La ONG Transparencia Venezuela exigió una investigación oportuna, real y sin opacidad a quienes otorgaron poder y protección al empresario colombiano Alex Saab, deportado por el gobierno de Delcy Rodrtíguez a los Estados Unidos y presentado este lunes 18 de mayo ante una corte federal de Miami por presunto lavado de dinero.
De acuerdo a la organización, Saab recibió contratos millonarios, nacionalidad venezolana, pasaporte diplomático y el ministerio de Industrias y Producción Nacional, mientras enfrentaba acusaciones en varios países por corrupción y lavado de dinero.
¿Quiénes les aprobaron contratos millonarios, quiénes aprobaron su nacionalización, quiénes avalaron su designación como ministro y quién ocultó o ignoró las acusaciones en su contra? La organización cuestionó a las administraciones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro por darle poder a Saab.
La ONG expuso que en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no hay sentencia pública de extradición, tampoco información oficial sobre la revocatoria de su nacionalidad venezolana.
Transparencia Venezuela expuso que se usaron instituciones del Estado para proteger a Saab políticamente y blindarlo judicialmente, además de presentarlo como “diplomático”, “enviado especial” y “héroe”.
“Los ilícitos e irregularidades que se cometieron para protegerlo tienen consecuencias y no pueden quedar impunes”, escribió Transparencia Venezuela en X.
Casi tres meses sin que se tuvieran noticias de Saab, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), informó que el exministro y exjefe del Centro Internacional de Inversión Productiva, “ciudadano de nacionalidad colombiana”, fue objeto de una “deportación, por estar “incurso en la comisión de diversos delitos” en Estados Unidos.
La organización expone que la versión gubernamental contradice documentos oficiales, en los cuales se aprecia que el empresario nacido en la ciudad de Barranquilla había adquirido la nacionalidad venezolana con cédula de identidad n ° 21.495.350.
Transparencia Venezuela aclaró que el artículo 35 de la Constitución establece que “la nacionalidad venezolana por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.
La ONG sentenció que el término “deportación” está mal empleado.
“La deportación es un proceso legal mediante el cual un Gobierno expulsa a un ciudadano extranjero de su territorio hacia su país de origen o residencia”, expuso la organización que agregó que en todo caso Saab debió ser enviado a Colombia.
“Esto fue una entrega”, aseguró el exfiscal de la República, Zair Mundaray.
De acuerdo a Transparencia Venezuela, desde 2011 Saab obtuvo del Estado venezolano contratos para la construcción de 25000 viviendas, para la importación de millones de cajas con alimentos para los CLAP, venta de oro y petróleo.
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