El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ denunció este viernes, 22 de mayo, que la Defensoría Delegada Especial con Competencia Nacional para la Protección de las Personas de la Sexodiversidad, creada hace más de cinco años, opera actualmente como una “estructura fantasma”.
Mediante un comunicado, la organización condenó que a pesar de que el Estado venezolano anunció la creación de esta Defensoría con “bombos y platillos” en noviembre de 2020, bajo la Gaceta Oficial N° 42.007, la institución ha fallado en cumplir sus promesas fundamentales.
Tras más de cinco años desde su fundación, el Observatorio señala que la falta de voluntad política mantiene este despacho en la sombra, lo que deja a la comunidad LGBTIQ+ en un estado de indefensión total frente a la violencia y la discriminación.
Lo que no están haciendo
El diseño institucional de la Defensoría del Pueblo asigna atribuciones críticas a esta oficina, pero el Observatorio alerta que tales mandatos son hoy “letra muerta”.
La Defensoría Especial, según la organización, omite el diseño de políticas públicas y proyectos que promuevan y vigilen los derechos humanos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esta inacción institucional profundiza la impunidad en un país donde el Observatorio documenta anualmente “cientos de incidentes de violencia y discursos de odio sin respuesta estatal”.
Asimismo, el organismo incumple su deber de brindar asesoría técnica especializada a las distintas dependencias del Poder Ciudadano. Al no ejercer esta función de manera transparente ni articular esfuerzos con la sociedad civil independiente, el funcionariado público venezolano continúa reproduciendo prejuicios sociales, “revictimizando a quienes denuncian y desconociendo las identidades de las personas trans y no binarias”.
La denuncia también resalta que la delegada especial ignora su obligación de exigir garantías tanto a organismos públicos como a instancias privadas. Mientras esta oficina permanece paralizada, la población LGBTIQ+ sufre expulsiones de espacios públicos, despidos arbitrarios en sus lugares de trabajo y tratos discriminatorios en centros de salud.
Respuestas, no burocracia
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ exige al Estado respuestas inmediatas y rechaza lo que define como “burocracia vacía”. Los activistas solicitan claridad sobre la gestión de la Defensoría, demandando un presupuesto real, un plan de trabajo que sea auditable y un enfoque interseccional en todas sus acciones. Además, instan a la apertura de un canal seguro para la recepción de denuncias y una rendición de cuentas exhaustiva sobre las tareas ejecutadas desde el año 2020.
“Basta de usar nuestras identidades para simular progresos ante la comunidad internacional. La Defensoría del Pueblo debe asumir su rol constitucional y active con urgencia, idoneidad y transparencia las competencias que nos debe desde el año 2020”, finaliza la organización.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
