Caracas.– La abogada y directora de la ONG Justicia y Proceso, Theresly Malavé, denunció este martes desde las afueras del Ministerio Público la crítica situación de salud que atraviesan decenas de personas detenidas por motivos políticos en Venezuela, por lo que solicitó formalmente una audiencia con el fiscal Larry Davoe para hacer entrega de una data actualizada que contabiliza 637 presos políticos en el país.
La defensora de derechos humanos enfatizó la urgencia de atender a los sectores más vulnerables, específicamente a mujeres, adultos mayores de 70 años y aquellos que padecen patologías graves. Según los registros de la organización, existen 51 personas con enfermedades crónicas, entre las que destacan varios casos de cáncer en fase terminal.
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Malavé detalló algunos casos dramáticos que evidencian la falta de atención médica adecuada en los centros de reclusión, mientras el avance de estas patologías no se detiene ante la burocracia judicial. Además del cáncer, hay detenidos que tienen tumores y parálisis, así como deterioro cognitivo.
La abogada enfatizó que, aunque algunos han recibido la medida de casa por cárcel, esta se ha convertido en un simple sitio de reclusión sin provisión de salud. «Mi urgencia en este momento es la libertad plena de estas personas enfermas para que se les permita curarse porque el Estado no les puede proveer», sentenció.
Promesas incumplidas y colapso judicial
La directora de Justicia y Proceso criticó el incumplimiento de las promesas de liberación de presos políticos realizadas por voceros de Gobierno, en especial Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez.
Recordó que se anunció la salida de cientos de detenidos, pero la realidad es otra. Dijo que de los 300 presos políticos que prometieron liberar, solo han salido unos 39. Asimismo, explicó que estas falsas expectativas generan «ansiedad, angustia y desesperanza» en los detenidos y sus familias.
Malavé también denunció el colapso del sistema de justicia y señaló que la falta de independencia de poderes permite que los diagnósticos de especialistas se ignoren o retrasen por burocracia administrativa del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).
“El sistema de justicia colapsó de tal forma que todo el que quería lo utilizaba. En muchos casos se cometieron atrocidades y violaciones al debido proceso«, afirmó.
Por último, recordó que, si bien la detención limita el derecho a la movilidad, «nunca el derecho a la vida y la libertad» debe ser vulnerado por la falta de atención médica.
Justicia y Proceso espera que el Ministerio Público reciba la data técnica – que incluye diagnósticos médicos – para agilizar las medidas humanitarias antes de que las patologías de los detenidos se vuelvan irreversibles.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
