En los pensamientos de Ana permanece el recuerdo de una bebé que murió a principios de mayo. Nació en diciembre de 2025 con un peso de poco más de dos kilos. Cuatro meses después, al momento de fallecer, solo había aumentado 200 gramos. La madre, una mujer de unos 26 años de edad, vive con VIH, padece una discapacidad psicomotriz, es víctima de violencia de género y reside en una zona rural del estado Carabobo.
Aquel caso aún despierta emociones profundas en Ana, una activista por los derechos de las mujeres que viven con VIH y trabajadora de una entidad gubernamental (por lo que prefiere mantener su identidad bajo un nombre ficticio). Aunque no es la primera vez que acompaña casos de extrema vulnerabilidad, la tristeza, la rabia y la impotencia, vuelven a ella cada vez que escucha historias como la de aquella joven.
“Lo que más siento es rabia, por el nivel de vulnerabilidad en el que aún vivimos las mujeres, de que todavía tengamos que vivir de un hombre, que sea quien nos mantenga y que tengamos que hacerle caso”, expresa Ana, quien considera que hace falta más ayuda por parte de la sociedad y de las familias hacia las mujeres como esa muchacha.
La falta de información
En los territorios marginados de Venezuela, el acceso a información sobre salud sexual y reproductiva y a consultas médicas especializadas representan un lujo. Andrea Carvajal, co-directora de Transafab y par educadora en el Proyecto VIHvos y Visibles de PP Foundation, explica que, además, los proyectos independientes enfocados en las poblaciones femeninas más vulnerables no son suficientes ni mucho menos logran cubrir el vacío que existe ante la falta de políticas públicas con perspectiva de género.
El hecho de que en las zonas populares la información que llega a las mujeres desde la infancia sea de forma empírica, desde el desconocimiento, desde el miedo y, sobre todo, desde la satanización y el estigma, es de los mayores factores de riesgo que afecta a las mujeres en su adolescencia y adultez al momento de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS).
Exclusión multifactorial
Una vida marcada por la pobreza, la violencia de género y la estigmatización van formando cadenas de exclusión que se entrecruzan y profundizan la vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo en Venezuela, un país con una crisis económica y social que se ha prolongado por al menos una década, donde se consuma un feminicidio cada 55 horas (según cálculos de la organización independiente Utopix), y donde la mortalidad infantil viene en ascenso desde 2014.
Sin embargo, a pesar de que no existen cifras oficiales ni registros individuales que aporten mayor luz al respecto, desde la Red Venezolana de Gente Positiva, en Valencia, estiman que al menos dos veces por semana atienden nuevos casos de mujeres con VIH que enfrentan distintos niveles de vulnerabilidad, pero todas atravesadas por la fragilidad.
Esto va de la mano con el aumento de 1,7 % en los diagnósticos de VIH en mujeres entre 2023 y 2024 en Venezuela. Del mismo modo, el diagnóstico tardío del VIH es un problema que afecta de forma desproporcionada a las mujeres, con tasas que superan el 50 % en países de Europa.
“En el caso de esta muchacha, la pareja es quien la mantiene económicamente. Él también tiene el virus y empezó a recibir el tratamiento antirretroviral (TARV) mucho antes que ella porque él nunca quiso llevarla a ponerse en control, hasta que prácticamente fue obligado”, cuenta Ana.
VIH e inseguridad alimentaria
Patricia (nombre ficticio en resguardo de su privacidad) vive en lo alto de un terreno inestable en la parroquia La Vega, en Caracas. Su casa está levantada con palos y láminas de zinc, que absorben el calor de las altas temperaturas y apenas resisten la lluvia. Cuando cae un aguacero, el agua se cuela por el techo y empapa todo a su paso, A esto se suma que poco a poco el terreno ha ido cediendo por lo que el riesgo de derrumbe está allí latente. Ser una mujer que vive con VIH es ahora mismo lo que menos le preocupa a Patricia, de 28 años de edad y madre de una niña de seis y un niño de cuatro años.
“No tengo que darle de comer a mis hijos, no tengo quién me ayude, tengo que esperar hasta que me caiga el bono (…) Necesito que alguien nos ayude con el tema de la vivienda. Hace poco uno de los niños casi se me va por un voladero, no es un ambiente adecuado para mis bebés. Lo que necesito es un hogar digno”, pide Patricia, quien hace varios años fue censada para optar por una vivienda a través de un programa gubernamental, pero sigue sin recibir respuesta.
