Siete de los ocho acusados de intentar secuestrar al ahora ministro de Interior y secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, fueron sentenciados este martes, 26 de mayo, a penas de 8 a 26 años de cárcel tras un juicio que se prorrogó por más de 6 años. De este grupo de nueve personas, una murió en prisión y a otra la declararon inocente.
De acuerdo con la acusación, estas siete personas planeaban secuestrar al número dos del chavismo para entregarlo a Estados Unidos, tras la recompensa que ofreció el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) por quien ofreciera información sobre el dirigente político chavista.
A los nueve los detuvieron entre marzo y abril del año 2020 en la ciudad de Maturín, capital de Monagas, y la población de El Furrial, de donde es oriundo Cabello.
En ese momento apresaron a Luis Eduardo Villarroel Caña, Carlos Alejandro Pérez Farías, César Horacio Belfort Rojas, Daniel Enrique Aguilera Gutiérrez, Víctor José Farías Quijada, Francisco José Marcano Benavides, Enrique Naurix Parada, Gabriel Andrés Medina y José Ramón Cruz Marcano, a quienes recluyeron en el «Centro de formación del hombre nuevo Nelson Mandela», un anexo del Internado Judicial de Monagas conocido como La Pica.
Uno murió bajo custodia del Estado
Uno de ellos, Gabriel Medina Díaz, murió el 29 de agosto de 2021 después de una complicación por haber contraído tuberculosis dentro del recinto penitenciario. Los otros ocho pasaron todos estos años en prisión, pero tras la postergación del juicio por seis años, este 26 de mayo a ocho los condenaron y a este caso lo consideraron por motivaciones políticas.
Los sentenciados Ramón Cruz, César Belfort, Víctor Farías, Francisco Marcano, Carlos Pérez, Daniel Aguilera y Enrique Parada, les dieron penas que van de los 8 hasta los 26 años. Solo fue liberado, Luis Villarroel, quien en ese momento estaba ligado al Psuv y era comisionado de la clase obrera de El Furrial. Segú la acusación, habría recibido un mensaje en su teléfono celular en el que le informaron de un supuesto plan para secuestrar a Cabello, que en ese momento presidía la Asamblea Nacional Constituyente.
Sobre el fallecimiento de uno de los detenidos, Foro Penal, organización no gubernamental dedicada a la defensa de presos políticos, informó que la muerte de Medina Díaz se produjo después de pasar más de un mes sin recibir atención médica pese a que sus condiciones de salud se complicaron. Su detención ocurrió en El Furrial, de acuerdo con la ONG. Era un miembro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hasta su aprehensión. Formó parte de lo que entonces era la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de ese organismo de seguridad.
Es considerada una de las 27 personas muertas bajo custodia del Estado por motivaciones políticas.
«Gabriel Medina tenía más de un mes en condiciones de salud críticas sin recibir atención médica, pero por presión de sus compañeros de celda fue finalmente trasladado al hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, donde murió a las pocas horas de un paro respiratorio. Según el Pitazo, el informe de la autopsia reveló que tenía tuberculosis», explicó la ONG en sus redes sociales tras el deceso del preso político.
Familiares y dirigentes políticos rechazaron condenas
Los familiares de los sentenciados declararon la noche de este 26 de mayo en el Palacio de Justicia de Maturín donde rechazaron las condenas.
Irianny Lezama dijo a medios locales que las madres de los acusados se declararán en huelga de hambre en rechazo a las sentencias. Llamaron a los administradores del poder en Venezuela a revertir esta decisión que consideraron injusta.
«Si todos formaban parte de la misma causa, ¿cómo es posible que de los ocho que quedaban, a uno le otorguen la libertad plena y a los demás los sentencien? Esta persona que quedó libre militaba anteriormente en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y fue precisamente quien recibió el mensaje de texto por el cual detuvieron a todo el grupo», recordó la familiar.
Dirigentes políticos de la entidad oriental también se unieron al rechazo a esta sentencia. Uno de ellos y que también fue preso político, Ángel Aristimuño, consideró la decisión como «desproporcionada» e instó a las autoridades a evaluar la condena.
«La responsabilidad de esta condena desproporcionada está en manos del régimen. Exigimos justicia real, debido proceso y la libertad inmediata para los 7 ciudadanos que aún quedan bajo el yugo de esta injusticia en Monagas», señaló.
Mientras que la exdiputada regional, María Carvajal, dijo que «detrás de este caso es una injusticia enorme» y exigió desde el Palacio de Justicia su liberación al considerar «injusta» su condena.
En un principio el juicio quedó en manos del Tribunal Segundo de Control que más de un año después de la detención de los acusados no había dado la fecha para la audiencia preliminar. Sus familiares en 2021 denunciaban el retardo procesal y las condiciones de salud de varios de ellos, entre quienes estaban Enrique Naurix Parada por sufrir esteatosis hepática difusa, César Belfort, quien presentaba infección en sus riñones, hipertensión arterial y una lesión en la planta del pie derecho causada por la picadura de alacrán.
Otro, Francisco Marcano, registraba un cuadro de insuficiencia renal y José Ramón Cruz una lesión grave en la columna que le imposibilita desplazarse por sus propios medios.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
