Viajaba constantemente a Caracas, aparecía junto a Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, y defendía públicamente la narrativa oficial del aparato propagandístico chavista. Ahora, la Audiencia Nacional española lo sitúa presuntamente al frente de una estructura de tráfico de influencias, falsedad documental y posible blanqueo de capitales.
Pero el elemento más explosivo del expediente es la referencia directa al dinero del CLAP. Según la investigación, parte de los fondos bajo sospecha procederían de programas sociales venezolanos utilizados durante años por la cúpula chavista para mover recursos opacos a través de sociedades interpuestas, cuentas offshore y estructuras financieras internacionales.
El CLAP no es un caso menor dentro de la corrupción chavista. Fue el mecanismo que permitió al entorno de Alex Saab enriquecerse mientras millones de venezolanos hacían colas para conseguir comida. Investigaciones del Departamento del Tesoro estadounidense señalaron durante años que empresarios vinculados al chavismo inflaron contratos de alimentos, desviaron fondos públicos y utilizaron empresas fantasmas para lavar dinero proveniente del programa alimentario.
Ese es precisamente el universo financiero que ahora aparece rozando a Zapatero en la investigación española. El expresidente socialista, que durante años defendió públicamente al régimen y minimizó denuncias de violaciones de derechos humanos, aparece mencionado dentro de un entramado donde convergen petróleo venezolano, rescates financieros, sociedades offshore y dinero vinculado a programas sociales del chavismo.
La investigación sostiene además que sociedades relacionadas con el entorno de Zapatero habrían recibido importantes sumas de dinero desde empresas bajo sospecha. El juez describe una “estructura estable y jerarquizada” creada para obtener beneficios económicos mediante influencias políticas y operaciones internacionales.
Durante años, sectores de la oposición venezolana acusaron a Zapatero de actuar más como operador político del chavismo que como mediador neutral. Expresos políticos y dirigentes opositores denunciaron que el expresidente español guardó silencio frente a torturas, persecuciones y desapariciones forzadas mientras mantenía cercanía con Miraflores. Ahora, el avance de la causa judicial amenaza con convertir aquellas denuncias políticas en un problema penal de dimensiones internacionales.
Zapatero negó las acusaciones y aseguró que jamás realizó gestiones ilegales vinculadas al rescate de Plus Ultra. Sin embargo, la imagen del antiguo aliado del chavismo quedó severamente golpeada tras aparecer asociado judicialmente a una de las estructuras de corrupción más escandalosas surgidas alrededor del colapso venezolano.
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