La ONG Provea pidió a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo su «actuación inmediata» para resguardar la vida de los presos comunes que, según denuncias de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, tomaron Internado Judicial de Barinas (Injuba) en protesta por malos tratos de funcionarios, y donde se reportan heridos por supuestos disparos contra los detenidos este domingo 24 de mayo.
«Preocupante situación en el Internado Judicial de Barinas, exigimos al Ministerio Público y a la Defensoría su actuación inmediata para resguardar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, conforme a lo establecido en las Reglas Mandela de Naciones Unidas y en la Constitución Nacional», dijo en X Provea al citar los mensajes del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que denunció la situación de la cárcel.
Una situación tensa
El OVP indicó más temprano que los presos comunes del Injuba tomaron las instalaciones de la cárcel en protesta por malos tratos de funcionarios, y reportó «algunos heridos» por supuestos disparos contra los detenidos.
El observatorio lleva días denunciando que se ha impedido la visita de familiares en esta cárcel y, según informó este domingo, los reclusos «tomaron las instalaciones del penal».
Asimismo, publicó imágenes y videos donde se ve a los reclusos encapuchados, encima de los techos del penal, quemando colchonetas. En otro video, se ve a un recluso con unas heridas en un brazo.
«El director está haciendo lo malo … no está permitiendo la visita», se escucha decir en el material audiovisual, mientras otro recluso asegura que los están «maltratando».
La ONG además señaló que un grupo de la Guardia Nacional ingresó a las instalaciones y lanzó bombas lacrimógenas que también afectaron a mujeres del anexo femenino y que, aseguran, están siendo asistidas por los reclusos de la protesta.
Los internos piden la destitución de Elvis Macuare Guerrero, recién nombrado director del penal.
El OVP contabiliza al menos 1.200 hombres y más de 100 mujeres privados de libertad que se declararon en huelga y se mantienen sobre las torres exigiendo que se escuchen sus reclamos.
La otra cara de la moneda, según esta ONG, es la angustia que viven los familiares al desconocer cuál es el estado de salud de sus seres queridos que están privados de libertad, mientras ven cómo ingresan al penal una gran cantidad de militares y funcionarios de distintos cuerpos de seguridad del Estado.
El pasado 21 de abril, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre un motín de presos en la cárcel de Yare, estado Miranda, que dejó cinco fallecidos y la Fiscalía anunció una investigación.
Con información de EFE
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