Caracas.- José Luis Zapatero fue imputado por un juzgado de la Audiencia Nacional española por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en la causa que investiga supuestos cobros de comisiones ilegales en el rescate durante la pandemia de la compañía aérea Plus Ultra, informaron a EFE fuentes jurídicas.
De acuerdo a la resolución expuesta por el juez encargado del caso, José Luis Calama, a Zapatero se le considera presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias», cuya finalidad «es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”, reseña EFE.
Luego de esto, este 19 de mayo en horas de la mañana, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acudió a registrar la oficina del expresidente socialista (2004-2011) y otras tres sedes mercantiles, como la agencia de marketing y comunicación de sus hijas, Whaterfav, detalla El País de España.


¿De qué va el caso contra Zapatero?
El caso guarda relación con el posible lavado de dinero producto del rescate de 53 millones de euros que inyectó el Estado a Plus Ultra durante la pandemia.
Específicamente, la conexión de Zapatero con este caso es la consultora Análisis Relevante, empresa que cobró al menos 460.000 euros de la compañía aérea durante cinco años; en ese sentido, el exmandatario obtuvo una cantidad de dinero muy parecida de dicha consultora. Él asegura que esa cantidad le llegó de distintas empresas, señala El país.
En 2024, la Fiscalía Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios venezolanos.
Se trata de la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.
Zapatero fue citado a declarar ante el juez el próximo 2 de junio en este caso, que se ha reabierto luego de que la fiscalía anticorrupción consideró que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de operaciones presuntamente corruptas relacionadas con altos funcionarios venezolanos.
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