Familiares de las personas privadas de libertad en el Internado Judicial de Barinas (Injuba) denunciaron este lunes 25 de mayo que de este centro reclusión en el estado llanero han salido autobuses con presuntos internos.
El pasado fin de semana la población penal protagonizó una protesta en dicho centro penal en la que denunciaron presuntos malos tratos y vulneraciones a sus derechos humanos.
Privados de libertad aseguraron que desde hace una semana están siendo sometidos a requisas violentas, golpizas, torturas destrucción de pertenencias y restricciones prolongadas al ingreso de alimentos, agua y medicinas.
De acuerdo con la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), autoridades regionales de Barinas reportaron la destitución del director del centro de reclusión, Elvis Macuare Guerrero.
“También, trascendió que en el recinto se encuentra Julio García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios”, publicó la ONG en sus redes sociales.
Autobuses tras autobuses repletos de privados de libertad salen de las instalaciones del Internado Judicial de Barinas (INJUBA).
A algunos internos los obligaron a cerrar las ventanas y bajar las cortinas para impedir que fueran vistos, mientras que otros lograron gritar que… pic.twitter.com/GjYncDn7vY
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) May 25, 2026
Familiares denunciaron que siguen sin acceso a la verdad, justicia ni responsables plenamente identificados.
Por su parte, el Ministerio Público anunció la designación de la Fiscalía 49° Nacional para investigar los hechos dentro de la prisión.
“Los familiares requieren y merecen respuestas oportunas y adecuadas frente a todas las violaciones de derechos humanos cometidas contra sus seres queridos, así como justicia, reparación y garantías de no repetición”, escribió la ONG.
El OVP denunció que a algunos internos les obligaron a cerrar las ventanas y bajar las cortinas para impedir que fueran vistos, mientras que otros lograron gritar que serían trasladados a un centro penitenciario en el estado Miranda.
Advirtieron también que algunos familiares de privados de libertad ya tienen más de 24 horas apostados en las afueras del penal.
“Continúan sin información certera sobre sus seres queridos. Nadie les ha informado oficialmente qué está ocurriendo y, hasta este momento, desconocen su paradero”, precisaron.
La ONG exigió la destitución de García Zerpa, quien hasta ahora no ha confirmado la destitución de Macuare Guerrero ni ha dado la cara a los familiares.
“El sistema penitenciario venezolano requiere autoridades capacitadas, formadas y comprometidas con los derechos humanos, capaces de escuchar a la población reclusa y atender la grave crisis que enfrentan las cárceles del país”, sentenció el OVP.
La organización informó que el pasado 20 de abril de 2026 se informó sobre el inicio de una investigación luego de cinco muertes registradas en el Centro Penitenciario Yare III, posteriormente se hizo lo propio con la muerte de Víctor Hugo Quero Navas.
Insistieron en que estos casos requieren algo más que comunicados institucionales y anuncios de investigaciones sin resultados efectivos: “Lo que existe hoy es una profunda impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos ocurridas bajo custodia del Estado”, puntualizó el OVP.
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