Caracas.- Por decimoquinta vez en los últimos dos años, familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos se concentraron este jueves, 28 de mayo, frente a la sede del Ministerio Público en Caracas. La protesta, marcada por la indignación y el cansancio, tuvo como objetivo denunciar la inacción de la Fiscalía ante las desapariciones forzadas, torturas y muertes bajo custodia que persisten en el país, a pesar de las promesas de diálogo y reconciliación del Estado venezolano.
Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas, preso político detenido en El Rodeo I y condenado a 30 años de prisión en 2018, denunció que el organismo dirigido por Larry Devoe, ha ignorado sistemáticamente la documentación entregada sobre violaciones a los derechos fundamentales.
Según Ávila, en visitas anteriores se llegó a un compromiso para que la Fiscalía recibiera un dossier con denuncias específicas y se comprometieran a mejorar las condiciones carcelarias, pero hasta la fecha, ninguna solución ha sido ejecutada.
«Estamos buscando respuesta a esta situación porque en Venezuela aún no para la violación a los derechos humanos», afirmó Ávila, resaltando que la falta de actuación del fiscal general ha derivado en consecuencias fatales, como el caso de Víctor Hugo Quero, cuya muerte bajo custodia del Estado aún espera por una aclaratoria transparente que el país y la comunidad internacional demandan.
La «farsa» de las excarcelaciones masivas
La brecha entre el discurso oficial y la realidad en los calabozos fue otro punto central de la protesta. Hiowanka Ávila recordó que los voceros oficiales, Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, prometieron recientemente la liberación de 300 presos políticos en el lapso de una semana. Sin embargo, la realidad en El Rodeo I es drásticamente distinta.
«Solo ha salido uno«, denunció Ávila, calificando el hecho como una falta de respeto y una carencia total de empatía hacia las madres, esposas e hijas que pernoctan en vigilia esperando a sus familiares.
Los familiares describen las condiciones dentro de El Rodeo I como inhumanas. Los familiares reportan que los detenidos deben utilizar letrinas y comer dentro de sus propias celdas, mientras que las visitas se mantienen restringidas a través de un vidrio y por teléfono.
«Lo único que pudimos conseguir es que nos quiten la capucha para ver a los familiares, pero eso no quita la preocupación del deterioro de la salud de nuestros familiares», sentenció Ávila.
La ONG Foro Penal publicó este lunes 25 de mayo su más reciente balance sobre la situación de los presos políticos en Venezuela, en el que reportó un total de 409 personas detenidas por razones políticas hasta la fecha. En comparación con la semana anterior, la ONG reportó 22 excarcelaciones y dos nuevos casos recientemente documentados.
De acuerdo con las cifras difundidas por la organización, del total de detenidos 375 son hombres y 34 mujeres. Además, 222 corresponden a civiles y 187 a militares. El informe también señala que actualmente no hay adolescentes encarcelados por motivos políticos y que 159 de los detenidos han sido condenados, mientras que otros 250 permanecen privados de libertad sin condena.
Foro Penal indicó además que 39 presos políticos tienen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad y advirtió que se desconoce el paradero de una persona incluida en el registro.
Discriminación institucional
Andreina Baduel, activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denunció un trato discriminatorio y selectivo por parte de la Fiscalía. Señaló que la gestión actual del fiscal Larry Devoe, ha evitado reunirse con Clippve por temor al sustento moral y documental que poseen para denunciar los atropellos sistemáticos.
Baduel utilizó el caso de su padre, el general Raúl Isaías Baduel, como ejemplo de la impunidad imperante. A 55 meses de su fallecimiento en custodia del Estado, la investigación supuestamente iniciada por la Fiscalía ni siquiera tiene un fiscal designado.
«Esto es una evidencia más de la burla, del efecto propagandístico que sigue usando el régimen cuando habla de reconciliación y de paz, pero por detrás sigue violando derechos humanos», expresó.
Luz entre sombras: el caso de Samantha
En medio de las denuncias de persecución, se destacó la reciente excarcelación de Samanta Hernández Castillo, la joven de 16 años que estuvo seis meses presa en una cárcel para menores por motivos políticos.
La joven fue detenida junto a su hermana Aranza Hernández Castillo, de 19 años, presuntamente por su vínculo familiar con el teniente Cristian Hernández Castillo, militar venezolano actualmente en el exilio y relacionado por el gobierno con la llamada Operación Aurora.
Aunque la liberación de la menor es motivo de alivio, Molero recordó que la lucha continúa, ya que aún tiene a otros tres familiares detenidos: un hijo y un sobrino en El Rodeo I, y una sobrina que atraviesa una crisis de salud en La Crisálida.
Los manifestantes denunciaron que, mientras el Estado siga mintiendo en sus comunicados y dilatando las investigaciones, la confianza en las instituciones será inexistente y la protesta en las calles seguirá siendo su único recurso para exigir justicia.
LO ROJO Y AZUL – CNP 25.973