Patricia y su pareja reciben el TARV puntualmente y de forma gratuita a través del Programa Nacional de VIH/Sida y otras ITS del Ministerio de Salud, pero ahí termina el apoyo. Mientras tanto, cuando deben elegir entre gastar dinero en pasaje para acudir a una consulta o costear algún examen, porque en los hospitales se mantiene la escasez de reactivos, ambos eligen alimentar a sus hijos.
Vivir bajo la obligación de priorizar una necesidad sobre otra, sin una alimentación adecuada y con el estrés de permanecer en una vivienda que en cualquier momento se puede derrumbar trae consecuencias para la salud. Los mareos, la debilidad y los malestares estomacales se han vuelto cotidianos para Patricia, a pesar de que mantiene “controlada” la infección por VIH.
“La inseguridad alimentaria impacta significativamente la eficacia del TARV a través de mecanismos directos e indirectos, por un lado, la absorción y distribución óptima depende estrechamente de la ingesta calórica y lipídica regular para alcanzar concentraciones terapéuticas. Por otro lado, el consumo de agua o alimentos en condiciones no sanitarias, incrementa el riesgo de afecciones gastrointestinales. Los vómitos y síndromes diarreicos resultantes, alteran drásticamente los parámetros del TARV”, explica Yrene Vásquez, médico internista e infectóloga, magíster en VIH y exvicepresidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología.
Sobre la pobreza en Venezuela
Esta familia de cuatro forma parte del 31,7 % de los hogares venezolanos que viven en extrema pobreza, también del 69 % de las familias que dependen de las ayudas sociales que mensualmente otorga el gobierno, según cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2025. En la actualidad, ni Patricia ni su pareja tienen empleo. A diario, es ella quien permanece en casa al cuidado de sus hijos, lo que condiciona su búsqueda de empleo.
Con respecto a la comida, el Programa Mundial de Alimentos estima que aproximadamente 15 % de la población en Venezuela (alrededor de cuatro millones de personas) necesita asistencia alimentaria urgente, y 40 % experimenta inseguridad alimentaria moderada o severa en el país.
“Por un lado, la precariedad económica actúa como un determinante social que, en ocasiones, empuja a conductas de riesgo o de subsistencia. Por otro lado, el estigma estructural y la discriminación institucionalizada actúan como barreras críticas de acceso, alejando a la gestante de los controles prenatales y del TARV oportuno. Esto no solo precipita el fallo terapéutico en la madre, sino que anula las intervenciones profilácticas destinadas a proteger la salud del neonato”, explica la especialista.
La deuda del Programa nacional VIH/Sida con las mujeres embarazadas
El Programa venezolano de VIH/Sida contempla un Protocolo de Atención Integral en Salud a Niñas y Niños en el Período Neonatal que establece medidas clave para reducir a menos de 2 % las posibilidades de transmisión materno-infantil, que consiste en una cesárea programada, un tratamiento a base de Zidovudina desde las primeras horas de vida y la eliminación de la lactancia materna.
Ninguno de estos pasos se cumplió en los dos partos de la joven acompañada por Ana. En el caso de Patricia, solo tuvo acceso a la cesárea programada. Aunque no amamantó a sus hijos para reducir el riesgo de transmisión, tampoco pudo garantizarles fórmulas lácteas, debido a que no contaba con los recursos suficientes para costearlas.
Además, desde 2016 el Estado no suministra fórmulas lácteas a los hijos e hijas de mujeres que vivan con esta condición, a pesar de que es su deber hacerlo durante el primer año de vida, según la resolución ministerial SG-0104-99 promulgada en 1999, por lo que son las organizaciones de la sociedad civil las que en muchas ocasiones otorgan donaciones de fórmulas a esta población.
“En su desesperación, al no tener con qué alimentar a sus bebés, hay madres que recurren a la lactancia materna aunque represente un riesgo u optan por ofrecer servicios sexuales en busca de ingresos económicos para comprar alimentos”, dice Ana.
Detrás de cada diagnóstico, puede haber una mujer que trata de sostener a sus hijos, de escapar de una relación violenta o que intenta sobrevivir una y otra vez. Para muchas, el VIH representa solo una capa más entre otras tantas exclusiones. A esto se suma la invisibilidad de la mujer dentro de la respuesta pública y social frente al VIH, bajo el prejuicio de que se trata de una infección que afecta únicamente a hombres que tienen sexo con otros hombres, un estigma que retrasa los diagnósticos y limita el acceso a información.
Es por ello que, especialistas y activistas coinciden en que atender el VIH, sobre todo en mujeres, requiere un abordaje mucho más integral, ya que la pobreza, la violencia de género, la inseguridad alimentaria y la falta de políticas públicas continúan siendo barreras estructurales que cercenan su derecho a la salud.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
