Luego de la abrumadora frustración generada el pasado primero de mayo entre los diferentes sectores de los trabajadores, ante el desafortunado documento firmado por la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales el 30 de abril —cuyo contenido sepultó aun más el salario, sustituido como política de Estado bajo el concepto de ingreso—, se vislumbra un escenario de movilizaciones y de confrontación sociolaboral.
Cuando el panorama político se transformó en los albores de 2026 con la abrupta salida del exmandatario Maduro —hoy prisionero en una cárcel de Brooklyn, Nueva York—, se generaron en el país expectativas de cambio político, económico y social. Sin embargo, transcurridos casi cinco meses, estas permanecen como asignaturas pendientes ante el pronunciado deterioro de las condiciones de vida de la población.
Restituir los convenios colectivos y la dignidad
Si nos centramos en el contexto sociolaboral, se ha pretendido normalizar la percepción de que los trabajadores solo aspiran a un salario equivalente a la canasta básica alimentaria. Sin embargo, en realidad las exigencias de los sindicatos, gremios, federaciones y centrales sindicales se extienden también al restablecimiento de los convenios colectivos y de los diferentes componentes del sistema de relaciones de trabajo —ante el pésimo servicio de las inspectorías y tribunales del trabajo. También se aspira a la construcción de un sistema de seguridad social integral que dote al trabajador, al pensionado y al jubilado de asistencia médica y pensiones dignas.
La respuesta de los diferentes actores laborales durante el presente año es diversa, como destacaré a continuación.
La posición del Gobierno
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró el 23 de febrero que la denominada «Constituyente laboral» garantizará los derechos y beneficios de los trabajadores venezolanos. Esto ocurrió luego de encabezar una reunión de revisión sobre los avances del proceso, en la que informó que se evaluó el desarrollo de esta instancia y reiteró que su objetivo central es «fortalecer la protección social» de la clase trabajadora. La llamada Constituyente laboral comenzó formalmente el 15 de diciembre de 2025 con la realización del Congreso Nacional Constituyente de la Clase Obrera.
¿Qué se dice en la AN?
Por otra parte, el 23 de abril el diputado opositor Luis Augusto Romero anunció que el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, prevé debatir una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, en medio de crecientes protestas por el deterioro del salario mínimo, equivalente hoy a veintisiete centavos de dólar al mes, según la tasa oficial. «Vienen nuevos debates. Tendremos que debatir la Ley Orgánica del Trabajo. […] Ese debate vendrá, y toda una serie de reformas paulatinas que el país requiere», afirmó.
El Consejo Administrativo de la OIT
En ese contexto cabe señalar las declaraciones del 11 de marzo del integrante del Consejo Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, quien propuso una nueva dinámica para el cobro de prestaciones sociales. En la entrevista destacó que no es justo que leyes como la de inamovilidad laboral protejan a un «mal trabajador», y planteó la desconexión entre los beneficios legales y el establecimiento de un sistema temporal o provisional que permita al trabajador decidir si acumula o no las prestaciones sociales, con el fin de flexibilizar su cobro.
Posición de Fedecámaras
Asimismo, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) planteó el 12 de mayo la necesidad de actualizar la Ley Orgánica del Trabajo para incluir nuevas dinámicas laborales. Por medio de su vicepresidenta, Tiziana Polesel, señaló que «el debate en torno a la normativa no debe enfocarse solamente en los salarios y en las prestaciones sociales, sino también en la inclusión de otras modalidades como el teletrabajo y las contrataciones por horas».
El movimiento sindical: movilización callejera
Por el lado del movimiento sindical, el 15 de abril el Encuentro Nacional de Trabajadores —en el que participaron las principales centrales y gremios del país— concretó una alianza estratégica para exigir ingresos dignos. Más de 300 dirigentes provenientes de 19 estados acordaron una hoja de ruta que prioriza la movilización callejera como mecanismo de presión inmediata.
En esta alianza sin precedentes participaron representantes de las centrales CTV, CUTV, ASI, UNETE, CGT y CODESA, la Federación Venezolana de Maestros, el Colegio de Enfermería de Caracas, los trabajadores universitarios y las federaciones de jubilados; todos acordaron «la defensa del salario como parte de la lucha por las libertades democráticas en el país».
Esta articulación busca poner fin a la bonificación de la economía y rescatar la dignidad de quienes sostienen el aparato productivo nacional. Es evidente que la firma del documento de la Mesa Nacional de Diálogo para los Consensos Laborales y Sociales del 30 de abril, suscrita en nombre de los trabajadores por representantes de ASI y CTV, constituye una ruptura alevosa con el acuerdo del Encuentro Nacional de Trabajadores.
La AN sin legitimidad para discutir la reforma de la LOTTT
También en el ámbito sindical cabe señalar la contradictoria y confusa convocatoria de una agrupación denominada «La Coalición Sindical Nacional de Trabajadores», que organizó una movilización pacífica el 2 de mayo hacia la embajada de Estados Unidos en Caracas para «exigir salarios dignos, pensiones justas, libertad sindical, liberación de presos políticos y el cese de la represión laboral» ante un gobierno extranjero.
Por lo expuesto, abordar las aspiraciones sociolaborales señaladas implica promover espacios que convoquen al liderazgo legítimo actual del país. Esa tarea no puede ser encomendada a la actual Asamblea Nacional, pues este organismo no refleja el verdadero país político y social de hoy. Reformar la Ley Orgánica del Trabajo —normativa que es la segunda en importancia después de la Constitución Nacional— es tarea del nuevo Estado de derecho que surja de elecciones generales que legitimen a todos los poderes públicos.
Ahora bien, esto no implica paralizarnos. Todos estos enunciados apuntan a que se trata de un asunto esencial para la sociedad venezolana, que debe atenderse de inmediato y con urgencia.
Se requiere la conformación de un espacio de amplia convocatoria y sin exclusiones para abordar los temas señalados en el ámbito de las relaciones de trabajo; un espacio sin cortapisas ni prejuicios que permita alcanzar un acuerdo transitorio orientado a la concreción de políticas públicas de emergencia que doten de poder adquisitivo y de seguridad social integral a un país que sobrevive en medio de la ruina y la precariedad.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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