La organización de derechos humanos venezolana Provea presentó un informe sobre el derecho a la vivienda en Venezuela durante enero-diciembre del 2025. El informe recopila una serie de elementos fundamentales para los ciudadanos que no fueron cumplidos con la debida transparencia.
La Constitución estipula en su artículo 82 que toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda e higiénica, con servicios básicos esenciales. Sin embargo, la ONG documentó fallas en el cumplimiento de este derecho.
Provea afirma que Venezuela acumula un déficit de 2,2 millones de viviendas y que el gobierno prometió construir 400 000 en 2025,, pero según el seguimiento independiente de la ONG, solo se entregaron 1.415 viviendas nuevas.
La Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) es un programa estatal dedicado a la construcción y asignación de casas a familias vulnerables. La ONG señaló que, pese a la existencia de otros programas sociales vinculados al sector, la información disponible se enfoca principalmente en la GMVV. En este sentido, se suele confundir el programa con la política pública del sector. El informe denuncia el uso de este programa social para ejercer presión sobre los beneficiarios, especialmente en los urbanismos que cuentan con centros de votación.
Los estados con mayor cantidad de viviendas fueron Distrito Capital (303), Apure (146), Monagas (137), Aragua (133) y Miranda (124). El informe señaló que estas cifras se explican porque, en su mayoría, no se trata de viviendas nuevas. El 70 % de las casas son autoconstruidas por el “poder popular” o posibles rehabilitaciones.
Durante el Mensaje Presidencial 2024, Nicolás Maduro hizo referencia a un incremento del 25,9 % en el sector, según proyección del Banco Central de Venezuela. No obstante, esta cifra contrasta con la información suministrada por el sector privado. Según la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras), en el segundo trimestre de 2024, se registró un desempeño del -1,2 % en los servicios inmobiliarios.
Un sector que solo puede vender en bolívares
El artículo 23 de la Ley de Reforma Parcial de la Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda de 2007 establece la prohibición de vender viviendas en moneda extranjera. Ante esto, Francisco Pimentel, presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC), explicó que una construcción inmobiliaria puede tardar de tres a cuatro años en finalizar, por lo que vender en un contexto de alta inflación y devaluación de la moneda nacional se hace inviable.
Según estimaciones de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, el sector privado desde 2016 podría estar construyendo como máximo entre 500 y 1000 viviendas anuales. Provea destacó que, para atender el déficit habitacional, es necesario incluir al sector privado nacional.
Hogares con fallas en servicios
El informe destacó que, en Venezuela, el deterioro de la calidad física de las viviendas motivado por problemas de acceso a servicios públicos es cada vez mayor. En 2024, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1299 protestas relacionadas con la defensa del derecho a la vivienda. Estas protestas representan el 24,8 % de todas las manifestaciones registradas a nivel nacional.
El reporte de Diagnósticos Comunitarios de HumVenezuela reveló que, en 2024, el 45,6 % de los hogares presentó fallas continuas en el servicio de agua potable, lo que obliga al uso de fuentes alternas de abastecimiento como compra de botellones (51,0 %), uso de tomas públicas (18,6 %), pago de camiones cisterna (15,1 %) o el uso de pozos subterráneos (13,7 %). Respecto a la calidad del agua, el 48,2 % de los hogares reportó señales de contaminación por color, 22,9 % por olor y 22,7 % por sabor.
Provea destacó que Distrito Capital se presentó como uno de los estados presentes en las tres categorías de calidad encuestadas, a pesar de pertenecer a unidades territoriales tradicionalmente privilegiadas por el acceso a servicios en cantidad y calidad suficientes. El 85 % de los encuestados indicó un incremento de enfermedades estomacales como consecuencia de la mala calidad del agua.
En cuanto al saneamiento, HumVenezuela advirtió que el 16,3 % de los venezolanos no dispone de pocetas conectadas a cloacas en sus hogares. Se ven en la obligación de recurrir a otras alternativas tales como poceta con pozo séptico (13,2 %), campo abierto (1,8 %), letrinas con pozo séptico (1,4 %), balde o tobo (0,9 %) o letrina sin pozo séptico (0,5 %). Cedice Libertad reportó que el 69 % de las personas que hacen vida en Caracas aseguraron que, pese al incremento de la frecuencia en la recolección de desechos sólidos, sigue habiendo problemas por la acumulación de desechos en las calles.
Por otro lado, se reportó que el 69 % de los hogares presentan fallas moderadas de electricidad y el 17,1 % fallas o interrupciones severas. Un dato proporcionado por Cedice Libertad presente en el informe señaló que el promedio general de tiempo sin electricidad a nivel nacional fue de 14,9 horas en 2024.
Asimismo, indican que los habitantes se sienten “desesperados” por el problema eléctrico. Según HumVenezuela, menos del 30 % de los hogares en todo el país tienen acceso directo al gas doméstico.
Falta de protección frente a desalojos y otras amenazas
El informe detalló que, en 2024, el Ministerio Público devolvió 3000 inmuebles a sus dueños que estaban ocupados ilegalmente. Estas acciones representan aproximadamente el 31 % de las 9600 denuncias recibidas a nivel nacional. La mayoría de las víctimas son personas mayores. Ante esto, Provea resaltó que la seguridad jurídica de la tenencia debe garantizar protección legal frente a desalojos, acoso u otras amenazas, sin importar cómo se ocupe la vivienda.
La organización también detalló que los bajos salarios, los altos costos de servicios y las dificultades para obtener crédito hipotecario hacen que las familias tengan muchas limitaciones para comprar o alquilar viviendas.
Piden despolitizar derecho a la vivienda
La organización defensora de derechos humanos Provea exigió el cese inmediato de la politización en la gestión habitacional en Venezuela y recomendaron la desvinculación total de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la Milicia Bolivariana.
La ONG enfatizó que el acceso a un hogar adecuado es un derecho humano universal que no debe estar condicionado por la filiación política ni ser utilizado como mecanismo de control social.
Además, reiteró que el Estado debe priorizar una inversión masiva en servicios básicos como agua, electricidad, saneamiento y gas, componentes inalienables para que una vivienda sea considerada realmente habitable.
Por otra parte, el documento subraya la urgencia de otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos mediante un plan nacional de regularización masiva y simplificada de la tenencia de la tierra. Provea reclama la entrega de títulos de propiedad definitivos, sin discriminación, tanto a los beneficiarios de la GMVV como a los habitantes de zonas populares que autoconstruyeron sus hogares.
A la par de esta seguridad legal, la organización advierte la necesidad de implementar una política preventiva de gestión de riesgos climáticos que reubique oportunamente a familias en zonas vulnerables, trascendiendo la actual respuesta meramente reactiva de los cuerpos de Protección Civil.
Finalmente, para hacer frente al grave déficit habitacional que afecta a las distintas capas sociales del país, Provea recomienda a la Asamblea Nacional emprender reformas legales inmediatas. La propuesta incluye la modificación de normativas que actualmente limitan la inversión, como la Ley del Deudor Hipotecario, la Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la Ley de Arrendamiento.
La ONG concluye que la recuperación del sector construcción requiere de una estrategia clara que facilite la participación de la empresa privada para poder atender la demanda de la clase media y los sectores populares.
Lee el informe completo aquí.
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