El derecho a la salud en Venezuela siguió siendo vulnerado en 2025. El más reciente informe anual de la organización Provea titulado “Informe Provea 2025: El eclipse de la Constitución, Venezuela exige justicia y democracia”, explica que el sistema sanitario público enfrenta una reducción de hasta el 80% en sus capacidades operativas. Esta situación responde a factores estructurales de desinstitucionalización, desestructuración y desfinanciamiento económico que viene arrastrando el país.
La investigación resalta que el declive de las infraestructuras hospitalarias y asistenciales coincide con las asignaciones de los recursos del Estado, es decir, de acuerdo con los datos recopilados por la organización Transparencia Venezuela, durante el año 2025 se destinó al sector salud apenas un 4,24% del presupuesto público nacional, el cual es equivalente a 38 702 millones de bolívares (806 millones de dólares al tipo de cambio oficial 47,7 Bs).
Este monto representó un drástico recorte presupuestario del 28,03% en comparación con los fondos asignados para el año 2024, lo que trae consigo tres años consecutivos de caída en el financiamiento público.
Como consecuencia de las limitaciones del Estado, el volumen de quejas por vulneraciones por las fallas logísticas y los bajos ingresos del personal médico se mantuvo en niveles críticos. Provea registró en el año 2025 un total de 94 056 denuncias de usuarios del sistema de salud debido a la pérdida de garantías y pasa a ser el quinto año seguido en que los reclamos sociales alcanzan cifras históricas.
El motivo principal de estas protestas (51,5%) se debió a la falta de personal calificado, la ausencia de insumos básicos o quirúrgicos, al igual que de la inoperatividad de equipos médicos esenciales y el segundo motivo (27,6%) fueron las denuncuias por la falla en la accesibilidad a los servicios por cobro a las personas, falta de agua y electricidad.
Gasto del bolsillo ciudadano
El reporte anual advierte que la dependencia de los venezolanos a los centros de salud pública ha escalado junto al agravamiento de la crisis económica.
Basado en los datos de HumVenezuela, el porcentaje de la población cuyas necesidades sanitarias dependen, casi que exclusivamente, del sistema público incrementó de un 87,1% a 94,6% entre los años 2024 y 2025. Las cifras explican que el 97,4% de los venezolanos carece de seguros médicos privados o públicos para cubrir emergencias o maternidad, mientras que un 52,9% no posee los recursos suficientes para recurrir a consulta privada.
Aunque hay un aumento de pacientes en las instituciones del Estado, las probabilidades de recibir atención son muy bajas. El informe destaca que el grado de desatención se eleva cada vez más con que el 45,6% de los ciudadanos no recibió asistencias en hospitales, un 64,1% de las personas reportó no recibir atención en ambulatorios, el 60,5% en las llamadas clínicas populares, un 72,4% en las misiones Barrio Adentro y el 64,8% dentro de los Centros de Diagnóstico Integral (CDI).
La experiencia de los pacientes que asisten a los centros públicos está marcada por carencias de servicios, insumos de primera necesidad y situaciones no muy agradables. Un 88,5% de los usuarios encuestados manifestó la falta de insumos médicos y un 89,8% denunció el desabastecimiento de medicamentos básicos.
Del mismo modo, el 72,4% de los consultados apuntó que los establecimientos no tienen un suministro regular de agua potable y el 61,9% sufre por fallas recurrentes de energía eléctrica en las instalaciones de salud. En concordancia con estas cifras, la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) expuso que a comienzos de 2025 los quirófanos inoperativos se ubicaron en un 50% , mientras que la escasez crítica de insumos promedió un 36%.
Garantías constitucionales
La investigación de Provea concluye con que el Estado venezolano tiene una omisión de 26 años en la promulgación de una Ley Orgánica de Salud indispensable para adecuar las normativas y los presupuestos públicos a los estándares de los profesionales de la salud.
Por último, el estudio advierte que el modelo actual ha desconfigurado las competencias presupuestarias y regulatorias de las principales instituciones médicas civiles ya que no se ha consolidado un mecanismo de bienestar eficiente que ayude a encaminar hacia una verdadera recuperación del sector médico, piden que el gobierno respete la dignidad del salario del personal sanitario, detener la criminalización de los gremios y sindicatos, y devolver la calidad de atención que exigen los venezolanos.
Lea el informe aquí.
Elevaron quejas ante de la defensa
A propósito del colapso estructural documentado por el informe de Provea, el pasado viernes 15 de mayo representantes de la Intergremial Sindical de la Salud acudieron ante la sede de la Defensoría del Pueblo para sostener un encuentro directo con la titular del cargo, Eglée González Lobato, con el propósito de consignar denuncias formales sobre la crisis hospitalaria y exigir la adopción de medidas estatales urgentes.
Durante la sesión, los portavoces alertaron que los salarios bajos y la migración laboral mantienen a los hospitales y ambulatorios del territorio bajo un severo déficit de personal técnico y profesional.
De la misma forma, denunciaron la pesada sobrecarga física y emocional que recae sobre el personal sanitario que permanece activo en los centros, los cuales están obligados a sostener las instituciones en condiciones cada vez más precarias.
Las organizaciones de la salud también reclamaron una reciente medida administrativa: la exclusión de aquellos trabajadores que poseen doble cargo o doble jubilación del pago del beneficio “ingreso integral”. El gremio pidió reflexionar sobre la urgencia de diseñar soluciones reales que protejan los derechos tanto de los pacientes como de las condiciones de vida de los trabajadores.
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