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Delcy Rodríguez aseguró el pasado jueves 2 de julio que ningún fallecido por los devastadores terremotos en Venezuela terminaría en una fosa común, pero apenas cuatro días después comenzaron los entierros de más de 150 cuerpos sin identificar en una zona habilitada del cementerio La Esperanza, en Catia La Mar, La Guaira.
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La escena reflejó otra dolorosa consecuencia de la tragedia que golpeó al país el 24 de junio. En una extensa hilera de fosas individuales abiertas con maquinaria pesada, fueron sepultados cadáveres que aún no pudieron ser reconocidos por sus familiares, aunque las autoridades chavistas dicen que cada uno cuenta con códigos, fotografías y registros para una posible identificación futura.
Asimismo, el procedimiento contrastó con las declaraciones ofrecidas por Rodríguez durante una rueda de prensa con medios internacionales, cuando fue consultada directamente sobre la posibilidad de abrir fosas comunes ante el colapso provocado por la cantidad de víctimas.
“Yo, de entrada, dije: ‘Nadie va a fosa común’. Y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero: reconocimiento por huella y fotografía. En los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense”, afirmó Rodríguez en ese momento.
Además, defendió que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), el Ministerio Público y el Registro Civil estaban aplicando protocolos nacionales e internacionales para garantizar la identificación de los fallecidos antes de cualquier sepultura.
Sin embargo, este lunes 6 de julio, mientras el chavismo insistía en defender el manejo oficial de la emergencia, las imágenes en La Guaira mostraron una realidad distinta: decenas de tumbas abiertas para víctimas todavía sin nombre, mientras muchas familias continúan esperando respuestas sobre sus desaparecidos tras el doble terremoto que dejó más de 3.300 muertos, según cifras oficiales.
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